Red de publicación y opinión profesional
Política · Economía · Sociedad · Cultura · Ciencia · Tecnología ·
Últimas etiquetas:   Tecnología   ·   5G   ·   Escritores   ·   Periodismo   ·   Lectores   ·   Devaluación   ·   Cristina Fernandez de Kirchner   ·   Inflación   ·   Crisis Económica   ·   Mauricio Macri



Escrache


Inicio > Política Nacional
06/04/2013


991 Visitas



Hace más de veinte años el Partido Popular organizó manifestaciones (ellos tiraron la piedra y escondieron la mano) frente al domicilio del alcalde socialista de Castellón, por un asunto de política interna de la ciudad que utilizaron demagógicamente en favor de sus intereses. Fue un acto vil que anunciaba el despotismo con que los dirigentes populares de la provincia iban a actuar durante las dos décadas siguientes. Ningún dirigente del PP se llevó, entonces, las manos a la cabeza por aquellos actos que sólo trataban de intimidar, por la vía del acoso a su vida privada, al alcalde de la ciudad.


            En democracia la protesta, en sus diferentes modalidades, es un instrumento legítimo de denuncia o de crítica política ante determinados comportamientos del poder, que la sociedad o una parte de ella cree lesivos para sus intereses. No es posible construir una sociedad democrática sin el derecho a manifestar la discrepancia y la injusticia, por tanto, aquellos que ostentan el poder, ya sea otorgado por los ciudadanos (léase poder político) o en representación de organismos civiles (léase Patronales, Sindicatos, Iglesias, etc.) deben saber que están sujetos al juicio de la sociedad y no exentos de la crítica a sus comportamientos y decisiones. Cualquier otro escenario que invalide o cercene este derecho ciudadano estará limitando la calidad de la democracia, cuando no subvirtiendo ésta para convertirla en una oligarquía. Pero el derecho a protestar debe tener unos límites que han de basarse en el respeto hacia los demás, la tolerancia del contrario y la aceptación de unas reglas del juego, que si se obvian pueden poner en peligro la propia esencia de la democracia y la sustancia del objeto de la protesta. Quienes organizan protestas que se saltan estos básicos principios de convivencia están cometiendo un error al convertir sus actos en protagonistas que ensombrecen el objetivo de sus reivindicaciones. Además la manera de entender la convivencia en democracia dice mucho de cuál puede ser el modelo de organización política de la sociedad, que no estará muy lejana de la intimidación si no se respeta a todo aquel que no piensa o actúa como a la mayoría dirigente le gustaría. No estaríamos ya en una democracia, pues las reglas de respeto y tolerancia dejarían de existir, iniciando el camino de la olocracia, que tal como la definió Aristóteles es el gobierno de la muchedumbre, en donde la frontera con la tiranía es difusa; según Rousseau, se trata de desnaturalizar la voluntad general, en nombre de la difusa voluntad de todos. En definitiva, si la situación actual se puede empezar a aparecer a un a olocracia oligárquica en donde los grupos dirigentes ostentan cada vez más poder y lejanía de los intereses de la ciudadanía, con comportamientos de protesta en contra de esta actitud, que se salten las reglas del juego democrático, podemos degenerar hacia una olocracia en nombre del pueblo, que acabe imponiendo la voluntad de una mayoría sobre el resto de la sociedad.

            Ejemplos en la historia hay muchos. Quizá el más paradigmático haya sido la Revolución Soviética que pasó de la oligarquía zarista a la dictadura comunista en nombre del pueblo para consolidar una nueva oligarquía en nombre del proletariado, sustentada en la intimidación y la represión de todo aquel que no aceptaba esa nueva mayoría. Los meses previos a la Guerra Civil Española se distinguieron por la intimidación política entre los bandos revolucionario y fascista, que dio paso al matonismo, que acabó convirtiendo el asesinato político en moneda de cambio para dirimir las diferencias, lo que llevó, una vez terminada la contienda, a que en la Nueva España no tuvieran cabida los vencidos, instaurándose una triste época de impunidad, crímenes, exilio, extorsiones, depuraciones y miedo.

            Dicho lo anterior quisiera llamar la atención sobre el peligro que comporta el salto cualitativo que supone el denominado “escrache”: manifestación pacífica frente al domicilio de un político, que se está poniendo de moda en España. Algunos pensarán que ligar lo dicho en las líneas de más arriba con el escache que practica la Plataforma de Afectados de la Hipoteca es un barbaridad fuera de todo fundamento, pero más allá de la buena voluntad de la PAH y la justeza de sus reivindicaciones, las formas en democracia son imprescindibles. El escrache no deja de ser una intimidación privada del adversario político, y lo que hoy una gran parte de la izquierda saluda con beneplácito y satisfacción porque va dirigido contra la políticos de la derecha, mañana se puede volver en su contra y practicarse contra la izquierda, y entrar en una espiral de intimidaciones, que ahora preferimos no ver, por una ceguera política supina e ignorante. La distancia entre dos acontecimientos históricos similares, más allá del temporal, puede ser de un centímetro, y lo que hoy nos parece imposible mañana es ya una realidad. En España estamos viendo en qué poquito tiempo han cambiado cosas que hace nada parecían inamovibles.

            Ada Colau tiene todos mis respetos como luchadora social y reconocimiento por haber sido capaz de levantar un movimiento de contestación, a la inmovilidad del poder, modélico, a través de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que nos ha enseñado que todo es posible, que sí se puede, cuando existe voluntad de cambiar las cosas. Pero Ada Colau, como todos los mortales, también se equivoca, es Ley de vida, y debería mostrar que además de una magnífica luchadora es sabia, rectificando sobre el escrache. La vida privada de las personas es un bien que está por encima de la vida pública, y si es cierto que la política de desahucios está arruinando la vida muchas familias, eso no legitima para ponerse a la altura moral de los desahuciadores, como no es legítima la pena de muerte para castigar a los asesinos. Otra cosa es la presión social y la crítica en su vida pública, algo para lo que los políticos deben estar preparados. Además el escrache es carnaza para las fieras mediáticas de la derecha, que han encontrado una excusa inmejorable para deslegitimar a la PAH y a Ada Colau, tratando de focalizar el problema en el escrache y no en el drama de los desahucios, algo que al PP y sus banqueros le resulta bastante incómodo.

            Qué duda cabe que nuestra democracia hay que revisarla, mejorarla, hacerla más participativa y generadora de bienestar social. Quizá estemos ya en la Segunda Transición, no empecemos pues saltándonos los límites de la tolerancia y el respeto al adversario político, porque en definitiva la sociedad la formamos todos: los de derechas, los de izquierda y los de en medio. Todos constituimos la voluntad general como lo definía Rousseau en El Contrato Social.



Etiquetas:   Democracia

Compartir
Tu nombre:

E-mail amigo:
Enviar
PDF

0 comentarios  Deja tu comentario




Comienza
a leer


Un espacio que invita a la actualidad e información
 

Publica tus artículos


Queremos ser tus consejeros y tu casa editorial

Una comunidad de expertos


Rodéate de los mejores y comienza a influir
 

Ayudamos a tu negocio


El lugar y el momento adecuado donde debes estar
Secciones
18424 publicaciones
4672 usuarios
Columnas destacadas
Los más leídos
Mapa web
Categorías
Política
Economía
Sociedad
Cultura
Ciencia
Tecnología
Conócenos
Quiénes somos
Cómo publicar en Reeditor
Contacto
Síguenos


reeditor.com © 2014  ·  Todos los derechos reservados  ·  Términos y condiciones  ·  Políticas de privacidad  ·  Diseño web sitelicon.com  ·  Únete ahora