El lado complicado del borronazo de deudas

Un sistema de información comercial se habilita para cumplir y responder a una necesidad u objetivo central; cuando ese sentido se altera para mostrar sólo un escenario parcial, pierde parte de su capacidad de existencia y validez.

 

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La palabra crear, de la cual deriva “creatividad”, según la Real Academia Española en unas de sus acepciones contempla “dar lugar a algo como consecuencia de una o varias acciones”.

Así, se podría calificar la discusión que inicio hace días atrás en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputadas y Diputados que contempla implementar la eliminación de los registros de las deudas sin pagar que sean inferiores a $2,5 millones.

Seguramente, esto traerá a la memoria iniciativas similares intentadas, realizadas y/o implementadas en años anteriores.

Al respecto, en esta ocasión la idea se centra en evitar que las organizaciones que gestionan los registros o bancos de datos proporcionen información sobre deudas sin pagar que se sujeten a la cifra ya mencionada y que hayan sido contraídas hasta el 30 de abril de 2022. Vale precisar que la indicación no conlleva que la obligación sea perdonada; ella sigue en condición de impago, pero invisible para las entidades o instituciones que deben tomar decisiones en base a ellas.

Asimismo, esta limitación de publicación contempla al capital de la obligación, pero deja fuera intereses, reajustes o cualquier otro concepto similar o vinculado.

Más allá de hacer alusión a quien o quienes han estado liderando para poner esta iniciativa en la discusión pública, es más que probable encontrar en lo general dos posturas distintas en torno a lo planteado. Por una parte, aquellos quienes están a favor de mantener la condición actual de los registros, es decir, visibles, mientras que los otros, en contra.

Entendiendo la mirada favorable para quienes se beneficiarán del ocultamiento de información, seguramente lo harán pensando en la posibilidad de acceder a realizar una serie de operaciones con entidades que bajo las circunstancias actuales de antecedentes comerciales no lo pueden hacer, o bien, el escenario vigente genera una serie de exigencias por parte del financista.

Para los que deseen mantener las condiciones actuales de visibilización de los registros, resulta compresible la aprehensión, en lo cual destaco esencialmente:

1° Mirado desde la esquina de quienes otorgan crédito, no dispondrán de información completa y veraz de la situación comercial de los potenciales sujetos de crédito, lo cual probablemente generará algún tipo de recelo o rechazo para operar bajo situaciones de pago a plazo, y probablemente incentiven el pago en efectivo, lo cual potencialmente terminará afectando a los que no disponen de efectivo, es decir, a quienes terminarán buscando el efectivo a través del crédito, produciéndose un círculo vicioso.

2° Mirado desde la esquina de quienes potencialmente deseen realizar operaciones o transacciones basadas en crédito, probablemente se vean afectadas las operaciones, dado lo señalado en el punto anterior, pero también se puede esperar que de hacerlas, aun cuando puedan tener un excelente comportamiento crediticio, caerán en el mismo saco de quienes fueron invisibilizados, ya que no se podría saber quiénes de los solicitantes se les ha invisibilizado alguna información, por tanto, no podrían obtener una ventaja de ese buen comportamiento expresado en mejores condiciones sobre el crédito a solicitar, ya sea se trate de tasas de interés, plazos, exigencias de garantías, u otra.

3° El ocultar información no asegura que los invisibilizados no vuelvan a caer en situación de impagos. En situaciones similares anteriores, una proporción no menor de los morosos “beneficiados” con el borronazo vuelven a aparecer en los registros comerciales.

4° La facilidad que se pretende brindar no colabora en asentar una cultura de responsabilidad en materias comerciales, educación y cultura financiera.

En consecuencia, considero que la decisión de dar o no crédito es una decisión individual de cada negocio, empresa o empresario, el que analizará y tomará las decisiones pertinentes ajustadas a las características particulares de cada situación que le corresponda enfrentar y en lo cual disponer de información oportuna, completa y veraz es relevante, tal como acontece con los registros o bases de datos comerciales.

Aunque la intención pretendida con la implementación del proyecto puede ser aplaudida, sin embargo, también se debe contemplar los riesgos e impactos en la contraparte que financia, ya que, en un crédito mal o deficientemente evaluado por el financista por no disponer de información completa para tomar una decisión pertinente, quizás está echando en saco roto una parte de su patrimonio si el negocio o transacción llega a fracasar.

En tal sentido, para tomar esa decisión de financiamiento me gustaría tener la claridad de saber con quién me relaciono y pretendo realizar transacciones, y no llegar a tomar la decisión basado en una verdad a medias, incentivando asimetrías de información.

Mauricio Andrés Burgos Navarrete, Director de la carrera de Auditoria e Ingeniería en Control de Gestión, Facultad de Administración y Negocios, Universidad Autónoma de Chile (Sede Temuco)

Los últimos tres artículos de opinión que he publicado son los siguientes (para revisar sólo presione sobre el título del artículo):

  • Alcances de la tasa máxima convencional
  • Métodos actuales de pago esenciales
  • Demanda colectiva sobre financiera automotriz
  • UNETE



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