Operación carapacho

En previsión a las tendencias de opinión política que hagan posible un escenario desfavorable para el oficialismo en las elecciones presidenciales del 2012, es de suponer que el Estado bolivarista trataría de proceder de una manera similar a lo realizado en anticipación a los comicios regionales del 2008 y a la contienda legislativa del 2010. Es decir, tratar de incapacitar a la instancia de poder respectiva.

 

. Es decir, tratar de incapacitar a la instancia de poder respectiva.
 

Recuérdese que antes de la consulta para elegir gobernadores y alcaldes, el régimen de Chávez aceleró la reversión de la descentralización, incluso a contravía constitucional, de tal forma que los funcionarios electos en diciembre de 2008 estuvieran en situación de minusvalía. Y encima, a los opositores les arrebataron competencias y adscripciones adicionales, y a la institución del poder descentralizado más importante del país, la Alcaldía Metropolitana de Caracas, la vaciaron de contenido y la dejaron en la inopia administrativa y presupuestaria.

 

Y otro tanto ocurrió en relación con la Asamblea Nacional. La anterior cambió la ley electoral para entallarla a los intereses políticos del PSUV, el CNE completó la faena redistribuyendo circuitos electorales con el mismo objetivo, y por si fuera poco la Ley Habilitante de hora undécima y el enésimo cambio del reglamento interno, contribuyeron a debilitar al máximo al llamado parlamento, en cuanto a su capacidad política, contralora o legislativa.

 

Y entonces, ¿por qué la 'revolución' no intentaría lo correspondiente con el Ejecutivo? Es decir, preparar el terreno para su eventual acorralamiento en el caso de un triunfo opositor.

 

Y no me refiero al hecho de que un Presidente no-oficialista tuviera que lidiar con una Asamblea, un TSJ, una Fiscalía y un Contralor de afiliación bolivarista. No. Me refiero a la restricción de los poderes propios de la rama ejecutiva del Estado.

 

Semejante y ambicioso propósito sería un zarpazo frontal a la estructura constitucional del país, pero, ¿no lo fueron también los referidos al poder estadal, municipal y legislativo? Y para ello se contaría con esa guarimba de creciente preferencia oficial o el denominado 'poder popular', bajo cuyo amparo formal ya se viene levantando una 'institucionalidad' paralela a la establecida en la Constitución, o el Estado comunal y socialista.

 

Una 'operación carapacho' podría activarse para que una posible pérdida del gobierno no supusiera una pérdida inmanejable del poder.

 

Acaso esto suene un tanto delirante, pero lo razonable es estar en guardia frente al afán de continuismo.

UNETE



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