En previsión a las tendencias de opinión política que hagan posible un
escenario desfavorable para el oficialismo en las elecciones presidenciales del
2012, es de suponer que el Estado bolivarista trataría de proceder de una
manera similar a lo realizado en anticipación a los comicios regionales del
2008 y a la contienda legislativa del 2010. Es decir, tratar de incapacitar a
la instancia de poder respectiva.
Recuérdese que antes de la consulta para elegir gobernadores y alcaldes, el
régimen de Chávez aceleró la reversión de la descentralización, incluso a
contravía constitucional, de tal forma que los funcionarios electos en
diciembre de 2008 estuvieran en situación de minusvalía. Y encima, a los
opositores les arrebataron competencias y adscripciones adicionales, y a la
institución del poder descentralizado más importante del país, la Alcaldía
Metropolitana de Caracas, la vaciaron de contenido y la dejaron en la inopia
administrativa y presupuestaria.
Y otro tanto ocurrió en relación con la Asamblea Nacional. La anterior
cambió la ley electoral para entallarla a los intereses políticos del PSUV, el
CNE completó la faena redistribuyendo circuitos electorales con el mismo
objetivo, y por si fuera poco la Ley Habilitante de hora undécima y el enésimo
cambio del reglamento interno, contribuyeron a debilitar al máximo al llamado
parlamento, en cuanto a su capacidad política, contralora o legislativa.
Y entonces, ¿por qué la 'revolución' no intentaría lo correspondiente con
el Ejecutivo? Es decir, preparar el terreno para su eventual acorralamiento en
el caso de un triunfo opositor.
Y no me refiero al hecho de que un Presidente no-oficialista tuviera que
lidiar con una Asamblea, un TSJ, una Fiscalía y un Contralor de afiliación
bolivarista. No. Me refiero a la restricción de los poderes propios de la rama
ejecutiva del Estado.
Semejante y ambicioso propósito sería un zarpazo frontal a la estructura
constitucional del país, pero, ¿no lo fueron también los referidos al poder
estadal, municipal y legislativo? Y para ello se contaría con esa guarimba de
creciente preferencia oficial o el denominado 'poder popular', bajo cuyo amparo
formal ya se viene levantando una 'institucionalidad' paralela a la establecida
en la Constitución, o el Estado comunal y socialista.
Una 'operación carapacho' podría activarse para que una posible pérdida del
gobierno no supusiera una pérdida inmanejable del poder.
Acaso esto suene un tanto delirante, pero lo razonable es estar en guardia
frente al afán de continuismo.