La Concertación y los falsos exonerados políticos: ¿Lucro electoral? - Política Nacional - Reeditor.com

.234 sobre pensiones a exonerados políticos, en una muestra de 9.145 expedientes (12,3%) de un universo de 74.423 personas que recibieron este condición al 31 de diciembre de 2011, detectó deficiencias e irregularidades en los beneficios previsionales de al menos 3 mil postulantes, quienes carecían de los requisitos legales para acceder a ese derecho.

Además, el documento señala que el "Instituto de Previsión Social ha desembolsado indebidamente $29.616.807.000, en favor de 5.917 beneficiarios que accedieron a la pensión no contributiva, efectuando pagos con subrogación, sin acreditar la efectiva prestación de los servicios y el pago de las cotizaciones por parte del empleador”[1]. Por lo que Contraloría ordenó un sumario administrativo, a fin de establecer las responsabilidades administrativas que eventualmente pudiesen derivarse de las irregularidades detectadas.

Este informe de Contraloría se suma a una serie de denuncias que se vienen realizando desde 2008 a la fecha, tanto por asociaciones de exonerados políticos, como de políticos de la Concertación y reportajes periodísticos.

En el primer caso, las denuncias han sido encabezadas por Raúl Celpa, presidente de la Comisión Nacional Unitaria de Exonerados y ex Presos Políticos, que ya en noviembre de 2008 señalaba: “Me atrevo a decir que son 100.000 las personas que no son exonerados políticos y que están calificados"[2]. Agregando que a partir de 1998 la Ley de Exonerados fue instrumentalizada con fines electorales: “la modificación que se introduce en ese año "permite cautivar a un mercado ilimitado de personas a las cuales se les ofrece ser calificadas como exonerados políticos"[3].

Ese mismo año el Senador Hosain Sabag (DC) afirmaba: “No me cabe duda de que aquí ha habido un aprovechamiento de muchas personas que nunca han sido exonerados, y sin embargo, fabricaron documentos para hacerse aparecer como exonerados políticos” (…)”Con las prórrogas respecto a la fecha de inscripción de casos, se abrió una ‘caja de Pandora’, ya que durante las extensiones aparecieron 250 mil supuestos exonerados , y los registros no daban más que para 30, 40 mil, cuando nosotros sacamos la ley”[4].

Mientras el abogado José Zalaquett, ex miembro de la Comisión Rettig, sostenía que: ”Hay una ley que se ha extendido varias veces, de indemnización a las personas que fueron expulsadas de la administración pública, o de organismos públicos y yo creo que eso no ha sido prolijo”[5]. Dichos que ratificó hace pocos días al afirmar que: “La ley permitió que uno de los elementos para comprobar la condición de exonerado fuera el certificado del secretario general de algún partido político, de autoridades o parlamentarios. Eso fue abrir la puerta al clientelismo”[6].

A fines del 2011, una investigación periodística llevada a cabo por el programa Contacto de Canal 13, desnudó una serie de irregularidades en la entrega de beneficios a exonerados políticos que involucraba a varios parlamentarios de la Concertación, entre los que destacaban Isabel Allende, Alejandro Navarro, Juan Pablo Letelier y Sergio Ojeda. Quienes habrían firmado certificados que acreditaban la calidad de exonerados de muchos que resultarían no serlo, según este reportaje. Programa que habría sufrido la censura previa del entonces presidente del directorio de Canal 13, René Cortázar (DC), y ex Ministro de Michelle Bachelet antes de salir al aire[7].

Por otro lado, según un informe de la Oficina de Exonerados Políticos del Ministerio del Interior, desde 1994 a la fecha indica que se han certificado más de 157.049 exonerados políticos, de los cuales 56.163 casos no tienen fecha de certificación ni de resolución de ingreso. En el caso de los 100.886 restantes, el 29,6% fue entregado bajo el gobierno de Eduardo Frei (29.899), el 13,8% en la administración de Ricardo Lagos (13.884), el 52,5% en la era de Michelle Bachelet (52.988), y el 4,1% restante en el gobierno del Presidente Piñera (4.115), que fueron asignados en la administración anterior.

Lo llamativo en la certificación de estos exonerados políticos es que los ‘peak’ de entrega durante los gobiernos de Frei, Lagos y Bachelet, fueron en años electorales: 13.901 certificados el año 1999; 8.086 el año 2000; 5.148 el año 2005; 15.398 el año 2008 y 15.860 certificados el año 2009. Lo que se une a los beneficiados objetados por el informe de la Contraloría donde figuran ex empleados o personas ligadas al Partido Comunista (627), el Partido Socialista (499), el Partido Radical (28), la Democracia Cristiana (26) y Partido por la Democracia (2).

Con todo, el caso de falsos exonerados políticos desnuda un eventual ‘lucro’ electoral con el tema de los Derechos Humanos por parte de los gobiernos y parlamentarios de la Concertación. Donde deberá ser la justicia quien determinará las responsabilidades penales en la mala asignación de estos recursos de todos los chilenos a personas que no cumplían con los requisitos que establece la ley, donde las víctimas finalmente son los verdaderos exonerados políticos.

[1] http://www.contraloria.cl/SicaProd/SICAv3-BIFAPortalCGR/faces/detalleInforme?docIdcm=0ee781aab153c76e7ee8a2552f81f657&_adf.ctrl-state=14ct5m3h3r_3

[2] http://www.cooperativa.cl/prontus_nots/site/artic/20081125/pags/20081125170833.html

[3] Ibíd.

[4] http://www.emol.com/noticias/nacional/2008/11/26/332517/senador-sabag-hay-mas-casos-falsos-de-exonerados-politicos.html

[5] La Segunda, 24 de Noviembre de 2008.

[6] http://diario.latercera.com/2013/06/08/01/contenido/reportajes/25-138661-9-un-manchon-en-el-tema-ddhh-es-el-caso-exonerados.shtml

[7] http://radio.uchile.cl/noticias/123686/