
. La propuesta del oficialismo en reformar la ley electoral para que a partir de los 16 años se pueda sufragar de forma voluntaria, como a su vez extranjeros con residencia permanente en el país, despertó elogios y críticas en el arco político y también la discusión traspasó a la sociedad en su conjunto. La medida incluiría a tres millones de votantes posibles al padrón electoral. La incógnita reside en saber si la preparación de los jóvenes está apta para un ejercicio cívico de tal magnitud. Una pregunta que tiende caminos a una generalización sobre el asunto, una versión maniquea que pone como límites extremos el desconocimiento pleno de los chicos, que se narra especialmente en los medios de comunicación y otras que apuntan a una versión disímil, en el derecho inalienable de votar y considerar como base los 16 años una edad en la que se puede ejercitar esta responsabilidad.
Otros embarran la cancha y ponen en el tapete la baja de edad en la imputabilidad y realizan un diagnóstico erróneo de dos situaciones diametralmente opuestas. Sí, el “si pueden votar, pueden ir a la cárcel”, se entromete en la discusión y ensucia la misma, cada problemática se aborda por separado, se aconseja. En esta propuesta voluntaria de votar, voces como Aníbal Fernández, senador por el FpV y uno de los creadores de los tres proyectos de ley que están en análisis, afirman que entre un 40 y 50% de jóvenes estarían interesados en participar de las elecciones, y otras como La Nación apunta a un rechazo masivo de esta iniciativa, según mediciones privadas. La Argentina de estos tiempos, cada cual con encuesta en mano, dice tener la verdad. De proyecto oficial a embestida K. Sólo por un diario de diferencia, por eso hay que tener los ojos bien abiertos. Unos hablan de ampliar la frontera de derechos, otros de que el gobierno quiere aumentar el padrón para su provecho de cara a las elecciones legislativas del próximo año, que el tema de la re-re de Cristina también apunta a esta línea, tildándolo de una maniobra “riesgosa” y se lo vincula a su vez con la presencia de la agrupación La Cámpora en escuelas secundarias. Fin de año parece ser el resultado cronológico donde el Congreso tomará la decisión. No obstante, al reformar el Código Electoral, la Constitución indica que se debe llegar a una mayoría agravada para su aceptación, hablamos de 129 votos en Diputados y 37 en el Senado. En el tira y afloje, en argumentos que se disparan de vereda a vereda, queda de lado, de manera cómplice, según este cronista, la propia decisión del joven, que puede considerarse apto o no para cumplir ése rol, habla de una decisión personal, propia y voluntaria, no obligatoria, como sucede en el rango de los 18 años hasta los 70. Pero en primer lugar, objetivo prioritario, resultaría en comprender, estudiar, analizar y profundizar en los jóvenes una formación ciudadana más compleja, no quedarse en chicanas absurdas que no conllevan a nada. Que esto sea la punta del iceberg para desarrollar en la escuela secundaria un mayor protagonismo cívico, que no sea una medida esporádica, coyuntural sino que sea un punto de inicio donde se puedan multiplicar tareas en la formación media. Sonará utópico pero no hay que bajar los brazos. No quedarse en estúpidas e inconducentes antinomias, que sí, que no, que votantes afines, que La Cámpora, que la re-re y poder ver más allá del hecho puntual, insistir en la idea de que nuestros jóvenes deben estar respaldados por una educación plural, democrática e inteligente y que el voto sea un resultado de ese trayecto y no al revés.