La deuda del Estado

La aparición de una pareja homosexual en la franja electoral de 2009 se entendió, en su época, como un golpe de timón de Sebastián Piñera y como un triunfo del alma liberal por sobre la conservadora en la Alianza por Chile. Eso dio esperanzas a un gran grupo de jóvenes y no tan jóvenes que, si bien estaban aburridos de la Concertación, no se identificaban con el discurso decimonónico de gran parte de la Alianza en temas valóricos.

 

. Eso dio esperanzas a un gran grupo de jóvenes y no tan jóvenes que, si bien estaban aburridos de la Concertación, no se identificaban con el discurso decimonónico de gran parte de la Alianza en temas valóricos.
 

Sin embargo, con guitarra en mano la cosa parece ser distinta. Habiendo transcurrido dos cuentas anuales ante el Congreso Pleno, el alma conservadora va ganando. En ninguna de ellas se ha siquiera anunciado alguna propuesta para regular las uniones de hecho de parejas del mismo sexo. El dúo de presidentes de los partidos de la coalición se ha encargado de que así sea; sus vergonzosas declaraciones así lo confirman.

 

Ante el triste panorama, los ciudadanos que creen en las libertades individuales no encuentran demasiada esperanza. Pero tampoco es nula: intentando aplacar las críticas por la omisión del tema en el mensaje del día anterior, el Presidente decide anunciar que cumplirá con su promesa de campaña y legislará al respecto “en las próximas semanas o meses”. De hacerlo, se convertiría en el primer mandatario chileno en enviar una ley que regule la convivencia de parejas del mismo sexo, lo cual constituiría un fracaso para el sector progresista de la Concertación. Por otro lado, tampoco hay que ser tan optimista: para evitar quiebres en su entorno político, el gobierno buscará una fórmula más light que el AVC, la cual limitará el asunto a un problema netamente económico e intentará minimizar el simbolismo que implica el hecho de que una pareja del mismo sexo sea reconocida y legitimada por primera vez como tal por el Estado chileno.

 

Por su parte, en el Congreso tampoco ha habido avances. Han transcurrido once meses desde la presentación del proyecto de uniones civiles por parte del hoy Ministro Allamand, y nueve meses desde la presentación del proyecto de matrimonio homosexual del Senador Rossi. Ninguno de ellos ha sido siquiera puesto en tabla para ser discutido. ¿Cuál es la razón? Según la Senadora Alvear, Presidenta de la Comisión de Constitución del Senado, no ha sido posible hacerlo debido a las urgencias que ha puesto el gobierno a otros proyectos que deben ser discutidos por esa comisión. Sin embargo, la verdad es que si ella o el Senador Pizarro, ex Presidente de la Cámara Alta, hubieran tenido realmente la voluntad de sacar adelante el tema, habrían logrado que se citara a una sesión especial para discutirlo. Aparentemente, no la tenían.

 

Ahora bien, la nueva mesa del Senado puede abrir una ventana. Si se suma fuerzas de todos los sectores y se le exige al actual Presidente del Senado, Guido Girardi, que se diferencie de sus predecesores más conservadores y se comprometa de verdad con los homosexuales, se puede lograr que se discuta los proyectos ya presentados junto con el que eventualmente presente el gobierno. De esta discusión conjunta surgirá un consenso que debería reflejar el equilibrio de fuerzas presente en nuestro Parlamento.

 

Una vez iniciado, el debate será duro. Hay algunos parlamentarios que ya tienen su postura definida y no transarán, pero hay otros indecisos que pueden sensibilizarse ante la crueldad de la injusticia y la discriminación. Si consideran la evidencia que existe y hacia dónde está yendo el mundo, es posible convencerlos.

 

Basta con mencionar, por ejemplo, que en la OCDE, el grupo de países con mayor bienestar económico y social del mundo al cual Chile se acaba de integrar, el 74% de los países ofrece a sus habitantes homosexuales la posibilidad de unirse por medio de matrimonio o de unión civil. Si consideramos que entre esos mismos países esa tasa era de 41% en 2001 y de 3% en 1991, podemos darnos cuenta de que estamos ante una tendencia mundial sin retorno y fuertemente asociada al anhelado desarrollo que busca nuestro país.

 

Esta tendencia tampoco es exclusiva del primer mundo, donde, según los fundamentalistas, existiría una decadencia moral. Ya existen dos países de América Latina que han legislado en favor del matrimonio igualitario y cuatro países de la región que han legislado distintas formas de unión civil entre personas del mismo sexo. No se ha producido una destrucción de la familia ni han surgido nuevas hordas de homosexuales influenciados por esta revolución inmoral. Esto es imposible, claro. Quienes conocen la realidad de los homosexuales lo saben. Los que prefieren esconder la cabeza, no.

 

El Estado debe hacerse cargo de la enorme cantidad de chilenos que son homosexuales. Los estudios más mezquinos dicen que representan un 2% de la población, es decir, 340 mil compatriotas. Los más generosos dicen que es un 13%, es decir, más de dos millones de chilenos. ¿Qué propone el Estado chileno hoy en día a los homosexuales? ¿Qué repriman su orientación y se casen con alguien del sexo opuesto a modo de pantalla o tengan una vida religiosa sin tener la vocación? ¿Qué asuman su sexualidad pero se queden solteros, recibiendo las injustas críticas de desorden, promiscuidad e inestabilidad con que se los tacha? En la práctica, nada.

UNETE



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