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Acceso a la Información Pública


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17/03/2013

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La Constitución Nacional -de la mano de los tratados internacionales con jerarquía constitucional hoy vigentes en nuestro país- reconoce a los ciudadanos como los titulares originarios de la soberanía -a través de sus representantes, debidamente elegidos-, por lo que -entre otros- asume los principios de publicidad de los actos de gobierno y de transparencia del obrar de la administración, como así también -complementariamente- el derecho de los ciudadanos a acceder libremente a toda información pública apuntando a fortalecer una democracia participativa e instituciones de gestión transparentes, a la vez que combate la corrupción en todos sus niveles.


La publicidad (entendida no desde el carácter comercial, sino desde la cualidad de público) funciona como una vía de control de los actos de gobierno, como herramienta para garantizar el correcto ejercicio de la función pública. Se trata de una exigencia a las autoridades, jamás reservada a su voluntad discrecional, que implica la divulgación de los actos o bien la simplificación de la accesibilidad a la información para todos los ciudadanos.

En la misma línea, la transparencia plantea la eliminación de la categoría documentación reservada o secreta -pudiendo haber algunas excepciones como los casos de defensa nacional, negociaciones internacionales, privacidad de las personas, por mencionar algunas-.

El libre acceso a la información podría explicarse como la obligación que existe en los funcionarios públicos de preservar y conservar toda documentación y ponerla a disposición de los ciudadanos y el derecho de estos últimos de buscar, solicitar y recibir información pública, tanto como documentación.

En 2006, un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció el derecho de acceso a la información pública como derecho humano fundamental, dando lugar a la existencia de jurisprudencia en la temática, a partir de lo cual diversos países han sancionado leyes al respecto.

En la actualidad no contamos con una ley de alcance nacional que lo regule a pesar de haberse presentado numerosos proyectos. El derecho está vigente, una ley establecería mecanismos y plazos claros y específicos para el pleno ejercicio de este derecho. 

A niveles municipales y provinciales existen normativas al respecto. Un ejemplo de ello es la Ley Provincial 8803 - DERECHO AL ACCESO AL CONOCIMIENTO DE LOS ACTOS DEL ESTADO sancionada en 1999 por el Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de Córdoba. La misma explicita alcances, límites, formalidades, plazos y responsabilidades.

Citando a Sergio Finzi, Director de El Valle -periódico independiente de Calamuchita-: “Los ciudadanos, vacíos de cultura de participación, muchas veces desconocen los mecanismos para pedir información y, de ante mano, suelen prejuzgar sobre las reales posibilidades de obtenerla y también se podrán preguntar para qué sirve disponer de ella, partiendo del supuesto que “todo lo maneja” el municipio y “solamente” el municipio. Eso sí que pertenece (…) al viejo esquema de “no te metas” (…). Se trata de informarse y conocer. Saber en qué se aplican los impuestos y tasas que cada uno abona, entender también con qué visión y estrategia se administran los fondos públicos, es responsabilidad de los ciudadanos; como también es de los que gobiernan el esfuerzo que deben hacer para dar a conocer qué y cómo gastan o invierten el dinero que administran por mandato de la gente.

El acceso a la información pública es responsabilidad de todos.





FUENTES:

·Constitución Nacional

·Mejor Democracia

· Periódico El Valle - Edición especial Agosto 2010.



También podés consultar:

· Organización de los Estados Americanos

· Asociación por los Derechos Civiles

· Campaña Saber es un Derecho

 

 

*Nota publicada en "1450 msnm - Periódico de Altura" el día 15 de enero de 2013



Etiquetas:   Políticas Públicas   ·   Democracia   ·   Derechos Humanos   ·   Gobierno   ·   Gasto Público

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