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Las amenazas al Estado de Chile del Bicentenario


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29/07/2012

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Los elementos fundamentales que dan vida al Estado son la nación, el territorio y la institucionalidad. El Estado tiene el legítimo derecho a la autodefensa cuando cualquier amenaza atenta en contra de su población, de su integridad territorial o el orden institucional que se refleja en sus cuerpos constitucionales.






La Nación es el pueblo que se reconoce como perteneciente al Estado. En este ámbito, nuestra población es el resultado de un mosaico de pueblos prehispánicos que se relacionaron con el español en un mestizaje que dio nacimiento al pueblo chileno, al criollo, al mestizo. Durante la gesta independentista esos criollos ilustrados en las nuevas ideas libertarias fueron los líderes que fundaron la república, superando un período de anarquía.





De los pueblos originarios, el pueblo mapuche fue el que resistió por más tiempo el mestizaje con los conquistadores españoles y  Arauco fue así tierra indómita hasta los comienzos de la República, donde el huinca los expulsó de sus tierras ancestrales imponiéndoles la institucionalidad, con usurpación mañosa de sus derechos naturales, no escritos, los que no les fueron respetados ni reconocidos, consagrándose el despojo por el conquistador republicano y los leguleyos de apoyo. 





Solucionar el tema mapuche, exige asumir la deuda pendiente, invertir generosamente en una reparación que demuestre un cambio de actitud, respetándoles a esos pueblos su identidad, pero dejándoles su espacio en la nación chilena y cuotas adecuadas de tierras en la Araucanía.





El territorio de un Estado es el espacio de mar, tierra, cielos y subsuelo, en donde el Estado ejerce su soberanía efectiva. Los derechos que el Estado de Chile ganó en el siglo XIX han sido legitimados por Tratados válidamente suscritos, lo cual le da gran peso a la integridad territorial del país. En este ámbito la percepción de riesgo está en la controversia que se dirimirá con Perú en la Corte Internacional de La Haya y la acción diplomática inteligente que se despliegue hacia Bolivia para resolver ese frente potencial de conflicto.





Otro aspecto sensible en este ámbito del territorio, es la interacción del Estado con las multinacionales, a fin de delimitar los espacios en que dichas corporaciones mundializadas puedan operar, sin que el Estado pierda soberanía en áreas concesionadas. 





Velar por los recursos territoriales exige visión de largo plazo, comprometiéndose los gobiernos a heredar el territorio y los recursos a las futuras generaciones. Revisar estas situaciones significa cambiar estilos depredadores de manejo económico sobre el territorio nacional, principalmente por intereses multinacionales que actúan en función de sus intereses y es el Estado el que debe resguardar el bien común y la preservación de los recursos.





La institucionalidad del Estado Democrático está dada por su Constitución Política y ella, en el caso chileno, ha constituido una realidad compleja, toda vez que en su génesis su texto lo impuso en 1980 un régimen de facto donde no existían libertades públicas ni registros electorales, pero que durante los ochenta ganó una cuota importante de legitimidad cuando bajo su marco y plazos se desarrolló la transición política, con el plebiscito de octubre de 1988 y posteriormente con la entrega del gobierno de parte del ex dictador al nuevo Presidente electo. Esa transición y mantenimiento de las normas le ha dado a Chile una importante solidez institucional en el contexto internacional.





El orden público queda garantizado por el monopolio de la fuerza de parte del Estado y por el funcionamiento eficaz de la PDI y Carabineros. Caminar hacia una corrección de las bases institucionales que impiden fortalecer y profundizar la democracia, sería una estrategia para lograr que esa institucionalidad se legitime haciendo más fuerte al Estado de Chile en ese ámbito. Finalmente, esa institucionalidad debe mejorar su orgánica, exigir una ética pública y privada, incorporando la fiscalización de la ciudadanía, mejorar la calidad de los organismos públicos, llevar adelante una efectiva descentralización de las decisiones para superar la debilidad intrínseca que producen el centralismo y las malas prácticas dentro del Estado.





Las principales amenazas





Para entender las amenazas que pueden afectar a Chile es necesario contextualizar los escenarios internacionales en que debemos interactuar. México es la evidencia de un Estado colapsado, superado por la acción de las mafias del narcotráfico. Lo que hoy se vive en México es dramático y es consecuencia de más de 70 años de un sistema político corrupto que era permeable a la influencia de las mafias. Colombia es otro caso, que muestra la fractura territorial de una guerra civil, cruzada por fuerzas ultristas tanto de izquierda como de derecha, las cuales se han ligado a las mafias productoras de drogas, a las que le venden protección territorial para así financiar sus cuerpos armados.





En Chile, aunque estemos en una situación que aún es distinta,  es una realidad incuestionable la expansión del narcotráfico, del consumo interno de drogas y la ocupación territorial de populosas comunas de la capital por parte de las mafias, con una ligazón con la delincuencia común y con grupos marginales que invocan el anarquismo y niegan la institucionalidad.





En el mismo sentido, otra amenaza es la influencia trasnacional de personeros de la política que frente a la ineficacia del Estado para imponer el orden erradicando el tráfico, bajan los brazos en impotencia y ofrecen como seudo solución la despenalización del consumo de marihuana, argumentando que con eso se terminaría el negocio de las mafias del tráfico.





Falaz argumentación, toda vez que esa medida liberaloide conlleva la mayor desprotección de la población, pues al no ser penado el consumo, mal podría distinguirse el consumo del microtráfico y con ello se tendría un descontrol total, lo que significaría un notable abandono de los deberes que debe tener el Estado en la protección de la salud pública y la seguridad de la población.





Esa tendencia permisiva piensa que las mafias se irán para la casa y no asumen que con un mercado ampliado podrán esos aparatos delictuales colocar nuevos productos adictivos, quedando la juventud y la niñez desprotegidas frente al mercadeo de nuevas drogas sintéticas, de rápido efecto adictivo y capaces de causar daños mentales irreparables.





La visión liberaloide frente a las drogas se extiende hacia otros pilares de la vida en sociedad, como es el caso de la relativización de la institución matrimonial, cuestiones que son impulsadas por grupos fácticos que, siendo minoritarios, tienen capacidad mediática para imponer agendas. Es así como la Nación y la institucionalidad se ven amenazadas por el narcotráfico y la actitud feble de sectores seudo progresistas en la clase política, que conceden espacios  a las mafias, resignándose a no seguir la represión del delito, pensando que esas mafias depondrían sus armas y sus guerras, convirtiéndose en “empresarios legales”. La capacidad de estos grupos internacionales de comunicar estas ideas es enorme y presionan para evitar acciones efectivas para combatir a las mafias, impidiendo que se puedan plasmar políticas públicas que mejoren las facultades investigativas para delitos conexos como el lavado de activos, lo cual podría ser consecuencia de la penetración soterrada que este flagelo ya puede haber alcanzado en las instituciones.





Hay países del mundo que han sido ocupados por las mafias y se les llama narco-estados. Porque la estrategia de estos delincuentes globales es corroer la justicia, las comunas, los barrios, la representación popular, las policías, las aduanas. Avanzan las mafias por los caminos de la corrupción y del terror. Por lo tanto, buscan introducirse en la institucionalidad, efectuar ocupaciones territoriales en las poblaciones y financiar a grupos extremistas que les venden protección y son sus sicarios.





Pensar en la necesidad de fortalecer el Estado chileno, debiera obedecer a un diseño geopolítico integral, que vaya más allá de lo meramente económico, considerando las amenazas que enfrenta el Estado y que pueden provocar flancos débiles que pueden afectar una marcha segura de Chile por las siguientes décadas de este siglo XXI.







Periodismo Independiente, 5 de Septiembre de 2010.

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Etiquetas:   Defensa   ·   Estrategias   ·   Administración Pública

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