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Atacama: Malas prácticas de contratistas foráneos


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24/12/2012


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El Gobierno mantiene en sus políticas PYME una instrucción presidencial que obliga a los organismos públicos a pagar a sus proveedores dentro de los 30 días de la fecha de factura. Del mismo modo, como condición contractual de Mercado Público, se ha incorporado el control del pago de las obligaciones previsionales por parte de los proveedores a sus trabajadores. Son buenas prácticas que han mejorado el acceso de los pequeños y medianos empresarios a las compras que realiza el Estado. En caso de incumplimiento el proveedor infractor puede ser excluido del sistema de compra pública. Sin embargo, a nivel de grandes compañías privadas y contratistas se mantiene un estilo abusivo con los empresarios pequeños y medianos, al fijar unilateralmente condiciones leoninas para el pago de sus facturas.


 

Desafortunadamente, empresas contratistas extranjeras y también nacionales aterrizan en las regiones con malas prácticas que es preciso terminar. En medio del boom de Atacama se ha dado el caso de empresas que buscan financiar su instalación, sus campamentos y mantención del personal, a costa de los pequeños comerciantes que entran a prestar servicios de hospedaje o alimentación a las compañías forasteras. Hemos conocido del abuso contra los pequeños empresarios por parte de grandes empresas, que simplemente demoran meses en pagar sus cuentas, mientras localmente se produce una cadena de incumplimientos con costos financieros de los que nadie responde. Una demora en pagar la alimentación de los “viejos” puede llevar a la quiebra a un pequeño comerciante, contradiciendo totalmente la política de gobierno de promoción del emprendimiento y los objetivos de responsabilidad social que mantienen compañías establecidas en la región históricamente. Es necesario que los proveedores alcancen una asociatividad para ganar capacidad negociadora con las grandes empresas y contar con el apoyo de las autoridades para que el abuso no quede en la impunidad.

 

En las negociaciones comerciales se necesita desarrollar competencias de los empresarios pequeños para evitar situaciones de inequidad. Sería positivo que se diseñara un programa de calificación para los comerciantes y emprendedores que quieren legítimamente que el boom económico también los beneficie. En estos momentos, bajo las condiciones impuestas por aquellas empresas abusivas, esa expectativa se ha convertido en pesadilla.

 

Si el Estado no sanciona estas malas prácticas esta situación se profundizará. Del mismo modo, las grandes mineras, que son las que contratan empresas para sus nuevos proyectos, deberían exigir a sus contratistas un Código de Ética que regule su comportamiento en la comunidad. No es admisible que lleguen  con estas malas prácticas. Alguien debe vigilar ese comportamiento y sancionar efectivamente cuando esto se denuncie por parte de los afectados y los hechos se comprueben. La idea es que el progreso les alcance a todos.



Hernán Narbona Véliz, Periodismo Independiente, 24 de diciembre de 2012.



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