. Los
cuatro años anteriores, los que coinciden con el proceso de desconstrucción del
Estato social según el modelo europeo de posguerra, la caída de la inversión
pública en investigación, educación, sanidad y servicios sociales, nos ha
dejado en el nivel de desarrollo humano que teníamos a finales de los noventa.
Es decir, en cuatro años hemos retrocedido a la situación previa al inicio de
la burbuja inmobiliaria y financiera. Sin embargo, los niveles de productividad
económica y de creación de riqueza son similares a los que había justo antes de
la crisis. Los datos no mienten: en cuatro años, el PIB solo ha retrocedido un 5%, contando el retroceso
del 1,3% de 2012. Esto nos sitúa en 1,04 billones de euros de
producción bruta anual. Es decir, cada año, en España, se producen más de un
billón de euros, lo que permite tener un PIB per cápita de 23.000 euros. Una
simple multiplicación nos permite comprender que el nivel de riqueza de España
es descomunal y que el problema no está en la producción de riqueza, según los
parámetros del modelo actual, sino en el nivel de la distribución de la misma.
Si el reparto de la riqueza fuese tan igualitario como lo muestra el dato
del PIB per cápita, cada familia media disfrutaría de 92.000 euros al año de
riqueza total. Ahí se cuenta tanto lo que percibe salarialmente como los
servicios que el Estado presta a todos los ciudadanos: educación, sanidad,
limpieza, transporte, cultura, etc. Sin embargo, lo que sucede es que hay una
pequeña parte de la población, exactamente el 10%, se apropia de la mayor parte
de la riqueza producida cada año y eso implica que el resto debe repartirse una
cuantía inferior. Los datos del Informe Foesa, de
Cáritas, lo muestran con meridiana claridad. Hasta 2005, fecha que puede
tomarse como el fin del anterior modelo expansivo, en España se dedicaba un 20%
del PIB a políticas sociales, mientras la media de UE rondaba el 28% del PIB,
llegando al 35% en los países nórdicos. Otro porcentaje similar iba destinado a
educación, sanidad, investigación y otros gastos públicos. Eso nos permite ver
que la mayor parte de la riqueza producida en España estaba dedicada a agrandar
las fortunas de la parte de población que ya disfrutaba de enormes privilegios.
Por otro lado, durante los años de crecimiento exponencial especulativo, al
grito de "bajar impuestos es de izquierdas", se redujo la carga
impositiva de esa parte enriquecida de la población, pasando de una tributación
total neta del 56% en 1996 a menos del 35% en 2012. El dato nos dice con total
rotundidad que gran parte de la crisis del Estado que sufre España no es debida
a la deuda, sino a la descapitalización del Estado por medio de la reducción
fiscal a las grandes fortunas y capitales. Si no se hubiera dado esta reducción
impostiva, el Estado habría ingresado en los últimos 10 años más de 300.000
millones de euros, cifra que es semejante al montante total del rescate
bancario más los recortes y las reducciones salariales. Dicho de otro modo, si
los enriquecidos de este país hubieran pagado sus impuestos, nada de lo que hemos
visto habría sucedido. En todo caso, se habría hecho pagar el pinchazo de la
burbuja a los especuladores.
Mirando hacia este año que hemos comenzado la perspectiva es muy oscura.
Estamos en 6 millones de parados, lo cual quiere decir que hemos reducido en un
25% la masa asalariada de España. Si este dato tuviera relación con el sistema
productivo, el PIB debería haber sufrido una contracción semejante o cercana,
pero hemos visto que solo se ha reducido un 5%. Esto quiere decir que hay tres
millones de trabajadores menos, pero los que trabajan produce casi lo mismo.
Por otro lado, tenemos que la masa salarial bruta ha perdido 2 puntos respecto
al excedente bruto de explotación. En paladino, mientras las empresas ganan más
parte del pastel, los trabajadores ganan menos. Existen datos espeluznantes
como el de el dueño de Inditex: mientras sus trabajadores han visto reducidos
sus salarios reales, la riqueza personal de este señor se ha duplicado en los
últimos cuatro años.
Tras descapitalizar el Estado mediante las reducciones fiscales y luego de
la privatización de servicios públicos, el siguiente paso, el que este gobierno
dará este año, es desmantelar el sistema público de pensiones. De semejante
manera a como se ha venido reduciendo la carga fiscal para las rentas altas,
también se ha venido produciendo una reducción de las bases imponibles
empresariales en los últimos 10 años. Primero fue con la excusa de que la
economía iba bien. Se redujeron dos puntos de las cotizaciones a la Seguridad
Social de los empresarios. En la última reforma se aplicó una reducción de dos
puntos más a aplicar en dos años. Junto a esto se articularon una serie de
incentivos y reducciones en cotizaciones que permiten a algunas empresas
reducir hasta en un 20% sus cotizaciones, sea por contratación de parados de
larga duración, de jóvenes en busca de empleo o de mayores de 60 años. La
cuestión es que la SS está siendo descapitalizada para forzar su progresiva
sustitución por un sistema privado de aseguramiento.
Negras perspectivas para este año de mal augurio para algunos. Pero también
es cierto que todo esto puede cambiar si nos ponemos a ello. Es cuestión de
empezar a pensar y actuar como adultos y dejarnos las formas de actuación
infantiles. En el fondo, todos somos culpables de este robo sistemático de lo
que de todos.
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