Nunca deberás
olvidar que en todo asunto contencioso que vayas a iniciar, deberás reunir tres
cosas, me dijo hasta el cansancio mi amigo, y maestro el Lic. Antonio Rivera Casas.
En primer lugar, deberás tener el derecho, el segundo momento indudablemente
consiste en saberlo pedir y por último, por cierto el más difícil que te lo
quieran dar.
Y es que hace unos
días, apenas expresábamos el derecho legal que tiene Andrés Manuel López
Obrador para presentar el recurso de impugnación denominado “de inconformidad”
ante la máxima autoridad electoral del país, el mal llamado TRIFE, quien
resolverá y expresará la última palabra en el tema de la elección presidencial,
pues nuestra ley fundamental señala que lo que resuelva será definitivo e
inatacable. Que ahí queda pues.
El grupo de
abogados del ex candidato a la Presidencia de
México por el Movimiento Progresista, -entre ellos el queretano Jaime Cárdenas
Gracia, experto en materia constitucional y electoral, sabe que tienen que ser
muy claros en la interposición del juicio de marras, para obtener la razón
jurídica ya que pretenden demandar la invalidez de la elección presidencial. En
verdad lo veo sumamente complicado.
Uno de los ejes centrales en la argumentación jurídica que han
presentado, se fundamenta en la supuesta violación constitucional al artículo
41 el cual consagra el principio de equidad en el proceso, la violación a la
libertad del sufragio, incluso han manifestado que en el pasado reciente, el
Tribunal Electoral, propiamente la sala regional de Toluca, resolvió con el
voto a favor de dos magistrados y uno en contra la invalidez de la elección de
Morelia Michoacán, ordenando de nueva cuenta llevar a cabo una elección extraordinaria
justamente por la violación al principio constitucional mencionado.
Otros temas no menos relevantes que pretenden hacer valer son, el rebase en el tope de gastos en
la campaña de Peña Nieto, el uso de encuestas
utilizadas como propaganda electoral a favor del mexiquense, el caso Monex, donde aseguran que se
entregaron monederos electrónicos
a ciudadanos para coaccionar el
voto a favor del tricolor, el “SorianaGate” que importó la compra de cinco millones de votos, además del hallazgo
de un sin número de boletas electorales “pre-votadas” en el Estado de México y Tabasco a favor
del candidato del Revolucionario Institucional, alegan inconsistencias en más
de la mitad de las casillas, el caso de José Aquino donde supuestamente integrantes
del equipo de Enrique Peña, para efectos de mejorar su imagen en el país vecino
accedieron a firmar un contrato que aproximadamente ronda en cincuenta y seis millones de dólares para lograr a cabo tal
objetivo, en el juicio denuncian también la supuesta colaboración de gobernadores priistas de toda la república
a quienes acusan de desviar el uso de recursos públicos para favorecer al
virtual ganador.
Por último el desempeño insuficiente de las instituciones
encargadas de garantizar el correcto funcionamiento de los comicios. Vaya que
en los próximos meses los magistrados electorales tendrán mucho en qué pensar.
Pues bien,
volviendo a la enseñanza del Lic. Rivera Casas todo parece indicar que el paso
uno y dos han sido cubiertos, - se tiene el derecho y se ha planteado- sin
embargo, me detengo en el último paso: “Que
la máxima autoridad te reconozca ese derecho y quiera darte la razón.”
Tengo la
impresión que por ahí debiéramos empezar. Al tiempo.