Una vez más, una manifestación más, acabó con diversos incidentes. Según las fuentes, cinco policías heridos, varios desperfectos en el mobiliario y 24 detenciones. Es la norma, la triste norma de algo que nos estamos acostumbrando a ver con demasiada frecuencia. Y es algo que a la vez se convierte en una dinámica más que preocupante, sobretodo cuando se trata de manifestaciones de ciudadanos que se mueven en pro de sus derechos. No entraremos aquí en la discusión sobre si las cargas policiales son en este y en otros casos legítimas, ya que eso forma parte de otra reflexión mucho más amplia. Lo que quiero en realidad es plantear hasta que punto el ejercicio de violencia por parte del estado se encuentra en proporción con las acciones que se llevan a cabo en dichas manifestaciones.Está claro que de las posiciones y versiones de unos y otros colectivos no sacaremos nada en claro: el manifestante dirá que las cargas fueron desproporcionadas y que ellos en ningún momento hicieron nada. Las fuerzas policiales dirán que actuaron conforme al protocolo de actuación en este tipo de casos, y que los golpes eran necesarios para proceder a la detención. Desde el Gobierno, se tomará partido por apoyar a las fuerzas de seguridad, y no habrá ninguna intención de replantearse si la política de seguridad ciudadana no es quizá excesivamente represiva, a la vez que se recalcará que se trataba de un grupo minoritario de extremistas que empañó una acción pacífica. Sea como sea, será difícil clarificar quién tiene razón y quién no. Unos nos creeremos más a un grupo, otros al otro.