. Nos pasa cuando se apuesta por un modelo económico, cuando se
habla de romper la dependencia con las grandes economías o cuando, simplemente,
se requiere invertir los recursos en necesidades fundamentales como la educación,
la infraestructura o la innovación. En democracias inmaduras, con oposiciones
que no han entendido su rol de contrapeso, la construcción de consensos para
emprender algún proyecto siempre es algo demasiado complicado, al punto que
parece que se debe construir sin el otro, contra el otro y a pesar del otro.
En naciones sin
un rumbo definido, sin una planificación estratégica hacia un estadio de
progreso, las iniciativas de cambio se vuelven controversias recurrentes, en
las cuales una discusión sucede a la otra sin que se tenga mayor interés que el
beneficio personal en detrimento del resto. Por eso resulta tan difícil
planificar y concretar la construcción de una carretera, de una reforma
educativa que realmente sirva para mejorar la capacitación de la gente, o
establecer qué tipo de inversiones requiere un país para generar empleos y una
distribución más justa de la riqueza y las oportunidades.
Estas
confusiones sobre hacia dónde ir y cómo llegar siempre aportan vacilación a
cada paso y nos obligan a regresar y reiniciar cada proyecto, ralentizando
todo. Lo podemos ver en nuestros sistemas de justicia que no alcanzan a generar
confianza en el ciudadano, o en nuestras leyes, que pueden ser interpretadas,
reinterpretadas, exacerbadas o ignoradas según la coyuntura. Y tenemos pruebas
de estas confusiones e indefiniciones en cada discusión sobre temas que ya
deberían haber sido superados hace años, pero que hoy siguen llenando espacios
mediáticos con mucho ruido y poco provecho.
Cuando pensamos
en las enormes necesidades de países como Paraguay, no podemos dejar de
escandalizarnos al ver que no hay consensos para hacer proyectos que permitan
cambiar la matriz energética del país ni para dejar de aparecer como uno de los
países con la menor infraestructura vial de la región. Aunque todos estén
conscientes de que hay que renovar el obsoleto sistema de transporte público,
no hay un acuerdo para tener un metrobus ni para trenes eléctricos, ni siquiera
eficiencia para lograr que las chatarras dejen de circular. Mientras en los
países desarrollados se busca que los sistemas de trenes sean más rápidos que
los aviones, en países atrasados se sigue discutiendo sobre subsidios a
sistemas ineficientes o sobre la falta de cumplimiento de normas básicas. Tan
ineficientes son las autoridades y tanta desidia hay que ni siquiera se ha
logrado que las unidades del transporte público de pasajeros cierren las puertas
cuando están en movimiento.
Un pantano para
el progreso lo constituye la innecesaria controversia sobre el presupuesto a
las universidades. A pesar de los ejemplos de Finlandia, Noruega o Singapur
–que progresan porque invierten en educación-, los latinoamericanos siguen
atrapados en la esterilidad de los recortes a las universidades, en las peleas
por cuotas de poder y en la absurda politización de los recursos para la
formación de la gente. En lugar de un proyecto común y de asumir la convicción
de que nos urge tener universidades competitivas y estudiantes preparados, la
discusión se traslada hacia las antipatías personales de gobernantes y
rectores, hacia los cupos políticos en las esferas de poder o hacia los nombres
de los administradores de la chequera.
Con este tipo de
empantanamiento recurrente, que deriva en el deporte nacional del palo en la
rueda, difícilmente podamos lograr consensos para tener una mejor
infraestructura, un mejor sistema educativo o tan solo un transporte público
decente. La planificación de una nación debe ponerse por encima de los grupos,
las facciones o las discusiones kafkianas. ¿Cuándo aprenderemos a ponernos de
acuerdo para construir el país que queremos?