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El Consejo de Estado ¿para qué sirve?


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28/12/2012


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Creo que muy pocos ciudadanos saben qué es y para qué sirve el Consejo de Estado y las funciones que desempeña. Desconocen también lo carísimo que resulta su funcionamiento para nuestros bolsillos y, especialmente, el elevadísimo presupuesto que cada año hay que habilitar de nuestros impuestos para afrontar el pago de los generosos sueldos de la plantilla político-gestora del citado ente. Confieso que yo tampoco me había detenido antes a rastrear sobre las funciones y objetivos que tiene el Consejo de Estado, ni sobre los integrantes del mismo, ni sobre los altos sueldos que perciben sus miembros ni, tampoco, sobre la gruesa platilla de personal de servicios que tienen a su disposición, integrada por 152 personas.






Tras mitigar la curiosidad funcional sobre este órgano consultivo y explorar con detalle los distintos aspectos competenciales, he quedado totalmente pasmado del numeroso equipo que le integra, de los sueldos que perciben, y de las específicas y tasadas funciones que tienen encomendadas, si es que los responsables de hacerlo les encomiendan alguna. Las consultas que se trasladan a este organismo, al no ser sus conclusiones vinculantes, tienen únicamente carácter orientativo y pueden ser tiradas a la papelera. O sea, unos consejillos por si sirven de ayuda y, poco más.

El presupuesto total destinado al funcionamiento de este órgano consultivo supera los 10 millones de euros anuales. Además de la sede, instalaciones, dotaciones, coches oficiales, y servicios, el equipo que integra el Consejo de Estado está formado por un gran listado de políticos, en su mayoría exministros, diputados, senadores y similares, así como algunos magistrados, secretarios de Estado y otros. Toda esta reserva de elefantes políticos tiene como tarea la emisión de dictámenes, no vinculantes, dando su opinión sobre determinados temas a petición del presidente del Gobierno, ministros y presidentes de comunidades autónomas.

El Consejo está formado por un presidente, ocho consejeros permanentes, diez consejeros selectivos, varios consejeros natos, un secretario general y varios letrados, cargos estos a los que se accede por oposición. Además del presidente, que tiene rango de ministro, los Consejeros permanentes ‘vitalicios’ son ocho, entre los que se encuentra María Teresa Fernández de La Vega (71.000 euros anuales); los Consejeros natos o ‘vitalicios’ son 12, entre los que se encuentra José Luis Rodríguez Zapatero, (71.000 euros anuales), mientras que los Consejeros selectivos son 10, con mandato de cuatro años, y los nombra libremente el Gobierno. Además hay que añadir las 152 personas que se encargan de los servicios del Consejo de Estado, secretaría general, de archivo y biblioteca, de gestión y asuntos generales, servicios administrativos y de servicios económicos. 

Aunque todo este entramado asesor sobre asuntos varios puede ser necesario en determinados casos, no lo es por el contrario la gran dimensión que tiene su estructura operativa y funcional. Si ya es exagerado el número de políticos asilados en este órgano consultivo, resultan de rechifle los altísimos y desproporcionados sueldos que perciben, algunos incluso con carácter vitalicio. Pertenecer a este Consejo es un gran chollo que, aunque fue creado en el siglo XVI por Carlos I, hoy parece inventado para acoger a políticos caducos y decadentes para asegurarles la mamandurria de por vida.

La eficacia asesora de este órgano a veces choca con las decisiones de otros estamentos oficiales y no siempre coincide con el sentir mayoritario. Sus más recientes aportaciones estuvieron relacionadas con la reforma de la Constitución en 2004, con dictámenes sobre el Estatuto de Cataluña, la ley del Matrimonio Homosexual o la del Aborto, así como la norma sobre la consulta popular en el País Vasco.

Como quiera que lo aportado por el Consejo de Estado puede tener una orientación contraria a las decisiones finales del Tribunal Constitucional, o del Congreso de los Diputados, o del Consejo de Ministros, es factible y oportuno concluir que su función y su eficacia no justifica ni en todo ni en parte la desproporcionada plantilla de políticos que integran el Consejo ni, tampoco, el mogollón de millones que nos cuesta a los currantes, parados y pensionistas.



Etiquetas:   Ciudadanía   ·   Política

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