. Y salió, a su pesar, pero la crisis sigue
allí, tan arraigada que ya parece autóctona. La sujeción de todos los poderes
públicos a la causa bolivariana ha borrado los límites entre Estado y gobierno,
y todas las cabezas que están a cargo de las instituciones fundamentales
(Asamblea Nacional, Fiscalía, Defensoría, Procuraduría, Contraloría, Tribunal
Supremo de Justicia, el poder Electoral y ministerios) lo saben, lo aprovechan y
con un cinismo inconmensurable lo recalcan.
No hay en Venezuela ninguna investidura que conserve su dignidad, mucho
menos su autonomía.
La
Presidencia de la República está ocupada por un sujeto cuya legitimidad está
seriamente cuestionada, no solo por las irregularidades ya denunciadas sobre el
proceso de votación y el escrutinio de votos, sino porque perdió en cuestión de
días más de 700 mil seguidores de la causa chavista, que decidieron sufragar a
favor de su contendor, Henrique Capriles.
Pero esa ilegitimidad viene de atrás, cuando fue impuesto como
presidente encargado a la muerte de Chávez, cuando según las leyes venezolanas
esa función debía ejercerla el presidente de la Asamblea Nacional. Se trató de una decisión al estilo monárquico
(donde el rey nombra sucesor) en una nación que se jactaba de ser una de las
democracias más sólidas de América Latina.
Impugnada la
elección presidencial, el poder electoral venezolano no solo apremió la
proclamación del candidato bolivariano sino que no ha sido capaz de avalar la
transparencia de un proceso comicial, al resistirse a canalizar y facilitar la
solicitud formal de recuento de votos. Por fin, después de negar ese derecho
legítimo en reiteradas ocasiones, se dignó a ofrecer una auditoría pero solo en
sus términos, lo que tampoco garantiza la revisión diáfana del proceso.
Cuestionada la
elección presidencial, el presidente del parlamento le niega el uso de palabra
a aquellos diputados que, en todo su derecho, se mantienen firmes en no
reconocer como presidente de la República a quien consideran ilegítimo (ver
video), y además se cruza de brazos cuando diputados de su partido muelen a
puñetazos y patadas, dentro del mismo recinto legislativo, a los parlamentarios
de la oposición (ver video).
Cuestionada la
elección presidencial, la ministra de Asuntos Penitenciarios no solo amenaza
con cárcel al líder opositor Henrique Capriles, sino que además afirma que “la
oposición se merecía sus coñazos” (ver declaraciones).
Las palabras
y las acciones de quienes detentan el poder en Venezuela no solo evidencian el
descalabro de la institucionalidad, sino que además demuestran que el poder
absoluto ejercido durante catorce años por un solo hombre, hoy se encuentra
repartido en las manos indolentes y arrogantes de quienes se dicen herederos de
su causa y sienten que es su momento de erigirse en dueños de su parcela de
poder. Hasta el fallecimiento de Hugo
Chávez, quienes no creyeron o dejaron de creer en su proyecto revolucionario
pensaban que él era el rival que debía vencerse, pero su desaparición física
solo ha propiciado una multiplicación de sus peores atributos entre las cabezas
de su entorno. Ver video de declaraciones del diputado Julio Borges, luego de ser agredido en la sede de la Asamblea Nacional de Venezuela