Educación secuestrada.
A pesar de las agrestes arengas de Felipe Calderón el lunes pasado al poner
en marcha la prueba ENLACE en una escuela primaria cercana a la residencia
oficial de Los Pinos, seguramente nada va a cambiar, la educación en México
seguirá secuestrada.
El fuerte discurso de Calderón, por su tono y contenido supondría la
realización de acciones oficiales inmediatas, primero porque con toda
puntualidad señalo que los paros por capricho, organizados por la coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación, organismo disidente del sindicato
tendrían que detenerse.
Tanto la coordinadora como el sindicato, boicotean cada uno por su cuenta
la prueba ENLACE y se oponen a la aplicación de la supervisión universal de los
maestros, así como todo lo que tenga que ver con mecanismos de modernización.
Sin embargo y con un gran oportunismo, más bien cinismo, la eterna
dirigente magisterial, Elba Esther Gordillo, se sumo a la condena, cuando ella
por su cuenta es la imagen viva del atraso del sector educativo y la principal
responsable del secuestro de este sector, que sus disidentes de la
coordinadora, solamente emulan.
En su protesta independientemente de sus objetivos, desnudan la debilidad
del Gobierno, ponen en entredicho el estado de derecho, sin que nada ni nadie
pueda controlarlos, desmantelan la aplicación de políticas públicas a su
antojo.
Cuando Calderón afirmo que “seguiremos siendo tolerantes, pero no
permitiremos que se quebrante la Ley” bien se podría inferir que más allá del
alegato, lo que estaba planteando era tomar medidas contundentes.
Lamentablemente, porque después de eso no ocurrió nada, el secuestro
permanece, sus palabras no corresponden a la intención real de hacer algo al
respecto.
Simple y llanamente pasan a formar parte del catalogo de buenas intenciones,
que por otro lado no sirven para absolutamente nada, tanto la coordinadora como
el sindicato, siguen haciendo lo que se les da la gana, sin que nadie pueda
enfrentarlos.
Lo peor del caso es que, si no sucede nada después del discurso, la imagen
institucional se deteriora por su falta de capacidad para ordenar la coyuntura,
porque no hay la suficiente fuerza del Estado para resolver.
De nada sirven los discursos si estos no van de la mano de las acciones,
los maestros paristas continúan no solo dejando sin clases a millones de
estudiantes, también desquiciando ciudades y perjudicando gravemente su
economía.
Es incongruente que se lance una especie de amenaza, contra quienes parecen
más delincuentes que maestros, sin que eso produzca ningún tipo de resultado,
porque el ultimátum ni les preocupa y mucho menos los intimida.
Sin lugar a dudas hoy el caso más grave sucede en la capital del Estado de
Oaxaca, que como apuntábamos no solo significa el cierre de escuelas, sino la
invasión de todo el centro histórico.
Las repercusiones van mas allá del tema educativo, hay que considerar el
daño que esta manifestación, que más bien es un rapto en forma, está
propiciando el desarrollo de la actividad cotidiana y el perjuicio para la
economía de sus habitantes.
A pesar de los enormes esfuerzos del Gobernador aliancista Gabino Cue
Monteagudo, por llegar a un arreglo como sea, la postura de los dirigentes de
la coordinaría no solo se concentra en sus demandas laborales, exigen una
cantidad de cosas que nada tienen que ver con su movimiento.
El chantaje entorpece cualquier negociación y se convierte en un arma de
dos filos, porque cada vez que la autoridad cede, los paristas incrementan su
seguridad y piden más, aun y cuando eso sea insostenible.
Muestra de ello, la renuncia del titular del Instituto para la Educación
del Estado, que hace las veces de secretaria del ramo, Bernardo Vásquez
Colmenares Guzmán y varios de sus colaboradores, lo que no se puede entender
más que como una derrota institucional muy sensible.
Independientemente de la perdida que significa la separación de Bernardo
Vásquez del cargo, por su trayectoria, honestidad y capacidad, lo que resulta
con su salida es un debilitamiento de la capacidad negociadora, pero sobre todo
de la fuerza del Gobierno.
Vásquez Colmenares se desempeño al frente de la política educativa
oaxaqueña con madurez y eficiencia y su única falta fue no ceder a las
presiones, no amedrentarse ante los chantajes y la exigencia de su separación
desde el inicio de la administración. Su calidad personal y política está muy
por encima de la permanencia en una posición.
Al pedir con toda intención la cabeza de Vásquez Colmenares, lo que los
dirigentes de la coordinadora están dejando como mensaje es el hecho de que,
quien lo sustituya tendrá que plegarse a sus caprichos y al concederlo el
Gobernador en su desesperación por resolver se equivoco.
Este es por supuesto un extraordinario ejemplo del secuestro educativo que
ensombrece al país, porque lo que pasa en Oaxaca no es más que un espejo de lo
que acontece en gran cantidad de entidades.
Desafortunadamente la autoridad solo se limita como lo hizo Calderón
Hinojosa el lunes, al reclamo airado que no soluciona nada, que no hace eco del
repudio social colectivo, que solo deja una sensación de indefensión ante la
cual el estado es inerme.
Bien valdría la pena una revisión a conciencia del marco legal respectivo,
porque con estas situaciones lo que queda para la reflexión es que la propia
Ley permite la coyuntura del chantaje.
Se hace necesario reformar las condiciones para poder sancionar estos
paros, cuando en ellos lo que se observa es un esquema de presión sin sentido.
Transformar no por atentar contra la libre expresión y las demandas
laborales justas, sino por transgredir el postulado básico de la educación,
esta como elemento primordial del desarrollo.
Sobre todo cuando como en estos casos hay un enorme mayoría de terceros
afectados, que ven como son violadas sus garantías individuales sin siquiera
ser parte del conflicto.
Más allá de la larga lista de cosas por hacer en materia educativa,
hablando de mejorarla, la disyuntiva esta en evitar que se siga usando como un
pretexto para el capricho, evitar que el privilegio mal administrado de unos
cuantos se convierta en el perjuicio de los demás.
Catean propiedades de Eugenio Hernández en Tamaulipas.
En seguimiento de la investigación que la Procuraduría de Justica de la
Nación sigue en contra del ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández
Flores, que ya derivo en una orden de presentación que no se ha cumplido, el
desarrollo del proceso sigue su marcha.
Por ello el día de ayer, con la participación de elementos del Ejército,
fueron cateados un rancho y una constructora de su propiedad, ambas ubicadas en
esa entidad fronteriza.
A raíz de la presentación de una demanda civil en el Estado de Texas, por
lavado de dinero en contra de su antecesor Tomas Yarrington, la justicia
mexicana que ya los investigaba a ambos desde finales del año pasado, no tuvo
más remedio que proceder en consecuencia.
Independientemente de que el efecto de la demanda en Estados Unidos obligo
al gobierno mexicano a hacer lo propio, las pesquisas contribuyen a polarizar
el clima político relativo a la elección presidencial, evidentemente con la
intención de hacer uso de estas herramientas para intentar perjudicar la imagen
del Partido Revolucionario Institucional.
Ahora bien, esto no limita el hecho de que Yarrington y Hernández Flores no
tengan cuentas que aclarar con la justicia, sobre todo cuando ha quedado
expuesto que utilizaban a los mismos prestanombres.
guillermovazquez991@msn.com
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