En el 2008 Islandia era el 6º país más rico del mundo; sus infraestructuras eran inmejorables, sus sistemas educativo y sanitario eran casi perfectos, sus bancos nacionales ganaban grandes fortunas y sus habitantes, animados por ese chorreo de dinero, gastaban más de lo que tenían. Sin embargo, en octubre de 2008, Islandia sufrió un colapso; su sistema financiero se vino abajo y el gobierno se vio obligado a nacionalizar a los tres principales bancos del país y a solicitar una ayuda al FMI de unos 2.100 millones de dólares. A cambio, cómo no, el FMI les obligó a realizar rigurosos ajustes; subidas de impuestos y recortes salariales y sociales. Lo de siempre. El caso es que para salvar la situación y pagar la deuda contraída el gobierno intentó gravar con un 5,5 % el sueldo de los islandeses, lo que suponía unos 100 euros al mes durante ocho años por cada ciudadano. Cualquiera podría pensar que 100 euros no son para tanto, pero los islandeses entendieron con bastante lógica que los ciudadanos no debían pagar con su sueldo los errores de otros, y un 93% de los islandeses se negó a pagar. En su lugar, los islandeses salieron a la calle a protestar, y eso que allí hace un frío del carajo. Sus políticos recibían andanadas de huevos cuando llegaban al edificio gubernamental y los banqueros eran increpados por sus conciudadanos allá donde estuviesen. Al final, las protestas hicieron caer al gobierno y los habitantes de la isla se lanzaron incluso a generar una nueva constitución. Gracias a sus protestas, el gobierno actual dejó quebrar a sus bancos e inició una investigación para dirimir jurídicamente las responsabilidades de la crisis, enviándose órdenes de detención a Interpol contra 9 banqueros.