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Las políticas
públicas con orientación neoliberal ha arrojado resultados contrastantes. Por
un lado, el supuesto teórico que señala que el libre mercado conduce a una
asignación eficiente de los recursos en una economía competitiva y eficiente en
el sentido de Pareto (situación en la cual no es posible beneficiar a más individuos
sin perjudicar a otros), es una utopía, en la práctica el libre mercado ha
fracasado en sus funciones de asignación. El ineficaz papel del Estado, la
ineficiente asignación del capital, un engranaje institucional disfuncional, la
falta de incentivos, y la alteración cualitativa de la función orgánica del
sistema político han impedido que la economía Mexicana logre un alto
crecimiento económico sostenido para reducir la pobreza y la desigualdad del
ingreso.
Por otro lado,
sin embargo, las reformas estructurales lograron exitosamente el objetivo
establecido de la estabilidad financiera interna. No obstante, ésta ha demostrado
ser insuficiente para enfrentar los desafíos que obstaculizan el desarrollo
nacional como, por ejemplo, la trampa del bajo crecimiento-desempleo-pobreza,
la desigualdad regional-local, en particular, y la desigualdad socioeconómica
en general.
De
acuerdo a la Ley General de Desarrollo Social, la política nacional de
desarrollo social debe tener como objetivo central, entre otros, la promoción
del desarrollo económico con sentido social para generar y preservar el empleo,
incrementar el nivel del ingreso y mejorar su distribución. Sin embargo, para
lograr éste objetivo no ha sido implementada una estrategia multidimensional,
los programas de transferencias condicionadas de efectivo (TCE), como el
programa Oportunidades, han sido el
principal motor de la política de desarrollo social en las últimas décadas. La
evidencia empírica en México muestra que las TCE han sido una herramienta
insuficiente para el alivio de la pobreza en condiciones de bajo y errático
crecimiento económico. De acuerdo a la más reciente información disponible (2010)
publicada por el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL), 52 millones de mexicanos se encuentran en la pobreza,
es decir, el 46.2% del total de la población.
En ésta materia,
la estrategia actual cuenta con tres pilares: el sistema de seguridad social,
el sistema de protección social (Seguro Popular, Fonhapo, Fovi, Habitat, Vivienda
Rural), y el programa Oportunidades
(antes Progresa). Éste último cubre
alrededor de 29 millones de personas. Y en total, los programas sociales cubren
alrededor de 43 millones de mexicanos. Las TCE han sido el instrumento central
para abatir la pobreza bajo el argumento de que con éstas se puede estimular y
potenciar el desarrollo del capital humano (educación, salud y nutrición). Sin embargo,
se ha omitido o ignorado que dichas transferencias por sí mismas no pueden
resolver un problema tan complejo y multidimensional como es la pobreza. A
pesar de los esfuerzos y recursos destinados, la pobreza en México sigue siendo
una asignatura pendiente.
Por otra parte,
la estrategia de desarrollo social no ha logrado reducir la desigualdad del
ingreso; ésta es una de las más altas dentro de los países que integran a la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). México ocupa
la penúltima posición en la clasificación que ésta institución elabora sobre la
materia.
La desigualdad
en sus diferentes formas es aún muy alta en México. En este aspecto, este
análisis se concentra en la desigualdad del ingreso cuantitativamente
determinada por medio del coeficiente de Gini. Aunque la desigualdad parece
haber bajado entre los años 2000 y 2010, ésta aún se encuentra en niveles muy
altos. En el 2008, el coeficiente de Gini fue del 0.48 (según el ingreso corriente
per cápita) mientras que en el 2010 éste fue de 0.46, lo cual refleja una
distribución del ingreso muy desigual. Otros países emergentes, como China e
India, tienen un coeficiente inferior al de México (del 0.41 y 0.36,
respectivamente). El ingreso corriente per cápita promedio del decil X (el 10%
de la población más rica) es más de 26 veces superior al del decil I (10% de la
población más pobre), evidencia clara de la gran desigualdad que aún persiste
en México.
Como en el caso
de la pobreza, la desigualdad del ingreso está principalmente localizada en la
región sur del país, predominantemente en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco,
Campeche, y Quintana Roo. México tiene 12 estados en los cuales el índice de
Gini oscila entre 0.50 y 0.56, 9 estados en los cuales oscila entre 0.48 y 0.50,
y 11 estados en los cuales éste se encuentra entre 0.42 y 0.48. Evidencia de una
gran desigualdad interregional e intraregional.
La desigualdad
importa porque reduce el bienestar. El nivel de desigualdad puede explicar el
impacto del crecimiento sobre la reducción de la pobreza. Por lo tanto, es muy
importante implementar políticas públicas para estimular un crecimiento
económico inclusivo, es decir, un modelo de crecimiento económico con sentido
social acompañado de un cambio en los patrones de la distribución de los
beneficios del crecimiento y la generación de la riqueza. No hay duda del
potencial de los diversos sectores productivos de la economía para generar
riqueza, el tema medular es cómo lograr una distribución con sentido social de
la misma y de los beneficios del crecimiento económico.
El modelo mexicano de crecimiento
económico está agotado. El potencial del país ha sido subutilizado y, como
consecuencia, ha sido superado por otros países emergentes. Se requiere una
estrategia basada en un estado social de mercado, sustentado,
en una etapa incial, por tres pilares: 1. Reforma fiscal con sentido social; 2.
Crecimiento rural inclusivo; 3. Reforma del mercado laboral.
Una reforma
fiscal integral con sentido social debe estar enfocada a (1) incrementar los
ingresos fiscales federales para contar con más recursos que puedan destinarse
a proyectos de inversión para estimular el crecimiento rural; (2) revisar el
sistema de federalismo fiscal en su conjunto para abatir las disparidades
horizontales por medio del incremento de los recursos disponibles que puedan
ser asignados como transferencias federales a los estados, y la implementación
de un cambio en el patrón de la distribución de los beneficios derivados del
crecimiento hacia una asignación inclusiva de los recursos a las regiones y
municipios rezagados; (3), incrementar los ingresos propios de los estados y
municipios para mitigar las disparidades verticales, invertir más y hacer más
eficiente la provisión de bienes y servicios públicos para reducir sustancialmente
la pobreza y la desigualdad del ingreso. Así como es importante la generación
de ingreso en los tres niveles de gobierno también lo es el ejercicio del gasto,
el cual deberá transparentarse y estar orientado a los resultados. La eficacia
del gasto público es tan relevante (o inclusive más) como la generación de ingresos.
De manera
conjunta, un crecimiento rural inclusivo, por un lado, acompañado por políticas
de distribución con sentido social, debe estar encaminado a reducir la pobreza
y la desigualdad a través de los canales de la inversión, el aumento de la
productividad agrícola, y el empleo. El aumento de la inversión en
infraestructura en zonas rurales y urbanas rezagadas para fomentar el
desarrollo de los mercados locales, reducir los costos de transacción, y atraer
inversión privada directa, es fundamental, por el otro lado.
En el ámbito
laboral, es necesaria una reforma que se enfoque en la creación de una
estructura de incentivos y de un marco institucional para (1) minimizar la
movilidad de los trabajadores de salarios bajos y medios del empleo formal al
informal; (2) estimular y flexibilizar la creación de empleo dentro del sector
formal de la economía; (3) fomentar que las micro y pequeñas empresas, que no
lo esten, se sumen a la formalidad.
Una estrategia de
ésta naturaleza puede generar los incentivos adecuados para crear un círculo
virtuoso que permita generar crecimiento económico sostenido, romper la
reproducción intergeneracional de la pobreza, y detonar el desarrollo
socioeconómico de México. Además, generaría un flujo monetario con mayores
recursos para inversiones específicas en el ámbito municipal, con la
incorporación de la democracia participativa como un mecanismo para incluir a
los pobres en el diseño de programas específicos de inversión pública. Sin embargo,
una alternativa de ésta confección requiere dos elementos fundamentales, cuando
menos, para una implementación exitosa: primero, un sistema de monitoreo y
rendición de cuentas para garantizar la transparencia en el uso de los recursos
en los tres niveles de gobierno; segundo, la voluntad política para implementar
una estrategia nacional con sentido social para impulsar el desarrollo de
México que abra una nueva era de crecimiento, prosperidad y equidad.
* Acerca del autor: Economista, PhD
fellow e investigador en el Center for Development Research (ZEF) de la
Universidad de Bonn, Alemania.
Twitter: @viveros_a
