Quitarle un caramelo a un niño

Es como la representación de la crueldad: quitarle un caramelo a un niño, y sin embargo el Senado votará esta semana un proyecto de ley que prohíbe la venta en colegios, universidades, institutos y otros establecimientos educacionales de chocolates altos en calorías (prácticamente todos), dulces, caramelos, golosinas, etcétera; así como también de alimentos con alto contenido de sal (papas fritas, ramitas y similares).

 

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Algunos de los efectos que uno puede anticipar de una legislación como ésta es la creación de un mercado negro de dulces al interior de los colegios. ¿Tendremos ahora traficantes de "Super8"?

 

El proyecto sobre "Composición nutricional de los alimentos y su publicidad" tiene otras regulaciones absurdas. Prohíbe publicitar y regalar estos alimentos a menores de 14 años, de manera que las promotoras en los supermercados tendrían que pedirles el carnet de identidad a los jóvenes que se les acerquen a degustar. Las exigencias que establece son absolutamente desmedidas e incluso impedirán la importación de muchos alimentos. En otras áreas, restringirá la competencia, ya que, por ejemplo, prohíbe la publicidad de sucedáneos de la leche materna, lo que obviamente reducirá las opciones para las madres.

 

¿Cómo puede llegarse a este absurdo? Esta iniciativa del senador Girardi ha recorrido un largo camino. Tuvo en su oportunidad el apoyo del gobierno de la Presidenta Bachelet, pero luego la Cámara de Diputados había morigerado muchas de sus disposiciones. Ahora, en el Senado, se ha vuelto a reponer la mayoría de las regulaciones que mencionamos.

 

Por supuesto que el establecimiento de un estado policial contra la ingesta de golosinas se viste con ropaje noble. Se trata, afirman, de impedir que los niños consuman alimentos perjudiciales para su salud. ¿Pero es esa una responsabilidad del Estado? Quienes creen que es así pueden llegar al absurdo de proponer una ley como la que comentamos. Es que podemos ver dónde comienza el camino de la regulación, pero es difícil avizorar donde termina.

 

Hay una cuestión más de fondo tras el avance de este proyecto. Quienes lo patrocinan están por una renuncia de los padres al deber de educar a sus hijos, de enseñarles lo que es bueno para su salud y lo que es malo. De inculcarles valores, hábitos, como la disciplina, la responsabilidad, la contención, el equilibrio. Es para ellos el Estado quien debe hacerse cargo de esa tarea, como de tantas otras. Esta verdadera subversión de las responsabilidades de la familia es muy dañina para una sociedad, pues va minando la capacidad de las personas para decidir las opciones que son mejores para ellos y sus familias. Todo es responsabilidad del Estado, todo es culpa del Estado, nada está en manos de las personas, que serían de acuerdo a esta visión incapaces de tomar las decisiones que son buenas para su futuro y el de sus hijos.

 

Quienes creen en la libertad y en la responsabilidad de las personas deben hacerles frente a iniciativas como ésta. Los senadores de la Alianza y también aquellos de la Concertación que adviertan el límite al que se quiere llegar en la restricción de las libertades deben rechazar este proyecto en el Senado, desbaratando así este despropósito. La última instancia, en caso que ello no ocurriera, es que el Ejecutivo ejerza su poder de veto para impedir que el Estado cometa la crueldad de quitarle un caramelo a un niño.

 

Cada día vemos más iniciativas que reducen el ámbito de las decisiones individuales para radicarlas en el Estado. Es un deber de los que creemos en la libertad levantarnos para hacer valer nuestros derechos como ciudadanos. Quienes tienen responsabilidades públicas debieran ver este proyecto como una oportunidad para empezar a jugar con mayor decisión ese papel.

Publicado en El Mercurio

UNETE



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