Reformas indispensables a la Ley General de Educación

Inicio > Política Nacional
04/03/2013

                                       …el daño más grave con estas faltas a la consistencia dentro



de nuestro Orden Jurídico Nacional, es de orden psicológico…









·        Preámbulo:





Elba Esther Gordillo Morales ha sido separada del poder que poseyó desde que en 1989 en una acción menos espectacular y contra su voluntad, Carlos Jongitud tuvo que despedirse del poderoso SNTE.





Durante cuatro sexenios la “Maestra” acumulo un poder formidable, adicional al que ya tenía en su tiempo Jongitud, tanto que se le llego a llamar la “Hoffa” mexicana por algún medio estadunidense.[i]





Entre sus facultades “metalegales” dentro del Sistema Educativo Nacional se encontraba el de nombrar o vetar a los secretarios de educación: el federal, y los locales, salvo algunos casos excepcionales. Además en las Secretarias de Educación estatales casi todos los cargos deberían contar con su visto bueno, ya directamente, o a través de los secretarios generales de las secciones sindicales correspondientes.





En el nivel federal, por lo menos una de las subsecretarías, a su elección, quedaba bajo el mando de alguna de sus gentes de más confianza, así como un sinnúmero de direcciones generales, y en las negociaciones salariales anuales eran sus enviados los que se encargaban de ejercer presión creciente ante las autoridades de la SEP, hasta que en el último momento, la Maestra se apersonaba en los Pinos para hacer la negociación final, en esto rara vez tomo en cuenta a ningún Secretario de Educación.





El SNTE ejercía además una doble presión sobre las autoridades educativas estatales. Presionaba en el centro por el aumento salarial general y en las entidades por las “prestaciones adicionales” y compromisos no cumplidos, ejerciendo una tremenda intimidación sobre aquellas que se resistían a ceder a sus reclamos, ciertos o fabricados.





Mucho se dijo que las inusuales presiones en tiempos de Zedillo por la CNTE, brazo beligerante del SNTE: plantones, tomas de oficinas, etc., fueron orquestadas, dirigidas y financiadas por la propia Gordillo, quien así salvaba la cara mientras mantenía en jaque a la autoridad.





Dueña de un fino olfato para acomodarse a las conveniencias políticas, en 1999 sin ningún pudor cambio informalmente de bando político apoyando a Fox en la campaña presidencial, algo que le valió enormes recompensas así como obtener su propio partido político por la vía más fácil y sin ningún reparo de las autoridades electorales. Se cuenta que con las fotocopias de las credenciales de elector en mano, no encontraron obstáculos para el cumplir con el mínimo de miembros para el registro. La mayoría de los profesores ni se enteró que mágicamente su nombre apareció como miembro de un nuevo partido.





En el inter, la Maestra se negó a renunciar al PRI haciendo mofa de los airados reclamos que le exigían abandonar el cargo de Secretaria General del Tricolor, algo a lo que se rehuso, sabedora de que tendría el cobijo de Fox en el Tribunal Electoral para salir impune de cualquier acción en su contra.





Ya en las elecciones de 2006, Gordillo emprendió aquella campaña de baja intensidad pero de efectos devastadores “tú le crees a Madrazo, .. yo tampoco”, en la que caravanas de coches de maestros se paseaban con globos y tocando el claxon todos los domingos en todos los rincones de la Republica.





Con Calderón su poder llego al clímax: controlo la SEP e hizo lo que quiso con los tres neófitos secretarios que aquel nombro;  se apodero además del ISSSTE, de la Lotería Nacional y hasta el secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica.





Gordillo intervino presionando para apoyar a muchos aspirantes a  gobernadores, hasta tiempos recientes.  Tenía el poder “compensatorio” para apoyar con operadores, votos o dinero a quienes se ganaban sus favores[ii], así como el poder “condigno”, para castigar con brotes de protestas y demandas laborales exhorbitantes a los que se negaban a atender sus “recomendaciones”.

 

·         Normas sindicales a la medida





Para lograr todo ese entramado de poder, Gordillo modifico los estatutos del SNTE a su gusto y conveniencia cuantas veces creyó conveniente, en cada caso, los documentos eran resguardados bajo el mayor sigilo; el Gobierno Federal y los locales le facilitaban todo lo que hiciera falta para que celebrara sus conclaves nacionales sin ninguna molestia.





La Democracia Sindical era un tema omnipresente en los discursos pero ausente en la realidad.





Eso le facilito armar toda una estructura de incondicionales, dispuestos a apoyar todos sus dictados, cuya disciplina era recompensada con cruceros y hummers cuando resultara necesario. Muchas canonjías y prestaciones disfrutaba también un ejército de “comisionados”  (mapaches) según la oposición, que se aparecían en tiempos de elecciones en las entidades federativas para operar a favor de sus gallos; algunos de ellos fueron identificados y copados en Baja California Sur.[iii]





La divisa en la organización sindical era la disciplina, cualquier falta se castigaba con el ostracismo y la segregación, apoyada en los estatutos que le conferían un poder omnímodo para quitar y poner gente a modo en todos los cargos.

 

·        Un poder superior a las normas Constitucionales





Cuando escribo acerca de este tema, no me refiero solo a las manidas transgresiones a la Democracia y a la Transparencia que se observaron en la vida interna del SNTE, eso por sabido se calla, sino a otros casos menos comentados que son una evidencia contundente de hasta donde pudo llegar el poder de la Maestra frente a las normas que nos rigen.





Mencionare solo dos casos que resultan muy aleccionadores, los dos tienen su fundamento en el artículo 3º Constitucional, que estableció lo siguiente:





VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan.

 

Son dos hipótesis normativas previstas en la fracción citada que fueron anuladas posteriormente mediante una norma inferior: la Ley General de Educación; para explicarlos iniciare por el segundo.





I.- Tal y como se puede leer, la disposición Constitucional citada ordeno el Congreso a expedir las leyes para: “señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan” …, sin hacer ninguna distinción entre públicos y privados. Pero, cuando observamos cómo fue que se “cumplió” descubrimos que las sanciones se orientaron a las instituciones particulares, nada que ver con las oficiales (dirigidas, faltaba más, por gente del SNTE).





El art. 75 de la Ley General de Educación se refiere a las infracciones[iv], los tres siguientes a las “sanciones”





Artículo 76.- Las infracciones enumeradas en el artículo anterior se sancionarán con:

 

I.- Multa hasta por el equivalente a cinco mil veces el salario mínimo general diario vigente en el área geográfica y en la fecha en que se cometa la infracción. Las multas impuestas podrán duplicarse en caso de reincidencia, o

 

II.- Revocación de la autorización o retiro del reconocimiento de validez oficial de estudios correspondiente.

 

III.- En el caso de incurrir en las infracciones establecidas en las fracciones XIII y XIV del artículo anterior, se aplicarán las sanciones establecidas en las fracciones I y II de este artículo, sin perjuicio de las penales y de otra índole que resulten.

 

La imposición de la sanción establecida en la fracción II no excluye la posibilidad de que sea impuesta alguna multa.

 

 Artículo 77.- Además de las previstas en el artículo 75, también son infracciones a esta Ley:





I.- Ostentarse como plantel incorporado sin estarlo;





II.- Incumplir con lo dispuesto en el artículo 59[v], e





III.- Impartir la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, sin contar con la autorización correspondiente.

 

Como se puede apreciar en todos los casos las hipótesis jurídicas contenidas en  las disposiciones se refieren a las instituciones particulares, estableciendo una excepción o distinción no prevista en la Constitución Federal.





II.- El segundo se refiere a la obligación del Congreso para unificar y coordinar la educación en toda la República.





La educación, tal como lo establece el mismo artículo 3º Constitucional, es un derecho Constitucional y por lo tanto una obligación del Estado –Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios–, en sus tipos básico y media superior.





Por lo tanto, es una función social que le corresponde entre los demás integrantes de la Federación al Distrito Federal.





No obstante lo anterior, en una aberración jurídica que contraviene el espíritu de nuestra Constitución, el interés general de la Nación se subordina al interés particular de una organización sindical, como se aprecia el artículo cuarto transitorio de la Ley General de Educación, que dice:





Cuarto.- El proceso para que el gobierno del Distrito Federal se encargue de la prestación de los servicios de educación inicial, básica incluyendo la indígena- y especial en el propio Distrito, se llevará a cabo en los términos y fecha que se acuerde con la organización sindical. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley y hasta la conclusión del proceso antes citado, las atribuciones relativas a la educación inicial, básica incluyendo la Indígena- y especial que los artículos 11, 13, 14 y demás señalan para las autoridades educativas locales en sus respectivas competencias corresponderán, en el Distrito Federal, a la Secretaría. A la conclusión del proceso citado entrará en vigor el primer párrafo del artículo 16 de la presente Ley.





Se puede apreciar sin dificultad que no existen justificaciones técnicas, pedagógicas, u otras de índole semejante que expliquen tal excepción para supeditar la federalización de la Educación, sin más, al  acuerdo con la organización sindical.





Se puede ver ademas que los valores aducidos para llevar a cabo de la federalización de la Educación, sin causa alguna se difieren, indefinidamente, supeditándolos a la voluntad de una organización sindical, algo simplemente aberrante jurídicamente, porque una Ley no puede contravenir la supremacía Constitucional sin violar el principio de consistencia que debe imperar en todo momento dentro de un Estado de Derecho.





Por los dos ejemplos antes mencionados, no resulta difícil observar que las presiones de la "Maestra" en esta ocasión se encaminaban a reducir la reforma Constitucional en materia Educativa, por medio de disposiciones legales tan aberrantes como las citadas, a fin de dejarla nuevamente sin efectos en la practica.

 

Quizás el daño más grave con estas faltas a la consistencia dentro de nuestro Orden Jurídico Nacional, es de orden psicológico: por una parte, la convicción de que lo que se hace está mal hecho jurídicamente, y por la otra, el sentimiento de impotencia al observar cómo se burla nuestra Constitución Política a ciencia y paciencia de quienes deberían salvaguardarla y se argumenta que es así como se hacen las cosas en nuestro País, y no hay nada más que hacer; porque en ambos casos se corroe desde sus cimientos nuestra autoestima nacional, la creencia en nuestro futuro, en nuestra democracia y en nuestro Estado de Derecho.

 

·        La doble evaluación para los profesores ¿se justifica?





No he incluido entre los excesos que se le atribuyen a Gordillo y al SNTE, su rechazo a que los profesores en ejercicio pudieran ser nuevamente evaluados por el mismo Gobierno que ya les evaluó a lo largo de todos sus estudios y en su examen profesional, otorgándoles su título profesional, y su protesta, que considere justificada en mi artículo titulado: Evaluación ¿Universal?.[vi]





Cierto que con las reformas en materia educativa, en el texto de la fracción III del artículo 3º de nuestra Constitución[vii] se establece que





III….. La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable a las Instituciones a las que se refiere la fracción VII de este artículo





Y cierto es también que con tales reformas se promueve la calidad en la enseñanza que impartan los profesores, pero tales reformas deberán ser entendidas y aplicadas tanto dentro de los principios que la propia Constitución establece, tales como la irretroactividad y el respeto a los Derechos Humanos, como de las exigencias de actualización profesional que imperan en este mundo de vertiginosos cambios en todos los órdenes.

 

·        Corolario:





Como se puede apreciar con estos botones de muestra, es mucho lo que se tiene que hacer aun para recuperar la rectoría Gubernamental en materia Educativa, como función que se le ha conferido por el Estado para prestar este Servicio Público.





Es también una gran oportunidad para recomponer todo el Sistema Educativo Nacional, estableciendo dentro de las leyes, ahora sí, los perfiles indispensables que deben cumplir quienes aspiren a ocupar algún cargo dentro del mismo, e impedir, como ocurrió durante el gobierno de Calderón que lleguen a los puestos de mayor importancia, políticos sin ningún conocimiento del tema, y a que en los gobiernos estatales, los puestos y funciones educativas, se usen simplemente como recompensas para premiar correligionarios, amigos o compadres.





Si no se prevee como evitar lo anterior con eficacia, lejos de resolver el problema educativo este se podria agravar y contribuir ademas a la balcanizacion del SNTE en facciones beligerantes e incontrolables, un escenario nada grato para los responsables de este Servicio Publico, fenomeno del que ya se tienen amargas experiencias en tiempos pasados.





Algo indispensable, además, es impedir que los inversores privados en materia educativa, sigan esquilmando incautos vendiéndoles licenciaturas milagro de seis meses, y posgrados de doctor en un año, sin  haber aprobado previamente la especialidad y la Maestría.





Aunque no está bien definida aun, la Calidad en Educación es un bien deseable y posible, la reforma Constitucional va bien encaminada en ese sentido, esperamos que cristalice razonablemente pronto y bien, queda mucho por hacer.

 

@adiazpi

[i] Así la bautizó la experta del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS) en Washington, Delal Baer  http://economia.terra.com.co/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201302271846_AGE_82040898



[ii] No hay que olvidar que Gordillo fue pieza clave para que en 1986 el PRI ganara la gubernatura de Chihuahua, en contra del PAN cuyo candidato fue Francisco Barrio Terrazas, a la postre Gobernador por ese estado, cuando los blanquiazules tenían todas las simpatías de John Gavin y se auto llamaban “los barbaros del norte”.



[iii] “Acusan operación de maestros en BCS”: http://www.eluniversal.com.mx/estados/67378.html



[iv] Artículo 75.- Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:

I.- Incumplir cualesquiera de las obligaciones previstas en el artículo 57;

II.- Suspender el servicio educativo sin que medie motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor;

III.- Suspender clases en días y horas no autorizados por el calendario escolar aplicable, sin que medie motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor;

IV.- No utilizar los libros de texto que la Secretaría autorice y determine para la educación primaria y secundaria;

V.- Incumplir los lineamientos generales para el uso de material educativo para la educación

preescolar, la primaria y la secundaria; Fracción reformada DOF 10-12-2004

VI.- Dar a conocer antes de su aplicación, los exámenes o cualesquiera otros instrumentos de admisión, acreditación o evaluación, a quienes habrán de presentarlos;

VII.- Expedir certificados, constancias, diplomas o títulos a quienes no cumplan los requisitos aplicables;

VIII.- Realizar o permitir se realice publicidad dentro del plantel escolar que fomente el consumo, así como realizar o permitir la comercialización de bienes o servicios notoriamente ajenos al proceso educativo, distintos de alimentos;

IX.- Efectuar actividades que pongan en riesgo la salud o la seguridad de los alumnos;

X.- Ocultar a los padres o tutores las conductas de los alumnos que notoriamente deban ser de su

conocimiento;

XI.- Oponerse a las actividades de evaluación, inspección y vigilancia, así como no proporcionar

información veraz y oportuna;  Fracción reformada DOF 19-08-2010

XII.- Contravenir las disposiciones contempladas en el artículo 7o.; en la fracción VII del artículo 12;

en el segundo párrafo del artículo 42 por lo que corresponde a las autoridades educativas y, en

el segundo párrafo del artículo 56; Fracción adicionada DOF 19-08-2010

XIII.- Incumplir cualesquiera de los demás preceptos de esta Ley, así como las disposiciones

expedidas con fundamento en ella. Fracción recorrida DOF 19-08-2010

XIV.- Administrar a los educandos, sin previa prescripción médica y consentimiento informado de los padres o tutores, medicamentos que contengan sustancias psicotrópicas o estupefacientes;

Fracción adicionada DOF 17-04-2009. Recorrida DOF 19-08-2010

XV.- Promover en los educandos, por cualquier medio, el uso de medicamentos que contengan

sustancias psicotrópicas o estupefacientes, y Fracción adicionada DOF 17-04-2009. Recorrida DOF 19-08-2010

XVI.- Expulsar o negarse a prestar el servicio educativo a niñas, niños y adolescentes que presenten problemas de aprendizaje, condicionar su aceptación o permanencia en el plantel a someterse a tratamientos médicos específicos; presionar de cualquier manera a los padres o tutores para que acudan a médicos o clínicas específicas para la atención de problemas de aprendizaje de los educandos. Fracción adicionada DOF 17-04-2009. Recorrida DOF 19-08-2010.



[v] LGE: Artículo 59.- Los particulares que presten servicios por los que se impartan estudios sin reconocimiento de validez oficial, deberán mencionarlo en su correspondiente documentación y publicidad.



[vi] http://www.reeditor.com/columna/4874/23/politica/nacional/evaluacion/universal



[vii] Diario Oficial del 26/02/2013 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5288919&fecha=26/02/2013

 

---

---

---

19264 publicaciones
4834 usuarios
Columnas destacadas
Los más leídos
Mapa web

Política
Economía
Sociedad
Cultura
Ciencia
Tecnología

Quiénes somos
Cómo publicar en Reeditor
Contacto