. Ni con el PSOE
gobernando, ni con el PP gobernando.
Y no es que hubiera pocos, precisamente, pues la cifra total se aproxima
peligrosamente a los tres millones; para una población de 47 millones, y una
población activa de poco más de 16. Es decir, en torno a un 18% de ésta son
funcionarios.
Y ello sin tener en cuenta al personal laboral contratado
por las distintas Administraciones Públicas, que solo en Andalucía se acerca,
en número, al de funcionarios por oposición. Sí, increíble, pero cierto.
En la Comunidad Autónoma de Extremadura, la de mayor índice de pobreza de
España y con una de las más elevadas tasas de desempleo, el porcentaje de
funcionarios se acerca al 30% de la población activa.
Posiblemente favorecido por los grandes partidos políticos, en su afán de
disimular las tasas de desempleo, existe un error muy generalizado en nuestro
país. Consistente en equiparar el puesto de funcionario con el puesto de
trabajado. Sin embargo, su naturaleza es totalmente distinta, e incluso
antagónica. Mientras el trabajador obtiene su salario de una riqueza que no
existía antes - y que él mismo ha contribuido a crear -, la retribución de los
funcionarios es mero gasto público, que se extirpa del bolsillo de los
ciudadanos reduciendo su riqueza. Por ello, todo funcionario que no tenga una verdadera
razón de ser, constituye un lastre para la ciudadanía, y un verdadero atraco.
Por desgracia, en el desmedido censo español de la función pública, existe
mucho de desempleo maquillado, que como desempleo real sería económicamente
mucho más asumible, a través del subsidio destinado a tal efecto.
Tal desmesura en la función pública supone sin duda un freno a la actividad
económica, tan necesaria para salir de la crisis, o incluso para no haber sido
tan castigado por ella.
Porque lejos de agilizar, tanta Administración ha favorecido
una burocracia infernal, asfixiante, que en la práctica supone el
encarecimiento y la dilación sistemática de toda nueva nueva actividad, y un
penoso obstáculo a la creación de empleo real. Hay que recordar que la tasa de
paro de España no tiene parangón en la propia Unión Europea, ni siquiera en
países como Grecia y Portugal, intensamente afectados en sus economías
nacionales.
Recientemente he oído decir que, las Comunidades Autónomas,
lejos acercar la Administración al administrado para darle un servicio más
ágil, han acercado el aliento a su cogote para limitarle e intimidarle aún más.
Estoy absolutamente de acuerdo con ello. Más bien parece como si a los más
laboriosos los hubieran puesto a tramitar inspecciones y procedimientos
sancionadores, y a los más relajados y desidiosos en los puntos de ayuda al
ciudadano.Es decir: se hace muy bien lo fácil, que es intimidar,
obstaculizar y recaudar; pero rematadamente mal lo difícil, que es dar buena
información, colaborar con los ciudadanos y con las empresas, eliminar trabas,
facilitar trámites.
De hecho, en mi ejercicio profesional me he encontrado con
demasiada frecuencia con funcionarios que, teniendo cometidos muy concretos,
desconocían sustancialmente algún aspecto de los mismos. Esto provocaba
gestiones innecesarias, nuevas visitas al servicio administrativo,
desplazamientos inútiles, y retrasos significativos.