. Como de costumbre, la
Administración impone criterios absurdos, sin escuchar al verdadero conocedor
de los centros: el profesorado.
Los recortes efectuados durante el curso
2011-2012 en las nueve provincias de Castilla y León no tenían ni pies ni
cabeza. La propia Consejería actuó como “un elefante en una cacharrería” y así
salió la cosa. Durante el presente curso muchos centros no han podido admitir a
todo el alumnado que lo ha solicitado porque el profesorado carecía de horas
lectivas. Claro que, esas cuestiones le dan igual a la Administración
educativa. El caso es aportar para la educación y la sanidad lo menos posible y
así poder equilibrar cuentas políticas que son fruto del abuso y del desorden,
aunque sea a costa del contribuyente. Por cierto unas cuentas excesivamente
opacas para quedar bien.
¿Qué se han recortado ellos, los políticos? Sin
embargo, ahí tienen la corrupción actualizada día a día: caso “Bárcenas” sin
resolver y lleno de ‘mierda, caso “Gürtel” en Castilla y León no
suficientemente aclarado, caso “Lasarte” en Castilla y León, dietas
descontroladas en las Cortes de esa misma comunidad, fundadas sospechas sobre
presunta corrupción en la cabeza del Ayuntamiento madrileño,… hay más, mucho más.
La Consejería de Educación de la Junta de
Castilla y León, haciendo uso de su demostrada ineficacia y mala planificación,
va a amortizar un gran número de plazas de profesorado. Todo ello va a
dificultar el desenvolvimiento diario, redundar en el caos organizativo, el
desprecio a la calidad y la renuncia a la excelencia educativa por parte de la
Consejería. Incluso dificultará el concurso de traslados anual. Está claro que
el elenco de inútiles que planifican la educación en la Consejería y en el MEC
es difícil de superar y deberán pagar cuando salgan de las poltronas; hay que
evitar por todos los medios que vuelvan a salir en las próximas elecciones: con
la corrupción demostrada, el abuso y el desprecio a la ciudadanía se ha colmado
el vaso. ¡Que se vayan, por Dios, que se vayan!
La Consejería de Educación pretende -- por
imposición, sin razonamientos y sin criterios claros— la traslación a la
plantilla jurídica de las medidas de recorte de la Orden EDU/491/2012, de 27 de
junio. Una orden a la que se opuso el profesorado con todas sus fuerzas y
ridiculizando a quienes la habían ideado, elaborado y redactado. Ya se sabe que
“cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el
respeto”. Esa norma supone un claro retroceso de la educación en Castilla y
León; incluso, como bien han dicho algunas organizaciones sindicales de
docentes: “es un claro retroceso con respecto al Acuerdo de 19 de mayo de 2006,
alcanzado con la Consejería de Educación de Castilla y León”
Con las nuevas medidas de la Consejería de
Educación se lesionan los intereses de los docentes y del conjunto de la
sociedad. Cualquiera diría que en la Consejería de Educación han marcado al
profesorado como enemigo público. Nunca tan pocos hicieron tanto daño y tan
continuado. La gravedad de los recortes atentan, en gran medida, a la igualdad
de oportunidades educativas del medio rural. Lo raro es que la calle siga tan
tranquila.
Jesús Salamanca Alonso
