Un gobierno de normalidad democrática - Política Nacional - Reeditor.com

. Tras poner fin el pasado 20 de Noviembre de 2011 a más de siete años de desgobierno socialista de España, la mayoría de los votantes del partido de Rajoy se imaginaban que la situación mejoraría sustancialmente en lo económico; unos cuantos esperaban frenar la legalización de ETA; los menos, los más conscientes en definitiva de los problemas que acucian a España, esperaban que este nuevo gobierno pusiera fin al régimen autonómico reconocido en la Constitución de 1978, verdadero cáncer y corrupción de la Nación Española por la amenaza que supone para su continuidad en el tiempo.

Sin embargo, el gobierno «popular» se ha centrado en resolver los problemas económicos, pero su gabinete pronto ha visto que las soluciones a la crisis económica no pueden realizarse a corto plazo: el paro sigue su aumento inexorable, sin medios para frenarlo, y los recortes de gasto público no pasan de ser pruebas de ensayo y error ante la presión de la bolsa y los acreedores del Estado. El tema autonómico y del terrorismo de ETA parecen seguir el mismo curso que al final de la legislatura del PSOE de Zapatero. Como dijo el propio presidente socialista en funciones al conocer los resultados electorales, todo parece asumirse «con normalidad democrática».

Y en efecto, parece que en esta segunda llegada al poder del PP está sucediendo lo que ocurrió en la primera, al menos en el sentido que Jesús Cacho lo comentó en su libro El negocio de la libertad (1999): el Rey Don Juan Carlos ya le puso obstáculos en el camino a Aznar cuando éste intentó llegar hasta el final en temas de Estado tan escabrosos como la guerra sucia contra ETA, el famoso GAL: Arias Salgado, futurible Ministro de Defensa, hubo de ser sustituido por Eduardo Serra, antiguo Subsecretario de Defensa en los gobiernos de Felipe González y a la sazón hombre de confianza de Su Alteza Real. Ya en 2008, cuando Rajoy se alzó con el poder nuevamente en el Congreso de Valencia e imprimió un giro considerable a su política, se insinuó que había sido advertido acerca de las condiciones para poder gobernar, que incluirían mantener una apariencia veraz de continuidad con las políticas de Zapatero: de hecho, Don Juan Carlos despidió al gobierno saliente con la Orden de Isabel la Católica, condecoración que queda a la altura del betún al ser impuesta a tan nefastos personajes, seguramente el peor gobierno de la Historia de España.

En consecuencia, se equivocaron profundamente quienes afirmaron que la crisis económica acabaría llevándose por delante los planes autonomistas y de secesión por falta de medios para lograrlos: el régimen constitucional de 1978 ha cerrado filas ante las amenazas externas que puedan atacarlo, todo dirigido por el Rey de España (inspirador junto a Adolfo Suárez del Estado de las Autonomías), y mientras sea posible se llevarán hasta el final los consensos sin acuerdo de la transición democrática, aunque para ello sea necesario escribir tales planes sobre la irritable e indignada, pero también inerme, piel de los ciudadanos españoles de a pie, principales víctimas de los recortes de un gobierno de «normalidad democrática». La misma «normalidad democrática» con la que autoridades y espectadores asisten a los abucheos al Himno Nacional Español y al Jefe del Estado en finales de la Copa del Rey de fútbol y que son síntoma inequívoco de la corrupción que sufre la Nación Española.