Una vez más, una manifestación más, acabó con diversos incidentes. Según las fuentes, cinco policías heridos, varios desperfectos en el mobiliario y 24 detenciones. Es la norma, la triste norma de algo que nos estamos acostumbrando a ver con demasiada frecuencia. Y es algo que a la vez se convierte en una dinámica más que preocupante, sobretodo cuando se trata de manifestaciones de ciudadanos que se mueven en pro de sus derechos. No entraremos aquí en la discusión sobre si las cargas policiales son en este y en otros casos legítimas, ya que eso forma parte de otra reflexión mucho más amplia. Lo que quiero en realidad es plantear hasta que punto el ejercicio de violencia por parte del estado se encuentra en proporción con las acciones que se llevan a cabo en dichas manifestaciones.Está claro que de las posiciones y versiones de unos y otros colectivos no sacaremos nada en claro: el manifestante dirá que las cargas fueron desproporcionadas y que ellos en ningún momento hicieron nada. Las fuerzas policiales dirán que actuaron conforme al protocolo de actuación en este tipo de casos, y que los golpes eran necesarios para proceder a la detención. Desde el Gobierno, se tomará partido por apoyar a las fuerzas de seguridad, y no habrá ninguna intención de replantearse si la política de seguridad ciudadana no es quizá excesivamente represiva, a la vez que se recalcará que se trataba de un grupo minoritario de extremistas que empañó una acción pacífica. Sea como sea, será difícil clarificar quién tiene razón y quién no. Unos nos creeremos más a un grupo, otros al otro.
Pero ¿es esto lo que queremos?
Pero lo que sí se debe replantear es hasta que punto dicho grado de violencia estatal es el que los ciudadanos realmente queremos que se de. Esta violencia se apoya sobre la necesidad de prevención ante actos delictivos (que en el caso de las manifestaciones son los daños al mobiliario urbano por norma general,y cuyas detenciones y cargas pueden tener como objeto el hecho de impedir una reacción violenta mayor). Considero que estamos obligados a elaborar un debate amplio porque al fin y al cabo la represión estatal es una cesión que hace cada uno de los ciudadanos tácitamente. Me gustaría que un día se pusieran de una vez las cartas sobre la mesa, sin tomar partido por uno u otro colectivo, sin insultar al sector policial, sin denostar a los grupos antisistema, sin radicalizar a ninguno de los bandos, simplemente abriendo una discusión sobre la necesidad de que actos tan lamentables como los que se producen (que recordemos, son actos entre unos y otros ciudadanos al fin y al cabo) deban modificarse. Desde las instancias gubernamentales no podemos esperar nada: no va a cambiar la política en materia de seguridad, la represión se justificará de una u otra forma.
Por ello invito a una reflexión pacífica (aunque sé que es pedir demasiado, a un servidor no se le escapa de vez en cuando algún improperio cuando habla de estas cosas) que provoque un cambio y que, por una vez, podamos hablar de manifestaciones sin incidentes.
Pero ¿es esto lo que queremos?
Una vez más, una manifestación más, acabó con diversos incidentes. Según las fuentes, cinco policías heridos, varios desperfectos en el mobiliario y 24 detenciones. Es la norma, la triste norma de algo que nos estamos acostumbrando a ver con demasiada frecuencia. Y es algo que a la vez se convierte en una dinámica más que preocupante, sobretodo cuando se trata de manifestaciones de ciudadanos que se mueven en pro de sus derechos. No entraremos aquí en la discusión sobre si las cargas policiales son en este y en otros casos legítimas, ya que eso forma parte de otra reflexión mucho más amplia. Lo que quiero en realidad es plantear hasta que punto el ejercicio de violencia por parte del estado se encuentra en proporción con las acciones que se llevan a cabo en dichas manifestaciones.Está claro que de las posiciones y versiones de unos y otros colectivos no sacaremos nada en claro: el manifestante dirá que las cargas fueron desproporcionadas y que ellos en ningún momento hicieron nada. Las fuerzas policiales dirán que actuaron conforme al protocolo de actuación en este tipo de casos, y que los golpes eran necesarios para proceder a la detención. Desde el Gobierno, se tomará partido por apoyar a las fuerzas de seguridad, y no habrá ninguna intención de replantearse si la política de seguridad ciudadana no es quizá excesivamente represiva, a la vez que se recalcará que se trataba de un grupo minoritario de extremistas que empañó una acción pacífica. Sea como sea, será difícil clarificar quién tiene razón y quién no. Unos nos creeremos más a un grupo, otros al otro.
Pero lo que sí se debe replantear es hasta que punto dicho grado de violencia estatal es el que los ciudadanos realmente queremos que se de. Esta violencia se apoya sobre la necesidad de prevención ante actos delictivos (que en el caso de las manifestaciones son los daños al mobiliario urbano por norma general,y cuyas detenciones y cargas pueden tener como objeto el hecho de impedir una reacción violenta mayor). Considero que estamos obligados a elaborar un debate amplio porque al fin y al cabo la represión estatal es una cesión que hace cada uno de los ciudadanos tácitamente. Me gustaría que un día se pusieran de una vez las cartas sobre la mesa, sin tomar partido por uno u otro colectivo, sin insultar al sector policial, sin denostar a los grupos antisistema, sin radicalizar a ninguno de los bandos, simplemente abriendo una discusión sobre la necesidad de que actos tan lamentables como los que se producen (que recordemos, son actos entre unos y otros ciudadanos al fin y al cabo) deban modificarse. Desde las instancias gubernamentales no podemos esperar nada: no va a cambiar la política en materia de seguridad, la represión se justificará de una u otra forma.
Por ello invito a una reflexión pacífica (aunque sé que es pedir demasiado, a un servidor no se le escapa de vez en cuando algún improperio cuando habla de estas cosas) que provoque un cambio y que, por una vez, podamos hablar de manifestaciones sin incidentes.