Copio a modo de homenaje artículo de junio 2007, cuando Adolfo Zaldívar
(QEPD) denunció el Trasantiago y la corrupción, defendiendo a la clase media.
Adolfo Zaldívar y la legitimidad del disenso
En su voto en contra del financiamiento extraordinario
al Transantiago, el Senador Adolfo Zaldívar fundamentó su posición crítica de
manera sólida, exigiendo responsabilidades políticas a quienes llevaron al
gobierno a verdaderas arenas movedizas.
En el fondo, su crítica no ha sido antojadiza sino
fiel reflejo de una realidad indesmentible: el fracaso de un proyecto donde, a
decir de Carlos Ominami, se juntó lo peor del socialismo y lo peor del
capitalismo. La
oposición manifestada por Zaldívar y en su momento también por Frei, significó
negarse a otorgar más recursos a un proyecto fallido, donde lo que se busca es
asegurar a los mismos operadores que han tenido la responsabilidad de los
incumplimientos, que su negocio sea positivo.
Alguien
dijo una vez que muchos empresarios son liberales para las ganancias y
socialistas para las pérdidas y por allí va la crítica legítima del Senador
democratacristiano Adolfo Zaldívar. Es el único que ha apuntado
expresamente al gobierno de Ricardo Lagos como responsable de este actual
fracaso, ya que fue su administración la que dejó a la Presidenta Bachelet un
pesado lastre de inauguraciones aceleradas, de contratos leoninos que amarran
al Estado en beneficio de los operadores, los cuales, sin cumplir con su
servicio, tienen asegurados sus ingresos. Cuestión que se repite en las
carreteras concesionadas, en situaciones de desprotección que siempre han
terminado afectando a la clase media.
Adolfo
Zaldívar cuestionó que se haya dado curso a proyectos a medias. En esa
crítica y con su voto disonante, el Senador demostró que una forma ética de
lealtad con un gobierno es la sana crítica que indique a tiempo las
correcciones que se debe realizar.
Quizás donde se equivocó el Senador Zaldívar fue en
personalizar la crítica en los ministros de Obras Públicas y de
Hacienda, porque ambos son actores que recibieron obras diseñadas y
presupuestadas, donde
correspondía al Ministerio de Transportes la coordinación de su ejecución y la
fiscalización de la marcha de los diversos contratos. Porque, contextualizando
de manera objetiva la función de Bitrán, se debe reconocer políticamente su
esfuerzo por descartar proyectos sin destino o de montos sobrevaluados como fue
el caso del puente sobre el canal de Chacao, que se pudo frenar a tiempo y en
ese momento se vio que había alternativas mucho más económicas y razonables
para la conectividad de la isla de Chiloé y el respeto a su identidad
histórica.
Debe
reconocer Adolfo Zaldívar que al personalizar la crítica al Trasantiago en el
Ministro Bitrán estaba imputando a quien, precisamente, está planteando la
corrección de los contratos leoninos que dejó la administración anterior;que
Bitrán ha impulsado una Superintendencia de Concesiones, lo cual es una sentida
necesidad pública de transparencia y, por tanto, debilitar al Ministro Bitrán
terminaba haciéndole el juego a las concesionarias que están viendo afectados
sus intereses por esta acción del Ministro.
Por
otra parte, respecto al Ministro de Hacienda, a este le corresponde velar por
la sanidad de las cuentas fiscales y no interviene en la gestación de los
proyectos de inversión ni participa de la legalidad de la contratación pública,
lo que es materia de la Contraloría General de la República. Por tanto, haber
apuntado a Hacienda como responsable del Plan Trasantiago es pasarle la factura
a quien no corresponde. Sin embargo, más allá de ese pedido de renuncia, que
pudo ser fruto de la vehemencia propia de un actor políico que debe posicionar
su mensaje en la opinión pública, lo importante que queda como corolario
de la votación de ayer es reconocer que las órdenes de partido no corresponden
a un sistema democrático moderno que se proclama como participativo y
ciudadano.
Siguiendo
los debates por la prensa y analizando las declaraciones del Senador en el
programa Última Mirada del día 20 de junio de 2007, se puede apreciar que el
calificativo de díscolo es una etiqueta superficial y mediática que no resiste
un debate documentado. Si actúa el Tribunal Supremo, o de Disciplina,
del PDC esa instancia se convertirá en una tribuna ideal para que Adolfo
Zaldívar pueda presentar su posición política y marcar de manera más extensa su
crítica al estilo de gobierno actual, reiterando la brecha entre lo que se
anunció como plataforma de cambio y lo que está resultando en la práctica
cotidiana.
La supuesta disciplina
partidaria jamás puede excluir el indispensable debate. Del mismo modo, el
pragmatismo político no puede soslayar principios fundamentales, donde la
responsabilidad política y la rendición de cuentas por la gestión son ejes
fundamentales.