. En este contexto, tal vez resulta difícil
ponderar los hechos y su significado. Quisiéramos ser lo más solidarios y
delicados con las víctimas de violencia.
Si bien es valorable el intento de
don Gonzalo Arenas, en su columna del lunes de hacer caer en la cuenta a su
sector de que el conflicto territorial en La Araucanía no se soluciona con
garrote y zanahoria, encontraría tremendamente perjudicial que se instalara en
la opinión pública la sensación de que “no tiene solución” y que tenemos que
acostumbrarnos a la violencia.
Ya el gobierno anterior al
finalizar su mandato y constatar su fracaso, hablaba de “administrar” el
conflicto. Instalar esa idea sería tremendamente perjudicial. Sí hay camino
para la paz, pero es el que sistemáticamente ignoran todos los gobiernos: se
debe tomar en serio la restitución de los territorios ancestrales, y esto
implica asumir los costos. Tarde o temprano algún gobierno tendrá que emprender
ese camino, para el cual la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato —que
Ricardo Lagos convocó sólo para luego desechar sus conclusiones— planteó
mecanismos muy concretos (Comisión de Reparación con posibilidad de declarar
tierras expropiables). 10 años después el director de Conadi actual, que ha
hecho sumos esfuerzos por las vías legales disponibles, plantea que la
institucionalidad que tenemos no da el ancho para este tremendo desafío. Todo
lo otro que se haga (programas sociales, reconocimiento constitucional, cupos
en el parlamento, etc.) puede ser muy necesario, pero no es el tema en disputa.
Como muestra de esto, señalo la
demanda número 1 que le hicieron a Sebastián Piñera las comunidades que
aceptaron el programa ADI en Ercilla:
“Una
amplia protección y recuperación con solución urgente de las demandas de tierra
de todas nuestras comunidades, tierra que sostienen indebidamente las
forestales y particulares, que por su larga espera ya se hace insoportable y se
empieza a generar por distintos lados serios conflicto de recuperación por la
vía de los hechos que es de público conocimiento”.
Esa demanda es la que nunca un
gobierno ha querido escuchar, y es el motivo por el que los jóvenes hoy
emprenden otros caminos. La violencia continuará mientras el tema territorial
no esté sobre la mesa de negociación.
Los no mapuche debemos entender
esto. También creo que podemos aportar llamando al gobierno a la calma. Es en
esa línea que quisiera aportar una breve reflexión sobre la actual declaración
de lucha contra el supuesto “terrorismo”, lo cual es un tremendo retroceso y
estoy seguro que tendrá consecuencias mucho más desastrosas.
Las “luchas contra el terrorismo”
se inspiran en lo que Günther Jakobs llamó el “Derecho Penal del Enemigo”. Esta
doctrina penal considera que en determinadas circunstancias “el derecho penal
del ciudadano, la garantía de vigencia del derecho” pierde validez y el Estado
puede vulnerarlo. Esta pérdida de la calidad de ciudadano, el autor la
justifica en tanto “la exclusión del terrorista es autoexclusión”. La
argumentación de Jakobs continua planteando que “el Estado, en caso de extrema
necesidad no podrá imponerse tabúes en el ámbito de las medidas dirigidas
contra terroristas”. Finalmente Jakobs, se hace la pregunta de si “¿puede
conducirse una guerra contra el terror con los medios de un Derecho penal
propio de un Estado de Derecho?” y se responde que “un Estado de Derecho que
todo lo abarque no podría conducir esa guerra; pues habría de tratar a sus enemigos
como personas”.
La argumentación del gobierno y
algunos parlamentarios respecto al conflicto territorial en La Araucanía se
está enfocando demasiado en esa dirección: criticando resoluciones judiciales
de amparo contra fuerza policial desmedida, instando a encarcelar personas de
los que no hay prueba alguna que los ligue a delito, llamando a declarar Estado
de Sitio y dando declaraciones públicas usando los conceptos propios de la
doctrina del “enemigo”.
Creo que no existe hoy en el
movimiento mapuche facción alguna que justifique los asesinatos, y si los
autores de los últimos asesinatos fueran mapuche —eso la justicia debe
probarlo, y la ley antiterrorista ha demostrado antes ser una herramienta que
más bien sirve para acusar al voleo—, más bien me inclinaría a pensar que se
tratara de situaciones que no fueron planificadas como terminaron. Pero este
giro podría llegar a ocurrir si es que el Estado insiste en declarar la guerra.
Esto no implica impunidad, sino una persecución delictual acorde a un Estado de
Derecho.
Bajo los criterios de la Resolución
de la Asamblea General de la ONU (2006), el terrorismo se trata de “actividades
cuyo objeto es la destrucción de los derechos humanos, las libertades fundamentales
y la democracia, amenazando la integridad territorial y la seguridad de los
Estados y desestabilizando los gobiernos legítimamente constituidos”. Es
evidente que en Chile no hay terrorismo. Para prevenir el terrorismo, a los
países con conflictos sociales agudos la ONU plantea “la solución de
controversias por medios pacíficos y de conformidad con los principios de la
justicia y el derecho internacional, el derecho a la libre determinación de los
pueblos que siguen bajo dominación colonial”, dado que –agrega- entre las
causas por las que los países llegan al terrorismo están “los conflictos
prolongados sin resolver”. Es decir, exactamente lo contrario que se está
haciendo en Chile con el pueblo mapuche.
Algunos han dicho que el asesinato
del matrimonio Luchsinger marca un antes y un después, como lo marcó el
asesinato de Alex Lemún el 2002. Creo que una escalada de violencia mayor
todavía se puede evitar, pero es imprescindible y urgente una solución
territorial.Publicado en El Mostrador (9 Enero 2013)
