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España. Renovarse o morir


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03/03/2013


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El 18 de Noviembre de 1976, casi en las horas previas al primer aniversario de la muerte de Franco, las Cortes Generales votaron su autodisolución, iniciando el proceso de liquidación del franquismo que metía de pleno a la sociedad española en la Transición Democrática. Fue un acto de suicidio político de unas Cortes provenientes de una dictadura, en las que la totalidad de los diputados estaban allí por la gracia divina del Régimen. Sin embargo, muerto el dictador, fueron conscientes para darse cuenta de que la sociedad hacía años que vivía en otro país diferente al suyo y, que salvo un nuevo baño de sangre, las reclamaciones de apertura, cambio y mayor libertad, se iban a convertir en un clamor imposible de acallar, sobre todo cuando el Régimen, y sus diputados, sabían que se encontraban en un callejón sin salida, y las puertas de Europa permanecerían cerradas mientras la dictadura franquista, ya sin Franco, siguiera controlando el poder en España.


            Posiblemente, cuando los diputados a Cortes votaron de viva voz su apoyo o no al Proyecto de Reforma Política, no estaban pensando en alcanzar una democracia plena de libertades, y mucho menos en la legalización, pocos meses después del Partido Comunista. Pero sí eran conscientes de que un nuevo momento político, después de cuarenta años, se abría y que este sería imparable. Hicieron, pues, un ejercicio de praxis política, sabedores de que ellos ya no iban a tener que decir nada en la España que se aventuraba, para que la clase política emergente (muchos formaron parte decisiva en los nuevos tiempo) se sintonizara con un sociedad que vivía al margen de ellos, y había empezado a cambiar a mediados de los años sesenta.

A partir de ese momento, tras el referéndum del 15 de Diciembre para la Reforma Política (otro valor a tener en cuenta, el que unas Cortes dictatoriales traspasasen a la sociedad la última palabra de una importante decisión política), el camino hacia la democracia queda expedito y, con no pocas dificultades y mucha movilización social, se avanzó durante la Transición hacia una democracia similar a la de los países de nuestro entorno geopolítico. Cierto que con muchas imperfecciones, con demasiados resabios postfranquistas, que han imposibilitado el desarrollo de comportamientos democráticos más profundos, con un sistema electoral que da un poder inmenso a los Partidos, y reformas pendientes como la de la Justicia o una Laboral capaz de impedir que en épocas de bonanza económica la tasa de desempleo en España no baje de los dos millones de parados. Además del falso cierre que supuso el estado autonómico para acabar con el problema del encaje de las nacionalidades llamadas “históricas” en el Estado español.

Lo cierto es que hoy, ese mal diseño de la democracia que se hizo en La Transición, y que no voy a negar sirvió para salir de la oscuridad del franquismo y alejarnos de ella, en la medida que nos acercábamos a los sistemas de bienestar social y político de nuestros vecinos, está haciendo aguas por puro desgaste, acentuado por la crisis, el neoliberalismo gobernante que trata de desmantelar el pequeño estado de bienestar que habíamos construido, la ausencia de una sociedad civil con capacidad de intervención real en la política, y la conversión de los Partidos Políticos en un casta de dirigentes que gobiernan pensando más en sus intereses de élite, que en los problemas de la sociedad, distorsionando letalmente el papel que deben tener de articulación ideológica, para encauzar las necesidades, inquietudes y problemas que van surgiendo en la sociedad.

Cuando una mayoría de la ciudadanía empieza a pensar que los Partidos son parte del problema y no la solución a las dificultades que la aquejan, estamos ante un dilema que puede derivar en peligrosos populismos, que oculten tras una máscara de eficiencia el rostro del autoritarismo y el retroceso en derechos y bienestar. Cuando la ciudadanía ve el Congreso como un lugar ajeno a sus cuitas, irresolutivo  de los problemas del país, y encima blindado y custodiado por la policía, las cosas se están haciendo muy mal, y nos encontramos con discursos que sólo pretenden vaciar la política, para que ésta sea ocupada por grupos de poder que nadie ha elegido democráticamente y, por tanto, no tienen por qué someterse al control ciudadano. Cuando la corrupción está instalada en el seno de la clase política (por acción u omisión) incluida la Jefatura del Estado (se tramita una Ley de Transparencia que ya de entrada quiere excluir a la monarquía), y los Partidos nos son capaces de asumir sus responsabilidades, sean penales o políticas, ni de consensuar medidas contundentes que acaben con ella, la desafección hacia la clase política es imparable, teniendo en cuenta, además, que millones de personas no tienen para acabar el mes, en el mejor de los casos, comer o simplemente han sido arrojados a la pobreza pura y dura.

Cuando todas estas cosas y muchas otras que no caben en el espacio de este artículo están sucediendo con el agarrotamiento de la clase política surgida de La Transición, es obvio que España necesita un cambio, una nueva Transición que posibilite la intervención de la sociedad civil en política; que supedite a los Partidos Políticos al control ciudadano mediante una Ley Electoral que dé más poder a los elegidos y menos a los aparatos de los Partidos;  que introduzca mecanismos que preserven el estado de bienestar, convirtiendo este en un  derecho constitucional; que garantice el trabajo como un derecho, eliminado resabios laborales del pasado, con una  nueva clase empresarial y sindical; que se instaure un sistema fiscal en el que los ricos y el capital no paguen menos que los trabajadores, para poder distribuir la riqueza de una manera más justa y equitativa.

Casi cuarenta años después de la vuelta a la democracia, urge plantearse un nuevo periodo político, con la disolución democrática del Congreso de Diputados, y la convocatoria de unas elecciones constituyentes, para que podamos elegir entre los diferentes modelos de democracia que nos puedan proponer los Partidos, incluida la organización territorial del Estado, si queremos monarquía o república, y/o una España laica o el empastre que existe en la actualidad. Si no es la política la que toma las riendas del asunto, acabaremos en manos de cualquier Berlusconi al uso, y un personaje así en España da más miedo que vergüenza.



Etiquetas:   Elecciones

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