Demasiados funcionarios públicos en España

Aunque parezca increíble, y encontrándonos en el sexto año de crisis - cuarto según las cuentas de Rodríguez Zapatero - en ningún momento el número de funcionarios ha dejado de crecer en España. Ni con el PSOE gobernando, ni con el PP gobernando. Y no es que hubiera pocos, precisamente, pues la cifra total se aproxima peligrosamente a los tres millones; para una población de 47 millones, y una población activa de poco más de 16. Es decir, en torno a un 18% de ésta son funcionarios.

 

. Ni con el PSOE gobernando, ni con el PP gobernando. Y no es que hubiera pocos, precisamente, pues la cifra total se aproxima peligrosamente a los tres millones; para una población de 47 millones, y una población activa de poco más de 16. Es decir, en torno a un 18% de ésta son funcionarios.
Y ello sin tener en cuenta al personal laboral contratado por las distintas Administraciones Públicas, que solo en Andalucía se acerca, en número, al de funcionarios por oposición. Sí, increíble, pero cierto. En la Comunidad Autónoma de Extremadura, la de mayor índice de pobreza de España y con una de las más elevadas tasas de desempleo, el porcentaje de funcionarios se acerca al 30% de la población activa. Posiblemente favorecido por los grandes partidos políticos, en su afán de disimular las tasas de desempleo, existe un error muy generalizado en nuestro país. Consistente en equiparar el puesto de funcionario con el puesto de trabajado. Sin embargo, su naturaleza es totalmente distinta, e incluso antagónica. Mientras el trabajador obtiene su salario de una riqueza que no existía antes - y que él mismo ha contribuido a crear -, la retribución de los funcionarios es mero gasto público, que se extirpa del bolsillo de los ciudadanos reduciendo su riqueza. Por ello, todo funcionario que no tenga una verdadera razón de ser, constituye un lastre para la ciudadanía, y un verdadero atraco. Por desgracia, en el desmedido censo español de la función pública, existe mucho de desempleo maquillado, que como desempleo real sería económicamente mucho más asumible, a través del subsidio destinado a tal efecto. Tal desmesura en la función pública supone sin duda un freno a la actividad económica, tan necesaria para salir de la crisis, o incluso para no haber sido tan castigado por ella.

Porque lejos de agilizar, tanta Administración ha favorecido una burocracia infernal, asfixiante, que en la práctica supone el encarecimiento y la dilación sistemática de toda nueva nueva actividad, y un penoso obstáculo a la creación de empleo real. Hay que recordar que la tasa de paro de España no tiene parangón en la propia Unión Europea, ni siquiera en países como Grecia y Portugal, intensamente afectados en sus economías nacionales. Recientemente he oído decir que, las Comunidades Autónomas, lejos acercar la Administración al administrado para darle un servicio más ágil, han acercado el aliento a su cogote para limitarle e intimidarle aún más. Estoy absolutamente de acuerdo con ello. Más bien parece como si a los más laboriosos los hubieran puesto a tramitar inspecciones y procedimientos sancionadores, y a los más relajados y desidiosos en los puntos de ayuda al ciudadano.

Es decir: se hace muy bien lo fácil, que es intimidar, obstaculizar y recaudar; pero rematadamente mal lo difícil, que es dar buena información, colaborar con los ciudadanos y con las empresas, eliminar trabas, facilitar trámites.

De hecho, en mi ejercicio profesional me he encontrado con demasiada frecuencia con funcionarios que, teniendo cometidos muy concretos, desconocían sustancialmente algún aspecto de los mismos. Esto provocaba gestiones innecesarias, nuevas visitas al servicio administrativo, desplazamientos inútiles, y retrasos significativos.

UNETE



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