. Los políticos
nacionales y europeos han demostrado no solo su inutilidad para gobernar –algo
extremadamente grave-, sino su falta absoluta de ética al implantar medidas de
ajustes y recortes brutales en los países más afectados por la crisis
económica. Lo sucedido en Chipre hace unas semanas –algo exportable al resto de
países con problemas- es el ejemplo más evidente de que nuestros políticos
actuales no respetan ya ni siquiera el propio sistema democrático, tomando
medidas propias de los peores regímenes dictatoriales. Echar mano de los
ahorros que los ciudadanos han invertido en depósitos bancarios es un robo
evidente, aunque lo conviertan en legal sacándose leyes de la manga de un día
para otro. Y mientras, los ciudadanos comprueban como los políticos se
enriquecen gracias a información privilegiada o a casos de corrupción
realizados por algunos y consentidos por todos, o como, en el colmo de la
desvergüenza, algunos políticos declaran tener quinientos euros en la cuenta
corriente, tratando a los ciudadanos de gilipollas. Pero no solo ellos son los
culpables.
Hace una semana, muchos periodistas y
contertulios se congratulaban por la imputación de la infanta Cristina en el caso Nóos, afirmando que
por fin la justicia era igual para todos. Y eso está muy bien, pero es algo tan
mediático como falso. La justicia hoy más que nunca está al servicio de los
poderes político y económico. Hasta ahora, no ha habido ni un solo juez
nacional o europeo que haya tomado cartas en el asunto de las preferentes que
tanto daño económico y psicológico están causando a miles de personas, muchas
de ellas jubilados. Ni una sola imputación, ni un solo detenido, ni un solo
banquero o político en la cárcel. Tampoco ha habido ningún juez nacional o
europeo que haya tomado cartas en el asunto de las quitas de Chipre, en la que
miles de ciudadanos con un contrato firmado en una entidad bancaria han visto
como les quitaban parte de sus ahorros de un día para otro. Ni un solo juez
nacional o europeo que haya imputado a políticos y banqueros por la crisis que
padecemos, por las jubilaciones o indemnizaciones multimillonarias que reciben,
por los instrumentos financieros que se inventan, por las hipotecas abusivas,
por los recortes en sanidad o en educación. Pero no solo los jueces son los
culpables.
En el último año, muchos amigos y
conocidos me han comentado su situación laboral. Al parecer, al calor de la
crisis, muchos empresarios están mandando al paro a miles de trabajadores y, a
cambio, obligan al resto a trabajar diez horas diarias, con la velada amenaza
de que si no aceptan dichas condiciones hay miles de personas esperando en la
puerta para aceptarlas.
En los últimos meses, la separación
entre la clase política y los ciudadanos se ha acrecentado. Lo mismo comienza a
suceder con los jueces, que son de las profesiones peor valoradas según el CIS.
Y, pronto, comenzará con los empresarios. El hambre, la desesperanza y la
injusticia generan actitudes peligrosas en la sociedad. Es hora de que políticos
y jueces restablezcan el sistema democrático que están vulnerando, porque
cuando uno juega con fuego, al final, alguien termina quemándose.