Los mapuches y el fantasma terrorista

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09/01/2013

Estamos todos horrorizados por el último asesinato en La Araucanía. En este contexto, tal vez resulta difícil ponderar los hechos y su significado. Quisiéramos ser lo más solidarios y delicados con las víctimas de violencia.

Si bien es valorable el intento de don Gonzalo Arenas, en su columna del lunes de hacer caer en la cuenta a su sector de que el conflicto territorial en La Araucanía no se soluciona con garrote y zanahoria, encontraría tremendamente perjudicial que se instalara en la opinión pública la sensación de que “no tiene solución” y que tenemos que acostumbrarnos a la violencia.

Ya el gobierno anterior al finalizar su mandato y constatar su fracaso, hablaba de “administrar” el conflicto. Instalar esa idea sería tremendamente perjudicial. Sí hay camino para la paz, pero es el que sistemáticamente ignoran todos los gobiernos: se debe tomar en serio la restitución de los territorios ancestrales, y esto implica asumir los costos. Tarde o temprano algún gobierno tendrá que emprender ese camino, para el cual la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato —que Ricardo Lagos convocó sólo para luego desechar sus conclusiones— planteó mecanismos muy concretos (Comisión de Reparación con posibilidad de declarar tierras expropiables). 10 años después el director de Conadi actual, que ha hecho sumos esfuerzos por las vías legales disponibles, plantea que la institucionalidad que tenemos no da el ancho para este tremendo desafío. Todo lo otro que se haga (programas sociales, reconocimiento constitucional, cupos en el parlamento, etc.) puede ser muy necesario, pero no es el tema en disputa.

Como muestra de esto, señalo la demanda número 1 que le hicieron a Sebastián Piñera las comunidades que aceptaron el programa ADI en Ercilla:

“Una amplia protección y recuperación con solución urgente de las demandas de tierra de todas nuestras comunidades, tierra que sostienen indebidamente las forestales y particulares, que por su larga espera ya se hace insoportable y se empieza a generar por distintos lados serios conflicto de recuperación por la vía de los hechos que es de público conocimiento”.

Esa demanda es la que nunca un gobierno ha querido escuchar, y es el motivo por el que los jóvenes hoy emprenden otros caminos. La violencia continuará mientras el tema territorial no esté sobre la mesa de negociación.

Los no mapuche debemos entender esto. También creo que podemos aportar llamando al gobierno a la calma. Es en esa línea que quisiera aportar una breve reflexión sobre la actual declaración de lucha contra el supuesto “terrorismo”, lo cual es un tremendo retroceso y estoy seguro que tendrá consecuencias mucho más desastrosas.

Las “luchas contra el terrorismo” se inspiran en lo que Günther Jakobs llamó el “Derecho Penal del Enemigo”. Esta doctrina penal considera que en determinadas circunstancias “el derecho penal del ciudadano, la garantía de vigencia del derecho” pierde validez y el Estado puede vulnerarlo. Esta pérdida de la calidad de ciudadano, el autor la justifica en tanto “la exclusión del terrorista es autoexclusión”. La argumentación de Jakobs continua planteando que “el Estado, en caso de extrema necesidad no podrá imponerse tabúes en el ámbito de las medidas dirigidas contra terroristas”. Finalmente Jakobs, se hace la pregunta de si “¿puede conducirse una guerra contra el terror con los medios de un Derecho penal propio de un Estado de Derecho?” y se responde que “un Estado de Derecho que todo lo abarque no podría conducir esa guerra; pues habría de tratar a sus enemigos como personas”.

La argumentación del gobierno y algunos parlamentarios respecto al conflicto territorial en La Araucanía se está enfocando demasiado en esa dirección: criticando resoluciones judiciales de amparo contra fuerza policial desmedida, instando a encarcelar personas de los que no hay prueba alguna que los ligue a delito, llamando a declarar Estado de Sitio y dando declaraciones públicas usando los conceptos propios de la doctrina del “enemigo”.

Creo que no existe hoy en el movimiento mapuche facción alguna que justifique los asesinatos, y si los autores de los últimos asesinatos fueran mapuche —eso la justicia debe probarlo, y la ley antiterrorista ha demostrado antes ser una herramienta que más bien sirve para acusar al voleo—, más bien me inclinaría a pensar que se tratara de situaciones que no fueron planificadas como terminaron. Pero este giro podría llegar a ocurrir si es que el Estado insiste en declarar la guerra. Esto no implica impunidad, sino una persecución delictual acorde a un Estado de Derecho.

Bajo los criterios de la Resolución de la Asamblea General de la ONU (2006), el terrorismo se trata de “actividades cuyo objeto es la destrucción de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la democracia, amenazando la integridad territorial y la seguridad de los Estados y desestabilizando los gobiernos legítimamente constituidos”. Es evidente que en Chile no hay terrorismo. Para prevenir el terrorismo, a los países con conflictos sociales agudos la ONU plantea “la solución de controversias por medios pacíficos y de conformidad con los principios de la justicia y el derecho internacional, el derecho a la libre determinación de los pueblos que siguen bajo dominación colonial”, dado que –agrega- entre las causas por las que los países llegan al terrorismo están “los conflictos prolongados sin resolver”. Es decir, exactamente lo contrario que se está haciendo en Chile con el pueblo mapuche.

Algunos han dicho que el asesinato del matrimonio Luchsinger marca un antes y un después, como lo marcó el asesinato de Alex Lemún el 2002. Creo que una escalada de violencia mayor todavía se puede evitar, pero es imprescindible y urgente una solución territorial.





Publicado en El Mostrador (9 Enero 2013)

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