El Gobierno mantiene en sus políticas PYME una instrucción presidencial que obliga a los organismos públicos a pagar a sus proveedores dentro de los 30 días de la fecha de factura. Del mismo modo, como condición contractual de Mercado Público, se ha incorporado el control del pago de las obligaciones previsionales por parte de los proveedores a sus trabajadores. Son buenas prácticas que han mejorado el acceso de los pequeños y medianos empresarios a las compras que realiza el Estado. En caso de incumplimiento el proveedor infractor puede ser excluido del sistema de compra pública. Sin embargo, a nivel de grandes compañías privadas y contratistas se mantiene un estilo abusivo con los empresarios pequeños y medianos, al fijar unilateralmente condiciones leoninas para el pago de sus facturas.




