Tiene sentido definir que
es Gobernar en una Democracia
solo si se tiene presente
el fin esencial del Gobierno:
Servir al Pueblo
En una Republica Democrática, definir que es “gobernar”
resulta más preciso empleando el concepto “responsabilidad” sobre otros tales como
“función” o “poder”, porque el primero se enfoca con claridad a su esencia jurídica
y política, en tanto que los segundos la obscurecen.
Antes que todo, “gobernar” es una “responsabilidad”, el cumplimiento de
una obligación, frente a un ente jurídico político determinado: la Nación de un
Estado Democrático y, solo después, ante todos los demás.
Esto quiere decir que el “gobernante” es responsable:
política y jurídicamente, por sus decisiones y sus actos (no simplemente de
forma metafórica o abstracta: “el juicio de la Historia” o “en conciencia”) ante
su propia Nación, sino que debe asumir íntegramente las Consecuencias de
Derecho que se deriven del ejercicio de su “responsabilidad”, así como sus
“costos políticos”.
El gobernante no actúa sobre cosa propia, sino en la
Res Pública (o cosa pública), este es
el significado de “Republica”,por la cual debe responder puntualmente.
Por esta misma razón, el gobernante se encuentra
obligado a rodearse de los colaboradores más capaces y expertos, nunca exclusivamente
de sus “cuates” o incondicionales, porque se pagan con dinero público, de la
Republica, no de su bolsillo particular.
Nuestro Estado, de acuerdo con lo que establece el
artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es una
“República representativa, democrática, federal,…”
En las condiciones establecidas por la propia Constitución,
el gobernante debe actúar representando los Intereses y Derechos del Pueblo, no
los de sí mismo, y menos aun para su personal beneficio.
Así es como debe ser en un Estado de Derecho Democrático.
Gobernar, en el
Estado de Derecho Democrático
Para los cínicos, el Estado de Derecho es una utopía,
solo un instrumento de dominio que sirve para imponer la voluntad del
gobernante y de las elites mediante el uso legitimado de la fuerza, escudados
en Leyes y normas secundarias, formalmente validas, pero que contrarían la
esencia de la Constitución Democrática.
Además, en su lógica arbitraria, las normas “generales”
aplican para el común de los mortales, pero nunca para sí mismos. Este concepto
cabe muy bien en un régimen despótico, pero nunca en uno Democrático.
En un Régimen Democrático, la Constitución y las
leyes que de ella emanan, deben establecer los parámetros de acción para los
gobernantes, y las sanciones precisas y operantes para corregir y castigar sus
desviaciones.
Y si bien dentro de la categoría de Gobierno caben
la actividad legislativa, la judicial y la ejecutiva, en un régimen
Presidencialista como el Mexicano, en el que el Titular del Ejecutivo domina el
Presupuesto, la milicia, el aparato burocrático y los medios tradicionales de
comunicación, es válido decir que el gobernante por excelencia es el “Presidente”
en turno.
Nuestra Constitución Política establece el sentido democrático
de la responsabilidad de gobernar enfocándolo precisamente al: “constante
mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”. (Artículo 3º, fracción
II, inciso a)
En consecuencia, la responsabilidad de Gobernar
encuentra sentido Republicano y Democrático cuando el ejercicio de la
“representatividad” se orienta a servir a los intereses de su Pueblo, directa e
inequívocamente.
Ese es el sentido correcto de la Responsabilidad de
Gobernar. El gobernante no actúa para su propio beneficio, o de una minúscula
elite, o “de los mercados” o “de la comunidad global”, etc., sino para el de su
propio Pueblo, en general.
Para eso el Pueblo elige a sus gobernantes en una
Democracia: para su servicio y beneficio.
Los gobernantes no son electos por los votos de una
elite diminuta, o “de los mercados” o “de la comunidad global”, etc., ni deben
“representar” sus intereses, aunque
estos se esfuercen incansablemente para influir en la decisión comicial mediante
la manipulación mediática o la limitación de opciones en partidos y candidatos.
Los gobernantes son electos el día de los comicios,
en las urnas y por los votos de la mayoría del Pueblo.
Los ciudadanos tienen todo el derecho de recibir lo
que los partidos y candidatos les quieran regalar, pero finalmente son libres
de elegir en conciencia a quien ellos prefieran, ejerciendo a plenitud su humano
derecho a acertar…, o equivocarse.
Lo que está expresamente
autorizado por la Ley
Si para los gobernados, particulares, aplica el
principio de que “lo que no se encuentra jurídicamente prohibido, se encuentra
jurídicamente permitido”, para el caso de los gobernantes aplica el de que “solo
pueden hacer aquello que se encuentra expresamente autorizado por la Ley”, nada
más.
Esto aplica por supuesto al Titular del Ejecutivo
que no puede estar por encima de la Constitución, ni alegar en su beneficio la
existencia de “facultades meta constitucionales”; en un Estado de Derecho Democrático
no las hay, ni debe haberlas.
Por otra parte, en congruencia con la
Responsabilidad de Gobernar, las leyes que apruebe el legislador, deben guardar
el principio de “integridad” con las normas esenciales de la Constitución, es
decir, no pueden ser instrumentos para la simulación, tergiversando sus
principios Republicanos, Democráticos y
Representativos, como es el caso de leyes “de responsabilidades” que son en la
práctica “de impunidades” oficiales, y pseudo organismos de fiscalización que
son nombrados y removidos por los
propios fiscalizados.
Además, en referencia a la actividad jurisdiccional,
aunque en todas las leyes cabe la interpretación, en congruencia con la
Responsabilidad de Gobernar esta debe responder
al los principios de la Lógica Jurídica, es decir, vale auxiliarse del contexto,
la doctrina y la Jurisprudencia, siempre que no se intente algo diametralmente
contrario a la letra y el espíritu de la Ley.
Tampoco es válido, dentro de la Responsabilidad de
Gobernar, refugiarse en los resquicios del fuero Presidencial para atentar
contra las Leyes contraviniendo su sentido mediante normas reglamentarias. Algo
que parecería inconcebible por la buena fe y calidad moral que se le atribuye a
la Institución Presidencial; pero la persona que funge como Presidente no es exactamente
esa misma Institución (hemos tenido Presidentes buenos, malos y peores) y esa tentación
cruza frecuentemente por las mentes de quienes se sienten “genios jurídicos”
para violar impunemente las normas jurídicas de mayor jerarquía.
La Responsabilidad de Gobernar
y los Derechos Humanos
Los Derechos Humanos se establecieron precisamente para
poner coto a los excesos de los Gobernantes.
Si algunos gobernantes tienden a desviarse en el
ejercicio de su responsabilidad para abusar del “poder”, los Derechos Humanos,
reconocidos por la Constitución, tienen el fin de proteger a los gobernados. El
artículo 1o de nuestra Ley Fundamental establece
que: su “ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y
bajo las condiciones que esta Constitución establece.”
Entre ellos se encuentran los Derechos Humanos
a la Libertad, a la Vida, a la Libertad
de Expresión, a la Propiedad, etc.
Para despejar cualquier duda acerca del sentido de
la Responsabilidad de Gobernar: Servir al Pueblo, el artículo 1o Constitucional
establece en su segundo párrafo, además que: “Las normas relativas a los
derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con
los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las
personas la protección más amplia.”
No obstante, los gobernantes se valen de todas las marrullerías
a su alcance para evitar el conocimiento cabal y el goce de los mismos por los
Ciudadanos, con el fin de evadir su responsabilidad de cumplirlos; tal es el
caso del Derecho Humano a la Seguridad Publica, establecido en el artículo 21,
al cual los gobernantes le dan obstinadamente el trato de un Derecho de
Petición, al que suelen tratarlo como ellos quieren.
De esa forma gastan dinero a raudales, inventan
programas sin diagnósticos ni estrategias viables y, evitan rendir cuentas de
sus resultados a los Mexicanos, con el mayor descaro e impunidad. Esto se
aparta de la correcta “Responsabilidad de Gobernar”.
La Responsabilidad de Gobernar
y las Redes Sociales
El advenimiento de las Redes Sociales: Twitter,
YouTube, Facebook, etc., ha traído consigo un inesperado aire Democrático
frente a la violencia psicológica ejercida por los gobernantes a través de los
medios tradicionales controlados, ocultando y/o sesgando información, con el
fin de evadir la Responsabilidad de Gobernar sujeta al Estado de Derecho Democrático.
Gracias a la Tecnología, ahora es posible integrar
comunidades criticas, verdaderas conciencias colectivas que se nutren y
retroalimentan de toda aquella información que hasta hace pocos años resultaba
fácil ocultar o tergiversar.
De esa forma, uno de los principales obstáculos para
hacer exigible la Responsabilidad de Gobernar: el ocultamiento y el sesgo de la
información, son desenmascarados en cada oportunidad y evidenciados ante grandes
sectores de la Población. Actualmente hay en México más de 40 millones de
usuarios de Internet, pero su trascendencia no se limita a esta cifra.
Cada miembro de las redes sociales comparte su
información con los miembros de su familia, comunidades escolares, clubes,
empresas, etc., de tal forma que la cifra mencionada casi alcanza a comprender
a la totalidad de los ciudadanos, con exclusión solo de aquellos que viven en
comunidades marginadas y carentes de los servicios esenciales.
Como un ejemplo de lo anterior, las redes sociales
han evidenciado el despliegue de una “campaña del optimismo” en víspera de
elecciones, mediante la cual el gobierno, sus dependencias e instituciones
asociadas, nacionales y extranjeras, repiten a coro cada día en los medios tradicionales
todo lo bien que estamos en seguridad, empleo, poder adquisitivo, educación,
inversión, paridad cambiaria, etc., aunque la realidad demuestra con hechos
exactamente lo contrario. Esta tarea desinformadora, contraviene la “Responsabilidad
de Gobernar”, porque falsea los resultados con el fin de favorecer el voto a
favor de las preferencias político electorales del Gobierno en turno, algo que
no está dentro de sus atribuciones y puede llegar a constituir un ilícito
electoral.
Por ello, las redes sociales han venido a suplir con
creces las deficiencias en la actuación de los organismos e instituciones
formalmente encargados de supervisar la “Responsabilidad de Gobernar”, pero que
de una forma o de otra han sido “cooptados”.