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Castellón. La ciudad posible III


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17/11/2012


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La coyuntura de la crisis nos está haciendo olvidar las responsabilidades sociales que los ayuntamientos deben tener en un estado democrático, justo cuando más se necesita que las instituciones municipales se ocupen de los gravísimos problemas de exclusión social y pobreza que muchos ciudadanos están sufriendo, por culpa de las políticas neoliberales que está aplicando la derecha gobernante. No es posible que, ante estas situaciones que nos producen vergüenza política y moral a la mayoría de la ciudadanía, muchos ayuntamientos estén mirando para otro lado, con la excusa de la falta de rentabilidad económica o la ya manida retahíla de no hay dinero.


                Vivimos graves momentos para el bienestar de la sociedad, con políticas que distan mucho de la ética y la moralidad que debería regir en una democracia. Uno de los exponentes de estas políticas están siendo los desahucios de la banca, que han llevado a miles de familias y personas a perder su vivienda al ver quebrantada su situación económica por una crisis que ellos no han provocado, mientras la clase política en general ha mirado para otro lado, con honrosísimas excepciones como la de IU.

                Pero no solamente el problema de los desahucios, ahora estrella en los medios de comunicación, está azotando a la sociedad española. El aumento de las personas que tienen que acudir a la caridad, ya sea esta cristiana o laica, en busca de alimentos, ropa, medicinas, techo para vivir, material escolar y en largo etcétera, que tiene colapsadas a los ONGs que se dedican a estos menesteres, supone una dimisión del Estado, y en alto grado de aquellos ayuntamientos que han hecho dejación de sus obligaciones con los ciudadanos, algo que encaja perfectamente con el axioma neoliberal de menos estado,  más desigualdad social.

                ¿Cómo es posible que muchos ayuntamientos vean como cada día aumenta el número de personas que se encuentran en exclusión social y no estén haciendo nada para evitarlo? ¿Es de recibo que los sistema financiero y jurídico estén desahuciando a una media de medio millar de familias diarias y los ayuntamientos no se hayan convertido en los grandes defensores de sus vecinos frente a la depredación de la banca? Las respuestas son fáciles y ustedes las saben perfectamente.

                Fíjense si no en el Ayuntamiento de Castellón. Está gobernando por un equipo de gestores, con el alcalde a la cabeza, incapaces de afrontar la grave situación social que vive la ciudad. Los servicios sociales municipales han ido e menos, a pesar de la propaganda oficial, que en estos días presenta los presupuestos del Ayuntamiento como los más sociales de los últimos años. Aunque con 13 millones de euros destinados a políticas sociales, ya me dirán ustedes lo que se puede hacer en una ciudad de 175.000 habitantes, cuando una considerable parte de sus habitantes está quedando en situación de desamparo. Es tan ridículo que suena hasta grotesco.

                Por eso la izquierda de Castellón debería reaccionar no sólo plantando cara a la política que la derecha dirigente actual está haciendo en el Ayuntamiento. Sería bueno que  nos dijeran que harían ellos para solucionar en el ámbito del término municipal el problema de los desahucios, sin esperar a que la palabra la tomaran sus direcciones nacionales. Deberíamos ir sabiendo si piensan utilizar el Ayuntamiento, en caso de llegar al poder, como un instrumento de equidad social que quiebre la tendencia a la desigualdad de los últimos años. Porque la mejor política que se pude hacer desde un ayuntamiento es la que se practica pensando en el bienestar de los ciudadanos, desplegando instrumentos municipales por todos y cada uno de los rincones de la ciudad. Venimos diciendo que el conocimientos anticipado de las propuestas políticas de la oposición, no sólo resolverían muchas dudas a los ciudadanos, si no que serviría para poder contrastar la política de la derecha actual basada en el economicismo, con un programa de planificación de los servicios sociales desde la izquierda.

                Las políticas sociales no deben tener un criterio paliativo de los problemas, porque entonces  nunca acabarán con las desigualdades. Una buena política de vivienda municipal no es la que busca realojo a los desahuciados de sus casas, sino la que desarrolla programas de viviendas municipales, a precios sociales, para que todos los habitantes de la ciudad puedan tener un lugar donde vivir, sin sobresaltos. ¿Cuántas viviendas hay vacías en Castellón? Dudo que alguien lo sepa, sin embargo la vivienda sigue siendo uno de los problemas más importantes que tenemos en la ciudad. Por eso la izquierda debe decir cómo piensa atajar este problema. Si va  a optar por los alquileres municipales, la VPO o por el mercado. ¿Qué plan tiene? Algo que no sean las ridículas 12 viviendas como alquiler social, para toda la ciudad, que anuncia el alcalde.

                La mejor política contra la exclusión social es planificar una ciudad integrada en todos sus ámbitos, pero también, procurar que ningún niño de Castellón vaya al colegio en situación de desigualdad con sus compañeros, porque los padres tengan problemas económicos. Que el disparate del negocio de los libros escolares se acabe porque el Ayuntamiento va a sufragar estos a los colegios, y se van a poder usar durante varios cursos. Los dependientes tienen que encontrar en el Ayuntamiento el lugar que resuelve sus problemas, no una oficina de burofax que sólo tramita. El Ayuntamiento  debe asumir que a nadie le va a faltar un plato para comer. Pero esto debe ser una excepción. Una ciudad como Castellón no puede permitir que sus vecinos pasen hambre de forma estructural, dependiendo de la caridad o la solidaridad. Hay que desarrollar medidas que garanticen el derecho a la alimentación, como un derecho digno e irrenunciable. La pobreza es un mal que sólo tiene un origen: la mala distribución de la riqueza. Por eso las personas  y barrios donde la pobreza crece, deben ser objeto preferente de políticas municipales de desarrollo social, económico y cultural, no sólo desde el ámbito de los servicios sociales, sino desde el urbanismo, la distribución de las sinergias económicas y la puesta a disposición de los ciudadanos de lugares y políticas para la cultura.

                Castellón, con  miles de parados y situaciones dramáticas necesita saber cómo puede ser el futuro y quién está dispuesto a acabar con esta situación de injusticia social y desequilibrios en la distribución de la riqueza. Y no sirven las trampas dialécticas que trata de negar que desde el Ayuntamiento se pueden aplicar políticas de servicios sociales y vivienda propias. Sí se puede, e instrumentos hay para ello. Sólo hace falta que alguien quiera aceptar el reto, y sacar a esta ciudad del desamparo institucional y la ruptura de las reglas del juego del estado de bienestar. En política todo es posible, incluso hacer las cosas bien.

 





Etiquetas:   Estado del Bienestar

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