. Ello no
es menor. Los credos constituyen afirmaciones de vida para personas de las más
variadas raigambres sociales y culturales, que explican su propia existencia y
las eventualidades de su transcurrir en la existencia, a partir de las
convicciones que emanan de su fe. De allí se desprenden consecuencias morales
que determina la forma de ser y hacer en la relacionalidad de grandes
agrupamientos humanos. Obviamente, cuando el hombre o mujer de fe es coherente
con su códice moral ello constituye un ejemplo para su prójimo, y así, el hecho
religioso se convierte en una lección de vida y en una forma de hacer fidedigna
la expresión del credo en la práctica social.
Una de las aspiraciones de toda
sociedad debiera ser siempre que los credos, que se expresan en estructuras de
propagación y administración del hecho religioso – las iglesias -, tengan la
capacidad de hacer un aporte sustancial a las más sublimes aspiraciones de
bondad humana, más allá de las modalidades y particularidades de sus afirmaciones
de fe, sobre la base de que, los determinismos que establecen el credo tienen
un alcance limitado a su comunidad de creyentes, y los valores de alcance
social tienen una consecuencia positiva en el desarrollo del hecho social y
cultural.
Las iglesias que representan
las tradiciones cristianas, por ejemplo, tienen cada una sus particularidades
que competen a sus adeptos, pero transmiten hacia la sociedad toda valores de tanta
trascendencia como el amor al prójimo, la misericordia, una idea de hermandad,
la caridad, etc.
De allí que, cuando las instituciones morales
presentan crisis, producto de una ruptura del basamento fundamental de su
trascendencia social – su carácter de organización con sentido moral -, no es
algo que estimule el júbilo de quienes discrepen respecto de los actos civiles
de esa institución. Por el contrario, quien aprecie la importancia de los
valores fundamentales que permiten que nos constituyamos en sociedad, no dejará
de lamentarse de que determinados hechos impidan la credibilidad de una idea
expresada en una comunidad de creencias y de quienes están llamados a
representarla.
Las crisis de las instituciones
morales son graves, porque afectan, en primer lugar a la comunidad de los
adeptos, y en segundo lugar a la sociedad toda, que queda expuesta a la duda y
la sospecha sobre todos los que tienen responsabilidad o representación de la
institución afectada, así la mayoría de ellos puedan ser personas de intachable
conducta y de fidelizada conducta respecto a los contenidos que preconizan.
En virtud de ello, no puede sino
preocuparnos el carácter que ha tomado la crisis de la Iglesia Católica
chilena, cuyos obispos hace unos días han pedido perdón, a través del documento
titulado “Transparencia, Verdad y
Justicia”, como resultado de la reunión de la Conferencia Episcopal.
El documento tiene el valor de
señalar las correcciones que, institucionalmente, la conferencia de los obispos
considera necesarias para impedir que el futuro se produzcan situaciones como
las que son de conocimiento público en los meses recientes. Tiene la virtud
también de reconocer que no se ha actuado con la debida atención y premura al
conocerse los primeros antecedentes, lo que provocó que el daño se siguiera
manifestando y los hechos siguieran su curso. De la misma forma, algo que tiene
importancia más bien en el orden interno, se ha manifestado un compromiso en
cuanto a perfeccionar la selección y
formación de los candidatos al sacerdocio y establecer ambientes sanos y
seguros en los lugares donde se hace formación de menores de edad.
Sin embargo, hay aspectos que
dejan sombras y que no pueden dejar de comentarse. Uno de ellos es que, sobre
la base de un cita al Papa Juan Pablo II, se hace énfasis en que “quienes abusan de niños y jóvenes no tienen
lugar en el sacerdocio”, para luego llamar a que los sacerdotes que han
faltado a su compromiso y han causado daño a otros hagan “un examen de
conciencia personal y a responder de sus actos delante de Dios, de la sociedad
y de sus superiores”.
A mí entender, la segunda
afirmación no es coherente con la primera. Si ha existido una investigación de
alto nivel de la Iglesia, que ha establecido responsabilidades, la consecuencia
no ha sido que quien tenga establecida culpabilidad “no tenga lugar en el
sacerdocio”. El sacerdocio como primera indicación conceptual es la dignidad de
quien tiene el cargo de sacerdote. Hay casos de sacerdotes que han sido
identificados en relación a casos de pedofilia, pero que continúan con su
investidura y dignidad de cargo, aún cuando puedan estar confinados a lugares
de retiro espiritual.
Es un hecho que la jerarquía de
la Iglesia Católica en todas partes del mundo, y Chile no es la excepción,
nunca ha dejado de efectuar una acción protectora a favor de los acusados de
delitos contra menores de edad, provocando precisamente que ese sea su error
más radical, aún arriesgándose a pagar altos costos. Cuando es necesario sacar
a alguien del país donde se denuncia un hecho, se hace sin dudarlo, coartando
la posibilidad de que puedan enfrentar las responsabilidades penales. El
destino específico en esos casos es Alemania, país muy favorable por el
carácter del concordato con El Vaticano, para evitar eventuales extradiciones.
Las víctimas no son
consideradas ni escuchadas, salvo cuando el tema mediáticamente es inmanejable.
Eso también ha sido una constante.
La declaración de los obispos,
valorada por los medios tradicionales, carece de una postura explicita frente a
los casos específicos ocurridos, y no establece una doctrina de tratamiento de
eventuales nuevos casos. Pide perdón, señala medidas internas en la selección y
formación de sus sacerdotes, promete ambientes seguros para los niños y
jóvenes, pero no indica cual será la nueva conducta frente a futuros acusados
de delitos contra menores de edad. Al no formular una nueva conducta frente a
nuevas denuncias de abusos contra menores, todo lo demás pierde sentido como
promesa, porque, lo que la comunidad nacional espera, es que no haya protección
a culpables de delitos, ni obstaculización de las investigaciones criminales.
Al no haber una formulación de
un nuevo manejo de acusaciones o denuncias, con arreglo a las leyes del país,
todo lo demás constituyen solo buenas intensiones, porque lo que pone a la
Iglesia en crisis y en manifiesta interdicción con su carácter de organización
con sentido moral, no es el hecho de que haya personas en su seno que cometan
delitos. La falibilidad de algunos miembros de una institución religiosa, o de
cualquier tipo, está dentro de lo previsible.
Lo que hace censurable y
cuestionable los pasos dados por la jerarquía de la Iglesia es la decisión de
poner en una posición de prioridad al clérigo acusado, por sobre la comunidad
de la fe y sobre la comunidad toda, y especialmente por sobre la víctima. Es lo
que pasó cuando la jerarquía enfrentó hace años las denuncias contra Karadima,
o cuando saca abruptamente hacia Alemania a la superiora ursulina. Es la
decisión de no entregar la información que se posee, reclamando condición
vaticana para personas que viven en Chile, que son chilenos y que están siendo
investigados por delitos cometidos en Chile. Tal es la causa del repudio y el
cuestionamiento al rol de su jerarquía, y su crisis como organización con
sentido moral.
