. Una riqueza que ha supuesto, como estamos sufriendo actualmente, el
empobrecimiento de la sociedad valenciana, atrapada en la más absoluta ruina
económica. Los gobernantes de la derecha, ocupados en esquilmar las Cajas de
Ahorro, hoy ya desaparecidas, y gastar lo que no tenían en pompas, fastos y
grandes eventos, que sólo enriquecían a unos pocos, no tuvieron tiempo de darse
cuenta que de seguir así acabaríamos pidiendo a las puertas de esos grandes templos,
que son en la actualidad los mercados y las instituciones financieras
internacionales, como parias de su propia gestión económica. Pero lo más triste
es que la sociedad valenciana hemos consentido este desastre sin mayor
preocupación. Unos por haber votado entusiasta e insistentemente a los corruptos
que nos estaban arruinando con discursos de grandeza y humo que tapara la
corrupción, y otros por omisión consentidora, que parecían descargar su culpa
votando a los no corruptos, pero haciendo dejación de su responsabilidad como
ciudadanos en la exigencia de poner fin a estas prácticas que todo el mundo
sabía, y a las políticas destructivas del tejido económico valenciano. Incluso se
ha consentido que tristemente la Comunidad Valenciana esté infrafinanciada, al
no haber movido un dedo los grandes Partidos exigiendo solucionar este
problema, para no importunar a sus respectivas direcciones nacionales, cuando éstas
gobernaban el país. Sólo lo hacían si les resultaba electoralmente rentable,
metiendo el dedo en la llaga del Partido contrario. Aunque no son ellos los
únicos culpables. Ni el resto de las formaciones políticas, ni la sociedad
civil, ni la ciudadanía han hecho de este problema un motivo de exigencia
prioritario.
Pero
más allá de las responsabilidades compartidas, es la derecha valenciana en su
conjunto, representada por el Partido Popular, que lleva dos décadas gobernando
la Comunidad, quien tiene que asumir sus culpas. No es posible que al día de
hoy, siendo ellos los que siguen gobernando en el Palacio de la Generalitat, la
corrupción siga estando impune en las filas ppopulares, ofreciendo una imagen
de descomposición, con peor olor cada día que pasa y no se tomen medidas.
Curiosamente cuando fue el presidente Fabra uno de los ponentes de la ponencia
de Estatutos del Congreso del PP en Sevilla, que llevó a declarar a Alicia Sánchez Camacho, también ponente, que
habían puesto muy altas las exigencias éticas del PP; declaración que subrayó
Alberto Fabra afirmando que el Partido va a tener disciplina y pulso firme a la
hora de aplicar los nuevos estatutos, que entre otros aspectos recogen lo
siguiente en su artículo 9: 1. Todos los
cargos públicos, responsables políticos y profesionales con funciones ejecutivas
en el Partido Popular: c) Se abstendrán de toda actividad privada que pueda
suponer un conflicto de intereses con el ejercicio de su función, y no
aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja;
d) No influirán en la agilización o resolución de trámite o procedimiento
administrativo cuando ello comporte un privilegio en su beneficio o en el de su
entorno familiar y social. Ejemplaridad, exigencia, eficacia,
transparencia, rigor, austeridad, todas ellas palabras que aparecen en ese
artículo que tan felizmente firmó el presidente Fabra en su Congreso.
¿A
qué espera, entonces, para actuar en la Comunidad que preside? Los casos de
corrupción que están en los tribunales y afectan a demasiados cargos públicos
de su Partido en las instituciones valenciana, son ya un clamor para que actúe
y se deje de metalenguajes que sólo levantan la sospecha de ocultar lo que
realmente sucede: que por razones estrictas de equilibrios internos dentro del
PPCV, no se atreve a hacer una limpieza necesaria, ni siquiera a exigir que
aquellos cargos públicos que están incumpliendo los Estatutos de su Partido,
asuman sus responsabilidades políticas, las judiciales son asunto de ellos con
los tribunales, con una ciudadanía cada vez más espantada de lo que está
sucediendo.
Y
lo que sucede en el seno del Partido Popular valenciano es para ponerle a uno
los pelos de punta. No se puede gobernar una Comunidad Autónoma como presidente
de un Partido que tiene un rosario de alcaldes, ex alcaldes, concejales y ex
presidentes de Diputación imputados por casos de corrupción, fraude fiscal,
malversación de fondos, etc. y con la amenaza de que puedan entrar en este
exclusivo club nuevas y relevantes personalidades políticas del PP. Es un mal
ejemplo de gobernabilidad que más de una decena de diputados ppopulares en las
Cortes Valencianas estén imputados en diferentes causas y no se les pida el
acta de diputado, para que abandonen el Grupo Popular. No sirve de nada tratar
de levantar un muro con el pasado, como si los dirigentes actuales del PPCV no
tuvieran nada que ver con el Partido infectado de corrupción que ellos ahora
dirigen. El pasado y el presente están ligados, precisamente, por todos los
miembros de su Partido, cargos públicos, institucionales u orgánicos, que están
bajo la sospecha de la imputación.
Si
Alberto Fabra quiere regenerar su Partido y lanzar un mensaje de honestidad a
la sociedad valenciana, tiene que actuar urgentemente y dejar de esconderse
tras el engaño de palabras embaucadoras. Es más, una auténtica regeneración de
la política valenciana tendría que venir con la convocatoria de elecciones que
fueran capaces de limpiar las Cortes de corruptos, y programas que indicaran el
camino de cómo salir de esta crisis total que vivimos en la Comunidad. Con un
pacto posterior que sacara de Diputaciones y Ayuntamientos a todos aquellos que
tengan asuntos pendientes con la justicia. Ya no puede haber medias tintas: o
se limpia y regenera la política dentro del juego democrático, sin más
dilación, o el futuro que se avecina estará lleno de incertidumbres aventureras
y populistas, que con discursos de fácil consumo darán al traste con la
democracia.