A pesar de los buenos augurios económicos de principios de
este año, que de alguna manera se fortalecían en el cambio de gobierno, la
economía mexicana comienza a atravesar severas complicaciones.
Porque independientemente de que en la última década, el gobierno mexicano adopto una posición
correcta en el manejo de sus finanzas, la expectativa del inicio del nuevo
régimen, hacía suponer un crecimiento mayor.
Sobre todo considerando el paquete de reformas legislativas
impulsado por el Presidente Peña Nieto, que en su gran mayoría se presentan
como elementos para fomentar el desarrollo.
Sin embargo a pesar de esos esfuerzos, los indicadores
económicos están mostrando otra realidad, que contrasta con las intenciones del
gobierno federal, como se puede observar a través de las siguientes
consideraciones.
La primera es que según el último reporte de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico la OCDE, la inflación en México
pasó a ser la segunda más alta de sus treinta y cuatro países miembros, solo
por debajo de Turquía.
En el reporte mensual del organismo internacional, se señala
un aumento del índice inflacionario del cuatro punto tres, a cuatro punto seis
por ciento, lo que significa un repunte tres veces mayor al promedio registrado
por la OCDE.
Según el organismo internacional, el aumento se origina en
el aumento del nueve punto cinco por ciento en los precios de los alimentos y
del seis punto uno en energéticos.
Por otro lado el Banco de México, redujo el pronóstico de
crecimiento esperado para este año del tres punto treinta y cinco al dos punto
noventa y seis por ciento.
Lo que se suma a la predicción del Instituto Mexicano de
Ejecutivos de Finanzas, de que en este periodo no se podrá rebasar el tres por
ciento de crecimiento.
Según los principales analistas económicos nacionales, aun y
cuando el país sigue creciendo, existe una desaceleración que nos aleja mucho
del objetivo necesario de crecer a tasas mayores al seis por ciento.
La tasa de crecimiento al seis por ciento anual, es la cifra
mínima necesaria para que México pueda alcanzar los niveles de desarrollo
indispensables, de otra forma en un escenario diferente, lo único que se logra
es mantener cierta estabilidad y alejarnos de una posible crisis.
Adicionalmente habría que señalar que el ritmo de las
reservas internacionales se ha reducido en trescientos cincuenta y ocho
millones de dólares semanales, debido principalmente al retiro de recursos de
la cuenta de la Tesorería de la Federación.
Estamos hablando de setenta y cuatro mil doscientos
cincuenta y nueve millones de pesos, que teóricamente obedece a una demanda de
circulante por parte del público, lo cual resulta contrastante en un escenario
de desaceleración.
Porque en términos reales, ese dinero no se está
invirtiendo, de tal suerte que no solo no produce un efecto positivo, sino que
por consiguiente se genera una sensación de incertidumbre respecto de su
destino.
Sobre todo cuando se observa que el gobierno federal esta
postergando inversiones en materia de infraestructura, la reticencia de la
administración federal para el gasto, está afectando la circulación del dinero.
Si bien es cierto que la Secretaria de Hacienda se ha
manifestado a favor de impulsar la productividad y que la reforma propuesta al
legislativo para aumentar la base crediticia son signos alentadores, en la
práctica eso no está sucediendo.
Las finanzas del gobierno federal pueden considerarse sanas,
no hay argumentos en ese sentido para contraer o retrasar el gasto público,
situación que no se explica bajo ninguna perspectiva.
Más aun si se considera que el gobierno federal se ha negado
a rescatar a los estados y municipios con sobre endeudamiento, lo que infiere
que los recursos no se han orientado para ese rubro.
Siendo así, mas allá de los efectos propios de la situación
económica mundial, la desaceleración de la economía mexicana, que ya comienza a
ser grave, puede encontrar un principio de solución a través del gasto
gubernamental.
No se puede omitir que en México el gasto gubernamental, es
una importantísima herramienta para incentivar la actividad de muy diversos
sectores, misma que como ya decíamos fomenta el flujo de circulante.
La contracción inexplicable del gasto, limita
considerablemente la dinámica del sector privado, lo que por consecuencia
fomenta el aumento de precios de los productos básicos, sin hacer de lado el
costo de los energéticos.
Bajo esta perspectiva, como ya lo hemos apuntado
anteriormente en muy diversas ocasiones, incluso antes del cambio de gobierno
federal, de nada nos sirve tener un gobierno rico, si eso no se refleja en una
mejoría tangible de los procesos económicos.
El gobierno tiene que asumir su responsabilidad en ese
sentido, independientemente de sus intenciones reformadoras, que hasta ahora
han sido la base fundamental de su operación política.
Porque si no se amalgama el ánimo reformista, de la mano de
una inyección de recursos, las nuevas leyes no podrán surtir los efectos
deseados, porque una vez consignados los cambios constitucionales, la medición
de la eficiencia será analizada desde otros criterios.
Porque una cosa es reconocer la habilidad política del
régimen, para lograr los acuerdos legislativos y otra muy diferente que, estos
tengan un resultado que influya en el beneficio colectivo.
Desde ese punto de vista, parecería que el gobierno está
aguantando el gasto de sus vastos recursos, en tanto el proceso de reformas no
esté consolidado y eso sin duda es un arma de dos filos muy peligrosa.
Porque simplemente en lo que eso sucede, los efectos de la
desaceleración están generando impactos, que después va a ser muy difícil poder
recuperar, además del tiempo que se pierde por privilegiar una estrategia de
corte eminentemente política.
Naturalmente la aparición indiscutible de las cifras y sus
perspectivas, deberán obligar a un reencauzamiento de la política financiera
del régimen, toda vez que es su absoluta responsabilidad y a seis meses del
cambio de poderes, ya no podrán echarle la culpa a nadie de la situación
económica actual.
Los focos rojos están encendidos, una alarma que tiene que
tomarse en cuenta sobre todo en el previo a los procesos electorales que se
desarrollan en catorce entidades del país, ya que la desaceleración económica
puede convertirse en un lastre para las intenciones del régimen en esa
asignatura.
twitter@vazquezhandall
