En firme derechos constitucionales de Quintana Roo - Política Nacional - Reeditor.com

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El objetivo pretende crear una sensación mediante la cual se piense que Quintana Roo ha perdido sus derechos en el litigio, lo cual significaría que Campeche saldría favorecido en la resolución.

Pero una cosa es el procedimiento y otra el fondo de la determinación, en este caso, el Gobierno de Campeche claramente intenta confundir a la opinión pública, aduciendo argumentos endebles, que no constituyen elementos definitorios.

En dicha alusión, se pretende establecer como motivo de una derrota jurídica, la imposibilidad de exigir al Senado de la Republica, la devolución de los documentos originales materia de la mencionada controversia.

Sin embargo esa opinión es una versión deformada de un procedimiento, naturalmente por ser así, la intención más que un argumento legal, lo que pretende es generar percepciones.

Como si estas fueran capaces de generar reacciones favorables para su causa, pasando por encima de los preceptos legales y más aun para dar por concluido un proceso, tan solo por expectativas.

El fondo del asunto se deriva de interpretaciones a las reformas constitucionales posteriores a la promoción de la controversia de límites, presentadas en su oportunidad por el Gobierno de Quintana Roo ante la Suprema Corte de Justicia.

Estas reformas otorgaban al Senado, la facultad de conocer del asunto, por lo cual se enviaron a esa cámara los documentos originales que contienen la mencionada controversia.

Pero nuevas reformas de tipo constitucional, devolvieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las facultades originales para conocer y resolver la controversia de límites.

Lo que ocasiono que la Suprema Corte solicitara al Senado la devolución de los documentos respectivos, sin embargo el Presidente de la Mesa Directiva del Senado, el Senador panista Ernesto Cordero, contesto al máximo tribunal, que estaba en imposibilidad física y jurídica de retornarlos.

Toda vez que en base a los acuerdos anteriores a los que hacemos referencia, se hubiera decretado la conclusión y resolución de la misma y el archivo de todas las actuaciones.

Evidentemente la respuesta del Senador Cordero se fundamenta en un grave error de apreciación e interpretación jurídica, toda vez que el Senado no ha procesado, ni resuelto bajo ningún procedimiento legal concluyente la controversia.

Independientemente de que el acuerdo dictado por el Senador Cordero, se efectuó cuando ya no tenía las facultades para hacerlo, toda vez que las reformas constitucionales al respecto ya habían entrado en vigor.

Porque estamos hablando en primer lugar de un acuerdo, dictado en el cuaderno de antecedentes de dicha controversia, por tal razón no es una resolución de fondo, ni definitiva. No resuelve ni declara insubsistente la misma.

Pero sobre todo, se circunscribe como un acto, ilegal e infundado, que es carente de competencia y que adicionalmente se constituye en una clara obstrucción de la administración de la justicia.

La ilegalidad e inconstitucionalidad de los actos efectuados por el Senador Ernesto Cordero, sin duda representan un problema procesal, pero no son suficientes como para afectar realmente los derechos constitucionales de las partes en la controversia.

De tal suerte que como resultado del análisis anterior, se puede concluir que los derechos constitucionales de Quintana Roo, continúan firmes respecto del trámite de la controversia.

Las sanciones que eventualmente se puedan fincar en contra del Senador Ernesto Cordero, fundamentalmente por su inconstitucionalidad, son un aspecto aparte, que nada tiene que ver con el fondo de la disputa.

La Consejería Jurídica del Gobierno de Quintana Roo, continúa llevando a cabo las gestiones y trámites correspondientes hay que decirlo, gracias al esfuerzo de su titular Raúl Labastida Mendoza, con importantes avances para su causa.

Precisamente estos logros jurídicos, son los que materialmente han puesto nerviosa a su contra parte campechana, que tiene que hacer uso de este tipo de chicanearías, como se les conoce en el argot jurídico, para contrarrestar los buenos resultados quintanarroenses.

En términos prácticos, el problema que representa la posesión física de los documentos del proceso de la controversia, es un asunto que tendrá que resolverse muy pronto.

Eso infiere que su devolución a la Corte de Justicia, significa que el juicio como tal continúa y no es un argumento que influya en los criterios de resolución.

Siendo así estamos hablando únicamente de una pausa derivada de errores de instancias que no tienen ni la capacidad ni las facultades para determinar una resolución.

Sin embargo y una vez que dichos documentos retornen a la Suprema Corte, el procedimiento habrá de continuar sin que este asunto implique ningún tipo de argumento en relación al fondo de la disputa.

Ahora bien, lo que trasciende es que en la controversia, los argumentos de Quintana Roo, son los que han obtenido los mejores resultados y eso ha provocado como ya relatamos, que el Gobierno de Campeche, tenga que echar mano de estrategias que nada tienen que ver con lo jurídico.

El gobierno de Campeche conocedor del proyecto de sentencia anterior, mismo que es el que la mayoría de los ministros de la corte sostienen actualmente, no ha tenido más remedio ante su inminente derrota, que apostar por la vertiente mediática.

Sabedores que el asunto que se dirime respecto de la devolución de los documentos a la corte, es realmente solo un pretexto y no va a durar mucho, orquesta una batalla extra judicial, que desde ahora se antoja inútil.

En contraste la parte quintanarroense, dirigida por Labastida Mendoza, se ocupa y dedica a lo que corresponde en el campo legal, porque es ahí donde se define, pero sobre todo porque es ahí, donde está la razón y en este caso Quintana Roo la tiene, ese es su principal argumento.

twitter@vazquezhandall