. No es posible que, ante estas situaciones que nos producen
vergüenza política y moral a la mayoría de la ciudadanía, muchos ayuntamientos
estén mirando para otro lado, con la excusa de la falta de rentabilidad económica
o la ya manida retahíla de no hay dinero.
Vivimos graves momentos para el
bienestar de la sociedad, con políticas que distan mucho de la ética y la
moralidad que debería regir en una democracia. Uno de los exponentes de estas
políticas están siendo los desahucios de la banca, que han llevado a miles de
familias y personas a perder su vivienda al ver quebrantada su situación
económica por una crisis que ellos no han provocado, mientras la clase política
en general ha mirado para otro lado, con honrosísimas excepciones como la de
IU.
Pero no solamente el problema de
los desahucios, ahora estrella en los medios de comunicación, está azotando a
la sociedad española. El aumento de las personas que tienen que acudir a la
caridad, ya sea esta cristiana o laica, en busca de alimentos, ropa, medicinas,
techo para vivir, material escolar y en largo etcétera, que tiene colapsadas a
los ONGs que se dedican a estos menesteres, supone una dimisión del Estado, y
en alto grado de aquellos ayuntamientos que han hecho dejación de sus
obligaciones con los ciudadanos, algo que encaja perfectamente con el axioma
neoliberal de menos estado, más desigualdad
social.
¿Cómo es posible que muchos
ayuntamientos vean como cada día aumenta el número de personas que se
encuentran en exclusión social y no estén haciendo nada para evitarlo? ¿Es de
recibo que los sistema financiero y jurídico estén desahuciando a una media de
medio millar de familias diarias y los ayuntamientos no se hayan convertido en
los grandes defensores de sus vecinos frente a la depredación de la banca? Las
respuestas son fáciles y ustedes las saben perfectamente.
Fíjense si no en el Ayuntamiento
de Castellón. Está gobernando por un equipo de gestores, con el alcalde a la
cabeza, incapaces de afrontar la grave situación social que vive la ciudad. Los
servicios sociales municipales han ido e menos, a pesar de la propaganda
oficial, que en estos días presenta los presupuestos del Ayuntamiento como los
más sociales de los últimos años. Aunque con 13 millones de euros destinados a
políticas sociales, ya me dirán ustedes lo que se puede hacer en una ciudad de
175.000 habitantes, cuando una considerable parte de sus habitantes está quedando
en situación de desamparo. Es tan ridículo que suena hasta grotesco.
Por eso la izquierda de
Castellón debería reaccionar no sólo plantando cara a la política que la
derecha dirigente actual está haciendo en el Ayuntamiento. Sería bueno que nos dijeran que harían ellos para solucionar
en el ámbito del término municipal el problema de los desahucios, sin esperar a
que la palabra la tomaran sus direcciones nacionales. Deberíamos ir sabiendo si
piensan utilizar el Ayuntamiento, en caso de llegar al poder, como un
instrumento de equidad social que quiebre la tendencia a la desigualdad de los
últimos años. Porque la mejor política que se pude hacer desde un ayuntamiento
es la que se practica pensando en el bienestar de los ciudadanos, desplegando
instrumentos municipales por todos y cada uno de los rincones de la ciudad.
Venimos diciendo que el conocimientos anticipado de las propuestas políticas de
la oposición, no sólo resolverían muchas dudas a los ciudadanos, si no que
serviría para poder contrastar la política de la derecha actual basada en el
economicismo, con un programa de planificación de los servicios sociales desde
la izquierda.
Las políticas sociales no deben
tener un criterio paliativo de los problemas, porque entonces nunca acabarán con las desigualdades. Una
buena política de vivienda municipal no es la que busca realojo a los
desahuciados de sus casas, sino la que desarrolla programas de viviendas
municipales, a precios sociales, para que todos los habitantes de la ciudad
puedan tener un lugar donde vivir, sin sobresaltos. ¿Cuántas viviendas hay
vacías en Castellón? Dudo que alguien lo sepa, sin embargo la vivienda sigue
siendo uno de los problemas más importantes que tenemos en la ciudad. Por eso
la izquierda debe decir cómo piensa atajar este problema. Si va a optar por los alquileres municipales, la
VPO o por el mercado. ¿Qué plan tiene? Algo que no sean las ridículas 12
viviendas como alquiler social, para toda la ciudad, que anuncia el alcalde.
La mejor política contra la
exclusión social es planificar una ciudad integrada en todos sus ámbitos, pero
también, procurar que ningún niño de Castellón vaya al colegio en situación de
desigualdad con sus compañeros, porque los padres tengan problemas económicos.
Que el disparate del negocio de los libros escolares se acabe porque el
Ayuntamiento va a sufragar estos a los colegios, y se van a poder usar durante
varios cursos. Los dependientes tienen que encontrar en el Ayuntamiento el
lugar que resuelve sus problemas, no una oficina de burofax que sólo tramita. El
Ayuntamiento debe asumir que a nadie le va
a faltar un plato para comer. Pero esto debe ser una excepción. Una ciudad como
Castellón no puede permitir que sus vecinos pasen hambre de forma estructural,
dependiendo de la caridad o la solidaridad. Hay que desarrollar medidas que
garanticen el derecho a la alimentación, como un derecho digno e irrenunciable.
La pobreza es un mal que sólo tiene un origen: la mala distribución de la
riqueza. Por eso las personas y barrios
donde la pobreza crece, deben ser objeto preferente de políticas municipales de
desarrollo social, económico y cultural, no sólo desde el ámbito de los
servicios sociales, sino desde el urbanismo, la distribución de las sinergias
económicas y la puesta a disposición de los ciudadanos de lugares y políticas
para la cultura.
Castellón, con miles de parados y situaciones dramáticas
necesita saber cómo puede ser el futuro y quién está dispuesto a acabar con
esta situación de injusticia social y desequilibrios en la distribución de la
riqueza. Y no sirven las trampas dialécticas que trata de negar que desde el
Ayuntamiento se pueden aplicar políticas de servicios sociales y vivienda
propias. Sí se puede, e instrumentos hay para ello. Sólo hace falta que alguien
quiera aceptar el reto, y sacar a esta ciudad del desamparo institucional y la
ruptura de las reglas del juego del estado de bienestar. En política todo es
posible, incluso hacer las cosas bien.
