Ayer por la tarde por iniciativa y a instancia del Consejo Coordinador
Empresarial, que preside el empresario oaxaqueño, Gerardo Gutiérrez Candiani,
los cuatro candidatos a la Presidencia de la República, firmaron el denominado
compromiso por la civilidad en las instalaciones del Instituto Federal
Electoral.
Considerando que a partir del miércoles terminaron las campañas políticas y
que de aquí al domingo entra en vigencia la veda electoral, que limita a los
aspirantes a cargos de elección popular a realizar actos que impliquen
promoción para solicitar el voto ciudadano, este evento evidentemente no podía
considerarse dentro de este contexto.
No solo porque se realizo en las propias instalaciones del Instituto
Electoral, que en todo caso es el organismo que tendría que sancionar cualquier
incumplimiento de las disposiciones en la materia.
Porque la intención única de este peculiar encuentro, se circunscribió a un
inusitado ejercicio, que realmente solo tiene carácter simbólico, porque no se
trata de otra cosa más que una simple muestra de buena voluntad.
También se puede entender como una representación, primero porque la firma
del compromiso como tal no implica ninguna responsabilidad de tipo legal.
Por tanto se deduce que la presencia de los candidatos Josefina Vázquez
Mota, Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Gabriel Quadri y los
presidentes de los comités ejecutivos nacionales de sus respectivos partidos,
obedece más a una de esas situaciones en las que nadie quiere quedarse fuera,
sin importar si contribuye o no a la búsqueda de preferencias.
No pretendo limitar la importancia de la intención que de suyo es valiosa,
ni mucho menos de quien la impulso, porque queda claro que el propósito de
Gerardo Gutiérrez Candiani es honesto, como lo es el “la polilla” como le
decíamos en ese entonces el grupo de amigos cercanos que fuimos compañeros en
la secundaria, en el Instituto Carlos Gracida de Oaxaca, amistad que
conservamos hasta ahora.
En su calidad de dirigente del máximo organismo de representación
empresarial del país, Gerardo Gutiérrez con seriedad solicita e impulsa la
firma del compromiso como un intento de hacerles sentir a los candidatos la
gran preocupación social que se percibe en torno a la posibilidad de comportamientos
al margen de la cordura.
Como una forma de traducirle a la clase política que la sociedad requiere
mucho más que buenas intenciones y discursos emocionantes para recuperar la
confianza en sus verdaderas intenciones.
En resumen una exigencia de integridad que por sí misma debe ser una
muestra de respeto hacia el electorado, que finalmente es quien decidirá el
resultado de los comicios.
Ahora bien aun y cuando la postura del Consejo Coordinador Empresarial y su
Presidente sea digna de elogio, sobre todo por lograr hacer que los aspirantes
presidenciales al menos públicamente se comprometan a respetar las reglas, eso
tampoco significa que así vayan a ser las cosas.
Porque como todos sabemos, en la política mexicana una cosa es lo que se
dice y otra la que se hace, en la realidad hay una prolongada distancia entre
los buenos deseos y el pragmatismo.
La firma del compromiso se fundamenta en que ni los candidatos, ni sus
estructuras realizaran trampas en el día de la elección y que todos respetaran el
resultado final de la misma.
La firma no va a coartar las estrategias de cada partido para realizar
actividades a favor de sus candidatos, sobre todo aquellas que se consideran al
margen de la ley y que en nuestro país son parte inherente de las elecciones.
Tampoco va a evitar que si algún aspirante presidencial no está de acuerdo
con el resultado final, independientemente de las causas, no se manifieste en
contra e incluso actué legalmente.
Pero lo que más llama la atención de la firma de esta especie de pacto
definido como compromiso, cuya única trascendencia real es mediática y no
práctica, es la incongruencia.
Si partimos de la base que la credibilidad del Instituto Federal Electoral
no tendría porque estar en tela de juicio, no habría necesidad de que los
actores de la competencia se comprometan a respetar el juicio del árbitro, como
si este pudiera disputarse por el simple hecho del desacuerdo.
Si el marco legal y las instituciones son solidas y todos los participantes
las respetan y se desempeñan de acuerdo a la normatividad establecida, como
para que los candidatos se comprometen y dicho sea de paso solo de intención, a
cumplir lo que de suyo seria una obligación que no es negociable.
Se entiende que en el proceso de madurez de nuestra imperfecta democracia,
todos los argumentos que contribuyan a fortalecer el proceso no sobran, claro
que eso tampoco garantiza nada por descontado.
Incluso y aun cuando el compromiso sea simbólico, la sola presencia de los
candidatos en el evento para signarlo infiere un mensaje positivo en cuanto a
la importancia que le otorgan a la opinión pública.
Porque siendo francos, da la impresión que su asistencia a la ceremonia de
la firma, se debió más a no querer ser criticados por una ausencia, que por la
importancia misma del documento.
Aquí entonces la disyuntiva se centra en que, por un lado es muy positivo
que los organismos de la sociedad tengan la calidad moral y la capacidad para
exigirles a los políticos comportamientos y conductas acordes a su importancia
y responsabilidad y que estos, los políticos, accedan a suscribirse como
responsables y garantes de las mismas.
Sin embargo en simultáneo se presenta una profunda contradicción, porque
como apuntábamos, más allá de su intención y contenido, la firma del compromiso
por la civilidad, es de origen y por definición un reconocimiento tácito de la
debilidad de las instituciones y su credibilidad.
Por tanto si no hay suficiente confianza en el juez y lo que representa, la
democracia en general está en riesgo y eso es lo que resulta muy grave, porque
para fomentar la competencia entre partidos políticos y candidatos, lo primero
es por supuesto, partir de reglas claras y que estas se cumplan.
De otra forma todo el proceso se desvirtúa y nadie será capaz de creer en
nadie, hay que recordar los gigantescos esfuerzos sociales que lograron la
conquista de una incipiente democracia.
En honor a ese esfuerzo, hoy lo que nos corresponde hacer por obligación a
todos quienes integramos la sociedad, desde la trinchera que nos toque, es
exigir la autonomía de las instituciones electorales, para evitar a toda costa
que se conviertan en satélites de los partidos políticos que terminarían por
secuestrarlas para favorecer sus intereses.
Respetar esa autonomía y que esta sea el argumento fundamental de su
integridad, por medio de la honestidad de quienes las representan, para poder
cumplir con su objetivo fundamental, la imparcialidad.
Para no tener nunca más que solicitar la firma de ningún pacto o acuerdo,
que ponga en entredicho las garantías democráticas, porque esto pareciera empujar
las cosas a un estado en el que dependemos no de la ley ni de sus
instituciones, sino de la voluntad de candidatos, de los cuales finalmente uno
ellos terminara por ser gobernante con ese antecedente.
No resta más que esperar que el domingo todo transcurra bajo los causes del
orden y la prudencia, que el resultado de la elección no sea pues un motivo más
para el encono y el enfrentamiento, pero sobre todo, que al final las
instituciones creadas para organizar, llevar a cabo, vigilar y determinar el
resultado del proceso, funcionen bien y sin duda alguna de su desempeño.
guillermovazquez991@msn.com
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