. Los medios de comunicación contribuyen de manera activa a
ponernos la evidencia de lo impredecible de la naturaleza de modo cotidiano. Y
ante cada desastre enormes recursos públicos y privados son canalizados hacia
la ayuda humanitaria o hacia la reconstrucción de aquellas zonas y regiones que
quedaron azoladas por la acción de la naturaleza.
América Latina es un escenario
caracterizado por catástrofes significativas, que han llenado mucho espacio en
los medios del mundo. De hecho, en menos de dos años, se produjeron dos
destructivos terremotos – en Haití y en Chile -, uno con un enorme saldo de
víctimas y destrucción material, y otro que alcanzó una de las mayores
intensidades registradas, solo superado por el de 1960, en el sur chileno, y el
reciente en Japón.
Desde luego, la ayuda a las
víctimas fue movilizada a través de instancias de gobierno y a través de muchas
organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, poco se hace para saber si las
condiciones en que se manejaron los recursos han sido las mejores o si los
recursos llegaron en definitiva a los destinatarios.
Hace poco, la Contraloría
General de la República chilena – organismo fiscal autónomo que la democracia
chilena ha consolidado como una instancia cada vez más efectiva -, ha divulgado información de las investigaciones
que ha realizado para saber el destino de recursos públicos, que fueron
destinados a la reconstrucción de la zona afectada por el terremoto del 27 de
febrero de 2010, cuya intensidad provocó una gran destrucción material en las 3
regiones afectadas.
La información ha sido más que
necesaria, considerando que una de las más prometedoras figuras de la alianza
de gobierno, debió abandonar su cargo de Intendente de la Región del Biobío –
la más afectada por el terremoto -, luego de haberse comprobado que, en una
reunión con pobladores, se había jactado de haber realizado gestiones para usar
fondos destinados a la reconstrucción para solucionar otro tipo de problemas
habitacionales.
Los investigaciones de la
Contraloría han dado cuenta de que hay una significativa cifra de los recursos
manejados por las instituciones públicas que no han sido aún rendidos
formalmente, y que hay una parte no menor que ha sido destinada a reparaciones
o construcciones que no tienen que ver con el terremoto.
En ese contexto, tenemos que
valorar que una institución de la república esté contribuyendo a conocer lo que
se hace con los recursos públicos.
Pero, también, ha permitido
conocer un hecho que merece ser investigado en profundidad por parte de la
institucionalidad chilena, y que debiera ser materia de investigación
parlamentaria, para determinar si hay responsabilidades políticas y judiciales,
para determinar si hubo dolo. Ello tiene que ver con el sobreprecio impuesto
por las grandes empresas que controlan los materiales de construcción en el
país, muchas de ellas con carácter monopólico.
Las tres gigantes del retail de
la construcción – Sodimac, Easy y Construmart – fueron adjudicadas por el
gobierno para proveer al programa “Manos a la Obra” destinado a ayudar a 40 mil
familias pobres, afectadas por el terremoto y tsunami del 27F, a través de las
municipalidades. Ante protestas de empresarios minoristas se amplió esa
adjudicación, pero estaba claro que el grueso de las adjudicaciones iba a pasar
por quienes controlan el negocio a nivel nacional, como finalmente ocurrió. Era
imposible que un comerciante minorista pudiera competir con la infraestructura
de las tres gigantes.
Ello implicó que no se
realizaran licitaciones y que solo bastaba que la municipalidad respectiva
emitiera las órdenes de compra correspondientes, en beneficio de la familia que
necesitaba reconstruir su vivienda. Ello en medio de una costosa campaña
publicitaria en que las 3 empresas manifestaban su compromiso con la gente en
la tarea de la reconstrucción.
El plan “Manos a la Obra”,
anunciado con grandes declaraciones por parte de la autoridad cumplió su
objetivo, en algunos casos con más éxito que en otros, y los ejecutivos de
cuentas de las 3 empresas recibieron miles de órdenes de compras, sin que nadie
hubiera previsto que los precios debían ser establecidos con antelación.
Obviamente, la investigación de
la Contraloría ha dado cuenta que las 3 empresas subieron significativamente
los precios y que se pagó una importante sobreprecio, afectando los recursos
públicos destinados para el efecto. Era algo que estaba objetivamente en el
escenario posible, pero la autoridad no tomó las previsiones del caso. Esto se
da con autoridades de gobierno de distintos niveles de importancia, con vinculaciones
de diverso tipo en el tiempo con estas empresas, sea en condición de
ejecutivos, propiedad accionaria o asesorías estratégicas.
Por cierto, hay muchas otras
decisiones que se tomaron y se han tomado, que involucran grandes cantidades de
recursos, que no han sido investigadas por la Contraloría o que no están dentro
de su competencia y sus capacidades físicas, ya que las disponibilidades de
especialistas no dan para tanto, y que hacen recomendable una investigación
política sobre cómo se manejaron los recursos para enfrentar la reconstrucción,
y cuáles fueron las debilidades de las decisiones, ya que toda buena intención
trae consecuencias y distintos tipos de beneficiados: la de los destinatarios
de las políticas y la de quienes lucran con los beneficios.
Una comisión investigadora de
los representantes del pueblo – los parlamentarios – sería más que conveniente
para ayudar a la gestión de los organismos de investigación y control del
Estado, a lo menos para determinar los criterios políticos que justificaron
determinadas decisiones que permitieron lucrar con la desgracia de los
damnificados. Más aún cuando los efectos de la reconstrucción están hace rato
en cuestionamiento y no por falta de recursos.
La transparencia es un desafío
que tiene que ver no solo con evidenciar las anomalías, sino también para
corregir futuras decisiones. Las catástrofes serán siempre factores
omnipresentes y las buenas intenciones tienen que ser coherentes con las buenas
decisiones y las buenas prácticas. Lo bien que se haga en un país de América
Latina al respecto, constituye experiencia que servirá para todos los demás
países de la región.
