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Es decir, conforme a los tiempos de la
legislación de amparo, puede impugnarse dentro de los primeros 30 días de haber
iniciado su vigencia o dentro de los quince días del primer acto de aplicación
en perjuicio de alguna persona.
En nuestro caso, la nota va encaminada a
destacar la indignación, la molestia y el sentimiento de repulsión que obtuvo
la medida que se indica entre los organismos empresariales, capitanes de industria
y aquellos que manejan el pago de salarios a favor de trabajadores.
Se le llama impuesto al acto por el cual
el gobierno obliga al particular a cubrir determinadas cantidades para sufragar
los gastos del propio gobierno.
Cuando un particular deja de contribuir
en la medida de sus posibilidades o de las que le señale la ley, de inmediato
se torna en un evasor de impuestos, lo que significa pena de prisión, sin mayor
miramiento.
Sin embargo y aquí es donde aparece el
interés por participar del debate surgido, ¿qué hacer cuando todos los súbditos
o gobernados entienden que el impuesto que se pretende cobrar es injusto? Es
decir, ¿cómo debe comportarse el particular ante la orden de autoridad ajena a
un recto proceder, como ha denominado la Suprema Corte a quien se aparta de la
conducta correcta?
En la especie, incrementar del 2 al 3
por ciento el monto del impuesto sobre nóminas, además de que de fondo no
resuelve en modo alguno la situación de las finanzas del estado, sí logra
generar un clima de molestia entre la población, llámese sindicatos,
cooperativas, patrones y aún entre los propios funcionarios gubernamentales,
que a sotto voce han manifestado su
descontento con la medida.
Y así habrá de ser. Mientras el gobierno,
el que sea, utilice la capacidad de recaudación vía impuestos para satisfacer
necesidades que no son del todo legítimas, mientras no exista la tan anhelada
transparencia en la cosa pública, no podrá haber una buena recepción a las
disposiciones recaudatorias que los gobernantes inventen.
Por supuesto, la medida está dirigida,
aún cuando no sea la intención de quienes la inventaron, a terminar con las
micro, pequeñas y medianas empresas del estado, aquellas a las que por otra
parte se les trata de apoyar con programas del mismo gobierno.
Las grandes empresas ya resolvieron el
problema: sacaron la nómina del estado y ahora, ya no pagan ni el tres, ni el
dos ni nada de impuestos por concepto de nómina.
La pregunta es: ¿Acabar con la planta
productiva por medidas torpes, será lo que requiere el estado?
Vale la pena. Me gustaría conocer su
opinión.
José Manuel Gómez Porchini / México debe salir adelante
jmgomezporchini@gmail.com / http://mexicodebesaliradelante.blogspot.com
