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Anotaciones sobre la próxima huelga general


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08/11/2012

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Ante la inminente convocatoria de huelga general que tendrá lugar en España el próximo 14 de Noviembre (el 14 N) se hace necesario recapitular unas ideas básicas que nos permitan comprender en qué consiste un día de huelga general y las distintas concepciones, por disparatadas que sean, que se defienden sobre la misma:








1) Los empresarios, los grandes beneficiarios de la huelga general. La idea de huelga general que defienden los «sindicatos de clase» supone que una jornada de huelga atenta contra la productividad del capitalismo, y que en consecuencia un paro generalizado supondría un colapso a la actividad empresarial. Por lo tanto, amenazar con su convocatoria sería una medida de presión para que se diera marcha atrás en determinadas medidas económicas (los recortes aplicados por el gobierno del Partido Popular, en este caso).









Sin embargo, el derecho de huelga, que aparece recogido en el Artículo 28 de la Constitución Española de 1978, es un derecho que se ejercita a título individual: ejercer el derecho a huelga es renunciar de manera formal y por escrito al salario equivalente de ese día, incluyendo también el porcentaje de los complementos salariales. Tanto es así, que muchos pequeños y medianos empresarios no sólo «estimulan» a sus trabajadores a ejercer el derecho de huelga facilitándoles el impreso correspondiente en el que firman su renuncia salarial, sino que incluso cierran voluntariamente para ahorrarse ese día de salario. Además, los trabajadores vuelven al día siguiente a su puesto de trabajo como si la jornada de huelga general fuera un día festivo, con lo que habrán recuperado energías para seguir trabajando. Una jornada de huelga general es así una parte más del sistema capitalista.









2) La confusión entre una huelga general y una huelga general revolucionaria. Pese a que el derecho a la huelga es individual, sin duda veremos el próximo 14 N el bochornoso espectáculo de los denominados piquetes «informativos» (en realidad, piquetes coactivos) de los sindicatos de clase que acuden a los lugares de trabajo a impedir que desarrollen su jornada laboral a quienes no desean hacer huelga, o incluso provocando destrozos en las empresas y agresiones a miembros de sus plantillas. Está claro que esa actividad coercitiva se desarrolla desde la idea, presente en muchos sindicalistas, de que la huelga general no debe ser una protesta por reivindicaciones económicas, sino una huelga general política, en el sentido que estableció Lenin al distinguir entre lucha económica y lucha política: la huelga general revolucionaria es la antesala de la revolución. También desde esta perspectiva los sindicalistas piensan que todos podemos vivir como funcionarios del estado, tal y como vivían las centrales sindicales en el socialismo realmente existente.





Pero lo cierto es que la Unión Soviética cayó en 1991 y con ella quedó demostrado que su modelo de estado no era viable. En el modo de producción capitalista ningún trabajador tiene asegurado a perpetuidad su puesto de trabajo, y la ausencia de carga de trabajo objetiva obliga a un dilema fundamental: o bien se aceptan las condiciones laborales que protegen al trabajador fijo, manteniendo unas cuotas de paro estructural de quienes no pueden acceder al mercado laboral, o bien se flexibilizan las condiciones de trabajo para que todos aquellos que venden su fuerza de trabajo individual tengan en alguna ocasión la posibilidad de trabajar. Los sindicalistas de CCOO y UGT deberían señalar, ya que tanto se oponen a esta segunda opción planteada en la reforma laboral del gobierno del Partido Popular, que ellos mismos defendieron una idea similar años atrás, con la propuesta de la jornada laboral de 35 horas semanales: restándole a cada trabajador fijo 5 horas semanales de trabajo y sueldo, se podría incorporar a nuevos trabajadores a las empresas.



  



3) La necesidad de servicios mínimos. Algunos huelguistas, tanto pequeños y medianos empresarios como sindicalistas, argumentan desde un subjetivismo propio de adolescentes que no deben existir los servicios mínimos en una jornada de huelga general: afirman que el derecho es a la huelga, no a trabajar. Sin embargo, el propio Artículo 28 de la Constitución de 1978 señala que «la Ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad». Es decir, que los derechos de una parte de la sociedad (los huelguistas) no pueden atentar contra la sociedad misma. Y aunque no exista una ley de huelga en España, ello no significa que jueces o gobierno no puedan ejercer su legítima potestad para establecer la cuantía de esos servicios mínimos, para mantener los servicios que necesita cualquier sociedad política para poder funcionar con una mínima normalidad.





De hecho, los piquetes coactivos de los sindicatos de clase buscan evitar los servicios mínimos a toda costa, especialmente en el transporte de pasajeros, pues así podrán engordar las cifras de personas que no acudieron a trabajar, en este caso violentando la libre circulación de personas por el territorio nacional reconocida en el Artículo 20 de la Constitución. Se dirá que ese derecho de circulación es puramente formal en tanto que depende de la existencia de medios efectivos para poder desplazarse, pues tanto derecho tiene quien desea hacer huelga como quien no desea hacerla. Pero esta presunta colisión entre derechos nos señala que también el derecho de huelga sería puramente formal si el propio Estado se negase a concedérselo a quienes intentan, por todos los medios, violentar el funcionamiento normal de la sociedad política.







4) Las consecuencias. Tras cada huelga general tanto los sindicatos como el gobierno exhiben cifras dispares de participación en la jornada huelguista (siguiendo la definición que hemos aportado, probablemente los huelguistas no lleguen al diez por ciento). Otros apelan a mediciones objetivas, como el consumo de energía, para considerar un éxito o un fracaso la convocatoria de huelga general. Sin embargo, el éxito o fracaso de una huelga general ha de medirse según los parámetros que se establezcan. Si el objetivo consistía en derribar el modo de producción capitalista o al gobierno legalmente constituido de la Nación Española, está claro que todas las huelgas generales convocadas desde el funcionamiento del régimen de 1978 han sido un fracaso. 







Pero si el objetivo es simplemente obligar al gobierno de la Nación a dar marcha atrás en su política económica (reciente reforma laboral, recortes presupuestarios), tampoco podría considerarse un éxito porque simplemente el gobierno del Partido Popular no puede dar marcha atrás a los ajustes decretados por el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea. Estos recortes son algo irreversible en tanto que enlazan con la reconversión industrial que la clase política salida de la Transición democrática, incluyendo a los propios sindicatos, hubo de realizar como condición indispensable para poder entrar en la Unión Europea y no ser así un competidor de otras naciones poderosas de Europa como Francia o Alemania. Mientras España ha podido vivir de las rentas europeas, nadie ha protestado. 





Pero una vez que Europa está en crisis y la Nación Española ha de aceptar los recortes a los que obligan el haber firmado los tratados anteriores y haber aceptado el euro, los sindicalistas entran en cólera y, en un ejercicio de descomunal cinismo, pretenden erigirse en defensores de los trabajadores, y especialmente de sectores económicos como la minería o la industria que ellos mismos contribuyeron a cerrar. En cualquier caso, admitamos que una jornada de huelga general no es más que una forma con la que los sindicatos demuestran que son parte del régimen de 1978, sin consecuencias ulteriores.



Etiquetas:   Economía   ·   Crisis Económica   ·   Huelga General

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