La prioridad del Presidente de la
República se fundamenta integralmente en la aprobación de las reformas que se
plantearon a través del Pacto por México, su estrategia es construir esas
reformas mediante el trabajo político.
El día de ayer en un hecho
inédito, el Presidente Peña Nieto, acudió a una comida con los coordinadores
parlamentarios del senado, en las propias instalaciones de esa cámara.
Lo que en una democracia tendría
que entenderse como un suceso normal, en la nuestra es una circunstancia
extraordinaria, toda vez que desde hace más de una década, el congreso estuvo
materialmente cerrado para los dos anteriores mandatarios.
Bajo esa coyuntura, resulta
trascendente señalar el cambio de actitud, sobre todo porque infiere una
apertura al dialogo y el respeto de las investiduras, se puede no estar de
acuerdo, pero eso no significa que los temas no se puedan discutir
civilizadamente.
Desde el inicio de su gobierno, el
Presidente ha venido impulsando una dinámica de apertura y consideración al
posicionamiento de las fuerzas políticas, contrario a lo que se pudo pensar el
Presidente no abusa del protagonismo del poder.
No todos los liderazgos se imponen
en el autoritarismo, la lectura del equipo presidencial parte de un diagnostico
que señala la necesidad de una modalidad que combine negociación hacia fuera y
mucha disciplina hacia adentro.
Porque no puede atenderse la
agenda política nacional bajo una sola condición, la amalgama de la diplomacia como
forma de entendimiento con los rivales por una lado y la aplicación del orden
con los propios, por el otro.
De hecho y aunque no se trate de
compartir ese poder, al involucrar en las decisiones a las fuerzas políticas
formales, el mandatario busca consensos que le permitan desarrollar un plan de
trabajo factible.
Sobre todo porque la gran mayoría
de los temas que componen la agenda de su esquema, dependen de la consolidación
de reformas que necesariamente tienen que ser aprobadas por el legislativo.
El argumento para evitar que la
tradicional parálisis legislativa se convierta en un obstáculo insalvable, es
precisamente hacer que exista una participación activa de todas las
expresiones.
Esto no quiere decir que la
apuesta exija la unanimidad, sino mayorías suficientes para lograr que las
cosas sucedan, no hay una obligación de que todo lo que se plantea cuente con
consenso total, se trata de establecer conformidad en torno a los proyectos.
El aspecto de la unanimidad es
básicamente mediático, no es una obligación legal, en estricto sentido eso
además llevaría a un desgaste innecesario, concesiones que de suyo ponen en
riesgo la esencia misma de los valores democráticos.
Claro que en esa búsqueda siempre
se correr el riesgo de que las reformas propuestas se tengan que modificar para
la oposición haga sentir su peso específico y de alguna manera eso pueda
otorgarles ventajas en la competencia electoral.
En ello el régimen tendrá que
desplegar efectivamente toda su capacidad de convencimiento para que esos acuerdos,
no signifiquen modificaciones sustanciales que desvíen el objetivo.
Ahora bien, la estrategia
presidencial y su tendencia al dialogo ha funcionado en primera instancia,
precisamente porque las diversas corrientes representadas en el congreso han consentido
en ella.
El signo de madurez mostrada hasta
ahora, también tiene que entenderse como un esquema de posicionamiento, no
siempre obstruir al gobierno resulta positivo.
La expectativa que ha generado el
gobierno esta primera etapa, ha resultado positiva en general, una posición
radical podría implicar una sensación de cerrazón que seguramente no beneficia
a los partidos de oposición.
La sociedad clama por
transformaciones, pero sobre todo porque estas transcurran en el acuerdo
responsable, los intereses de grupo, mas aun los eminentemente electorales, son
un tema que la sociedad ha reprobado constantemente.
La exigencia pues se relaciona con
la búsqueda de resultados y estos solo podrán conseguirse en la comunión de
objetivos, aun y cuando ideológicamente existan visiones diferentes.
Si la prioridad es empujar
transformaciones reales, la principal tendrá que ser la reforma en materia
hacendaria, toda vez que nada podrá lograrse sin los recursos necesarios para
llevar a cabo los ambiciosos proyectos gubernamentales.
Los procesos económicos, tendrán
que reflejarse en beneficios tangibles para la sociedad, es decir revertir esa
sensación de tener un gobierno federal rico y estados y municipios pobres, como
ya lo hemos apuntado repetidamente.
Parte fundamental de esta reforma,
tiene que ver no solamente en la forma en que se cobran los impuestos, esa
seria solo una solución parcial, una reforma fiscal.
Porque en contraparte una reforma
hacendaria tiene que atender otros aspectos, que en la integralidad generen
condiciones favorables para el desarrollo económico nacional.
En ello es fundamental establecer
orden como premisa básica de actuación, de esto se desprende la iniciativa para
regular el endeudamiento de estados y municipios, una nueva ley que exija responsabilidad.
Porque la situación que priva en
muchas entidades y alcaldías, catastrófica en algunos casos, precisamente ayer
el Secretario de Hacienda Luis Videgaray, ponía como ejemplo el asunto del
ayuntamiento de Othon P. Blanco.
Videgaray reconfirmo la postura
oficial, en el sentido de la imposibilidad real del gobierno federal para
realizar rescates financieros, primero porque no habría recursos suficientes
para ello, pero también porque no se va a premiar la irresponsabilidad, los
excesos y la corrupción.
Tajante el Secretario de Hacienda
indica que desde el gobierno federal, no se van a financiar malos gobiernos,
decíamos usando a Chetumal capital de nuestro estado como referencia puntual.
La reforma hacendaria deberá
orientarse entonces, a generar condiciones, regulando de forma que la autonomía
no signifique una herramienta para el libertinaje que cundió como epidemia en
diversas regiones del país.
Independientemente de la medición
de los acuerdos que conforman el Pacto por México, la velocidad con que se
logren, trasciende y por mucho la actitud del régimen y sus contrapartes,
porque parece que por primera vez en mucho tiempo se pondera el beneficio
general.
Es una suerte de equilibrio y eso
es muy positivo, la consideración de que el gobierno necesita el acuerdo de sus
opositores para avanzar y la madurez suficiente de los partidos políticos a
través de sus representantes en el congreso para actuar en consecuencia.
Saber diferenciar la competencia
electoral con lo que eso implica, de la tarea legislativa responsable, donde la
intención no es firmar cheques en blanco, pero sí de discutir las propuestas
gubernamentales.
Hacerlo en al ámbito de la
responsabilidad republicana, que no solo aportaría el consenso necesario que
impulse las reformas, sino porque en consecuencia se establece una sana
costumbre.
Siendo así en lo sucesivo, la
evolución política por definición tendría que transcurrir en esa separación
adecuada del aspecto electoral y el gubernamental, como herramienta de
entendimiento.
Sin echar campanas al vuelo,
porque apenas estamos observando las primeras muestras de voluntad, al menos el
escenario se ve positivo, en la medida que se avance bajo estos argumentos,
podría pensarse que un retorno al radicalismo será más difícil.
Esto no quiere decir que el
fundamentalismo desaparezca en el ejercicio político, ese riesgo siempre estará
latente, sin embargo hay elementos para pensar que desde el inicio hay una
política de estado para priorizar los acuerdos con trabajo político.
guillermovazquez991@msn.com
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