La Constitución Nacional -de la mano de los tratados internacionales con jerarquía constitucional hoy vigentes en nuestro país- reconoce a los ciudadanos como los titulares originarios de la soberanía -a través de sus representantes, debidamente elegidos-, por lo que -entre otros- asume los principios de publicidad de los actos de gobierno y de transparencia del obrar de la administración, como así también -complementariamente- el derecho de los ciudadanos a acceder libremente a toda información pública apuntando a fortalecer una democracia participativa e instituciones de gestión transparentes, a la vez que combate la corrupción en todos sus niveles.



