. Desde distintas instancias se le ha dicho a Juan
Vicente Herrera que no es posible ni un solo recorte más. Ya se han agotado
todas las posibilidades, incluso la Consejería de Hacienda se ha permitido el
lujo de perder más de cien millones de euros con el impuesto del ‘céntimo
sanitario’: sin duda, una de las medidas más desacertadas, absurdas y
desastrosas de la Administración autonómica. Se ha beneficiado a todas las
autonomías de alrededor a cambio de perjudicarse a sí misma. Es evidente que
determinadas ignorancias son muy atrevidas.
Como en la comunidad se han dado
cuenta de los muchos errores que se están cometiendo, como consecuencia de la
ineptitud de algunos consejeros, el consejero portavoz de la Junta ha dicho que
aunque se apoyan las reformas del Gobierno de Mariano Rajoy, no se aceptará
ningún recorte en la atención a la dependencia.
Precisamente, en la cuestión de
la dependencia es donde mejor valorada está Castilla y León, de ahí ese
atrincheramiento. Una defensa que hacemos nuestra desde distintas instancias,
porque la comunidad es la más envejecida de todo el territorio nacional y la
que más precisa de este tipo de atenciones. En muchas ocasiones, las mejores
oportunidades se pierden entre las deliberaciones y eso es muy grave.
Posiblemente el único error que
vemos en la gestión de la dependencia es el excesivo tiempo para aprobar los
expedientes. Seis meses son demasiados en un momento en que la crisis está
azotando con crudeza a muchas familias con algún miembro en centros
residenciales. Si bien fue muy acertado el paso de subir las ayudas a la
dependencia en centros asistenciales, no lo es tanto el excesivo tiempo para la
concesión de las ayudas económicas. Ni que decir tiene que el acceso a centros
residenciales públicos es imposible en las comunidades con población muy
envejecida.
También sorprende que sea César
Antón (actual director general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales) quien
más daño esté haciendo a la ley de dependencia y, precisamente, a la
dependencia de Castilla y León; una comunidad donde él fue consejero de Familia
e igualdad de Oportunidades. Ya se sabe que no hay peor cuña que la de la misma
madera.
Hay que recordar que el recorte
de casi 1000 millones de euros que el Gobierno de Rajoy ha propuesto a Bruselas
es una desfachatez y una falta de sentido común. El ajuste brutal de ayudas a
la dependencia queda fuera de lugar: si sale adelante es un claro escrache o
acoso a la ciudadanía que tiene la mala suerte de padecer la necesidad de un
centro asistencial para alguno de sus miembros.
"El
Gobierno de Castilla y León no va a aceptar ningún recorte en la
dependencia", afirmó el consejero portavoz en la rueda de prensa que siguió
al Consejo de Gobierno de los jueves. Lo que hace falta es que el Ejecutivo de Castilla
y León se lo tome en serio y no cambie de opinión por trueque con cuestiones de
menor calado. No hay que olvidar que, hace casi un año, la Junta aprobó la
nueva normativa que ahora está en vigor, donde primaban los servicios
profesionales sobre la asistencia en domicilio, porque ello es una clara fuente
de empleo.
Los
experimentos en casa y con gaseosa, como se suele decir. Ni siquiera la
paciencia a la que alude Mariano Rajoy es bien recibida en este momento, porque
las perspectivas son nada halagüeñas. Estamos pendientes de reformas de calado,
pero el Gobierno ha perdido fuelle, ilusión y capacidad de reacción.
Son
tantos los frentes abiertos que el desconcierto parece reinar en el Gobierno de
la nación; máxime cuando comprueba que Bruselas siempre tiene la espada de
Damocles levantada contra España. Hasta el propio FMI se ha extralimitado con
opiniones absurdas que han detenido las inversiones foráneas en España.
Jesús
Salamanca Alonso
