En México,¿ es el gobierno débil y los violentos fuertes?

 

 

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Desde la convocatoria de Felipe Calderón a la guerra contra la violencia organizada en el 2006, el país ha aportado quizá más de cien mil personas, un daño material alto y lo peor, un perjuicio emocional-social de largo alcance. Este escenario indudablemente ha afectado la economía por diversos factores: la imagen de inseguridad para atraer capitales extranjeros, la percepción de violencia entre la población y los actos reales detonados, el robo, asesinatos y secuestros, ha daños también la productividad y el posible crecimiento económico.

Todo lo anterior fueron parte de los argumentos de los electores el 6 de julio del 2012, para ya no seguir votando por los candidatos del Partido Acción Nacional y optar por darle de nuevo la oportunidad al PRI en la persona de Enrique Peña Nieto para dirigir los destinos del país. Saldos negativos que recibe el nuevo Presidente y que revertirlos resultan nada fácil.

En el entramado de la violencia, preceden vertientes de diverso origen que hacen complicado discernir y tener claridad de sus características. México venía arrastrando aún años atrás una constante de secuestros, violaciones a mujeres como en la caso de la fronteriza Cd. Juárez, violencia armada y robos de vehículos, por otro lado, las redes de vendedores de droga para el comercio internacional y lo local. El esquema del combate ha ido preferentemente a los narcotraficantes y éstos como mecanismo de defensa se han atrincherado en sus regiones de predominio, aunado a ellos, los grupos delincuenciales de otro orden han potenciado su presencia impulsados por las capacidades e inteligencia defensiva de los narcos, cobros de piso y cuotas de protección, entre otros.

 

Enrique Peña Nieto a través del Sistema Nacional de Seguridad ha dado los primeros pasos para estructurar el combate iniciado por el Ex presidente Calderón. Por lo pronto replanteó el modelo y diseñó uno regional, en dónde, confluyen tanto al Sistema, los Gobernadores, el Ejército y La Marina. Es tiempo de que aún no se identifican los beneficios de este ajuste, quizá uno de los problemas fundamentales sean las debilidades de las capacidades locales-policía municipal y estatal- y el entreverado de intereses al interior de las mismas, que permiten todo tipo de filtraciones a las redes del narco y de la violencia. El reto entonces es mayúsculo, la creación de La Gendarmería representa una opción que pudiera estar en mejores condiciones de dar respuestas a la sociedad, para podría operar hasta el 2014.

Mientras tanto, la delincuencia de todo tipo se ha crecido y asesta golpes entre los sectores más desprotegidos de la población, aumenta su presión contra pequeños y microempresarios con sus cuotas y asesinan a quienes se resisten a sus demandas.  Lo que mediáticamente provoca un gran impacto entre la población y tensiona los nervios sociales.

En la medida que las respuestas institucionales tardan, la sociedad se achica o se revela. La experiencia que se vive en más de 15 municipios del Estado de Guerrero es aleccionadora en la autodefensa comunitaria, inteligencia social que aunada a la capacidad legal coercitiva de la autoridad podría dar buenos resultados. El apotegma de que “el valiente vive mientras el cobarde quiere” puede cumplirse en la medida en que el gobierno sea capaz con honestidad, de  trabajar en conjunto con los grupos sociales y no desacreditar su participación. El fenómeno crece en diversas regiones del país y las marchas por la paz se asumen como la expresión del hartazgo frente a la inseguridad de bienes y vidas inocentes.

Ni los criterios de información, ni las estadísticas, por sí solas podrán cambiar el estado de cosas. Ya no es cuestión de percepción, sino de la certeza de la violencia cercana y en esta lid la confianza de los ciudadanos es un proceso que exigirá mayores resultados, dar certidumbre implica una mayor interacción de la autoridad con su comunidad, respuestas honestas y eficientes a sus problemas, romper el clima de desconfianza ante los actos de la autoridad jurisdiccional, resoluciones de jueces y actos de ministerios públicos que favorecen la injusticia, no solapar a policías de todo tipo por sus tropelías y actos de soberbia, atacar la corrupción de los funcionarios de cualquier nivel y que responden los dirigentes por sus actos frente a la sociedad.

Volver a la paz que implique trabajo, producción y riqueza, obliga a un rediseño de las políticas públicas centrales, regionales, estatales y municipales, en lo vertical y horizontal, tener claridad de que a quien se sirve es al pueblo y no a los intereses de unos cuántos, en pocas palabras: recuperar la legitimidad de la autoridad pasa por una real Democracia política, social y económica,  que de no darse, las posibilidades de atenuar o eliminar el escenario de la violencia en México será cada vez más difícil.

Para tener un gobierno fuerte, necesitamos un Estado en el que sus integrantes asuman que las reglas establecidas se cumplen, que los programas económicos y sociales satisfacen las expectativas de quienes los requieren para su organización productiva y comercial, que las agendas para los grupos marginados son reales y capaces de modificar la condición en que viven, que hay un proyecto de Nación y que en él todos estamos insertos.

En la medida en que el gobierno de Enrique Peña Nieto impulse estas políticas, será posible regresar el país a la armonía que demanda la necesidad de crecer en lo económico para desarrollarnos como sociedad

UNETE



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