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La Responsabilidad de Gobernar
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25/05/2012
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Tiene sentido definir que es Gobernar en una Democracia
solo si se tiene presente el fin esencial del Gobierno:
Servir al Pueblo
En una Republica Democrática, definir que es “gobernar” resulta más preciso empleando el concepto “responsabilidad” sobre otros tales como “función” o “poder”, porque el primero se enfoca con claridad a su esencia jurídica y política, en tanto que los segundos la obscurecen.
Antes que todo, “gobernar” es una “responsabilidad”, el cumplimiento de una obligación, frente a un ente jurídico político determinado: la Nación de un Estado Democrático y, solo después, ante todos los demás.
Esto quiere decir que el “gobernante” es responsable: política y jurídicamente, por sus decisiones y sus actos (no simplemente de forma metafórica o abstracta: “el juicio de la Historia” o “en conciencia”) ante su propia Nación, sino que debe asumir íntegramente las Consecuencias de Derecho que se deriven del ejercicio de su “responsabilidad”, así como sus “costos políticos”.
El gobernante no actúa sobre cosa propia, sino en la Res Pública (o cosa pública), este es el significado de “Republica”, por la cual debe responder puntualmente.
Por esta misma razón, el gobernante se encuentra obligado a rodearse de los colaboradores más capaces y expertos, nunca exclusivamente de sus “cuates” o incondicionales, porque se pagan con dinero público, de la Republica, no de su bolsillo particular.
Nuestro Estado, de acuerdo con lo que establece el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es una “República representativa, democrática, federal,…”
En las condiciones establecidas por la propia Constitución, el gobernante debe actúar representando los Intereses y Derechos del Pueblo, no los de sí mismo, y menos aun para su personal beneficio.
Así es como debe ser en un Estado de Derecho Democrático.
Gobernar, en el Estado de Derecho Democrático
Para los cínicos, el Estado de Derecho es una utopía, solo un instrumento de dominio que sirve para imponer la voluntad del gobernante y de las elites mediante el uso legitimado de la fuerza, escudados en Leyes y normas secundarias, formalmente validas, pero que contrarían la esencia de la Constitución Democrática.
Además, en su lógica arbitraria, las normas “generales” aplican para el común de los mortales, pero nunca para sí mismos. Este concepto cabe muy bien en un régimen despótico, pero nunca en uno Democrático.
En un Régimen Democrático, la Constitución y las leyes que de ella emanan, deben establecer los parámetros de acción para los gobernantes, y las sanciones precisas y operantes para corregir y castigar sus desviaciones.
Y si bien dentro de la categoría de Gobierno caben la actividad legislativa, la judicial y la ejecutiva, en un régimen Presidencialista como el Mexicano, en el que el Titular del Ejecutivo domina el Presupuesto, la milicia, el aparato burocrático y los medios tradicionales de comunicación, es válido decir que el gobernante por excelencia es el “Presidente” en turno.
Nuestra Constitución Política establece el sentido democrático de la responsabilidad de gobernar enfocándolo precisamente al: “constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”. (Artículo 3º, fracción II, inciso a)
En consecuencia, la responsabilidad de Gobernar encuentra sentido Republicano y Democrático cuando el ejercicio de la “representatividad” se orienta a servir a los intereses de su Pueblo, directa e inequívocamente.
Ese es el sentido correcto de la Responsabilidad de Gobernar. El gobernante no actúa para su propio beneficio, o de una minúscula elite, o “de los mercados” o “de la comunidad global”, etc., sino para el de su propio Pueblo, en general.
Para eso el Pueblo elige a sus gobernantes en una Democracia: para su servicio y beneficio.
Los gobernantes no son electos por los votos de una elite diminuta, o “de los mercados” o “de la comunidad global”, etc., ni deben “representar” sus intereses, aunque estos se esfuercen incansablemente para influir en la decisión comicial mediante la manipulación mediática o la limitación de opciones en partidos y candidatos.
Los gobernantes son electos el día de los comicios, en las urnas y por los votos de la mayoría del Pueblo.
Los ciudadanos tienen todo el derecho de recibir lo que los partidos y candidatos les quieran regalar, pero finalmente son libres de elegir en conciencia a quien ellos prefieran, ejerciendo a plenitud su humano derecho a acertar…, o equivocarse.
Lo que está expresamente autorizado por la Ley
Si para los gobernados, particulares, aplica el principio de que “lo que no se encuentra jurídicamente prohibido, se encuentra jurídicamente permitido”, para el caso de los gobernantes aplica el de que “solo pueden hacer aquello que se encuentra expresamente autorizado por la Ley”, nada más.
Esto aplica por supuesto al Titular del Ejecutivo que no puede estar por encima de la Constitución, ni alegar en su beneficio la existencia de “facultades meta constitucionales”; en un Estado de Derecho Democrático no las hay, ni debe haberlas.
Por otra parte, en congruencia con la Responsabilidad de Gobernar, las leyes que apruebe el legislador, deben guardar el principio de “integridad” con las normas esenciales de la Constitución, es decir, no pueden ser instrumentos para la simulación, tergiversando sus principios Republicanos, Democráticos y Representativos, como es el caso de leyes “de responsabilidades” que son en la práctica “de impunidades” oficiales, y pseudo organismos de fiscalización que son nombrados y removidos por los propios fiscalizados.
Además, en referencia a la actividad jurisdiccional, aunque en todas las leyes cabe la interpretación, en congruencia con la Responsabilidad de Gobernar esta debe responder al los principios de la Lógica Jurídica, es decir, vale auxiliarse del contexto, la doctrina y la Jurisprudencia, siempre que no se intente algo diametralmente contrario a la letra y el espíritu de la Ley.
Tampoco es válido, dentro de la Responsabilidad de Gobernar, refugiarse en los resquicios del fuero Presidencial para atentar contra las Leyes contraviniendo su sentido mediante normas reglamentarias. Algo que parecería inconcebible por la buena fe y calidad moral que se le atribuye a la Institución Presidencial; pero la persona que funge como Presidente no es exactamente esa misma Institución (hemos tenido Presidentes buenos, malos y peores) y esa tentación cruza frecuentemente por las mentes de quienes se sienten “genios jurídicos” para violar impunemente las normas jurídicas de mayor jerarquía.
La Responsabilidad de Gobernar y los Derechos Humanos
Los Derechos Humanos se establecieron precisamente para poner coto a los excesos de los Gobernantes.
Si algunos gobernantes tienden a desviarse en el ejercicio de su responsabilidad para abusar del “poder”, los Derechos Humanos, reconocidos por la Constitución, tienen el fin de proteger a los gobernados. El artículo 1o de nuestra Ley Fundamental establece que: su “ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.”
Entre ellos se encuentran los Derechos Humanos a la Libertad, a la Vida, a la Libertad de Expresión, a la Propiedad, etc.
Para despejar cualquier duda acerca del sentido de la Responsabilidad de Gobernar: Servir al Pueblo, el artículo 1o Constitucional establece en su segundo párrafo, además que: “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.”
No obstante, los gobernantes se valen de todas las marrullerías a su alcance para evitar el conocimiento cabal y el goce de los mismos por los Ciudadanos, con el fin de evadir su responsabilidad de cumplirlos; tal es el caso del Derecho Humano a la Seguridad Publica, establecido en el artículo 21, al cual los gobernantes le dan obstinadamente el trato de un Derecho de Petición, al que suelen tratarlo como ellos quieren.
De esa forma gastan dinero a raudales, inventan programas sin diagnósticos ni estrategias viables y, evitan rendir cuentas de sus resultados a los Mexicanos, con el mayor descaro e impunidad. Esto se aparta de la correcta “Responsabilidad de Gobernar”.
La Responsabilidad de Gobernar y las Redes Sociales
El advenimiento de las Redes Sociales: Twitter, YouTube, Facebook, etc., ha traído consigo un inesperado aire Democrático frente a la violencia psicológica ejercida por los gobernantes a través de los medios tradicionales controlados, ocultando y/o sesgando información, con el fin de evadir la Responsabilidad de Gobernar sujeta al Estado de Derecho Democrático.
Gracias a la Tecnología, ahora es posible integrar comunidades criticas, verdaderas conciencias colectivas que se nutren y retroalimentan de toda aquella información que hasta hace pocos años resultaba fácil ocultar o tergiversar.
De esa forma, uno de los principales obstáculos para hacer exigible la Responsabilidad de Gobernar: el ocultamiento y el sesgo de la información, son desenmascarados en cada oportunidad y evidenciados ante grandes sectores de la Población. Actualmente hay en México más de 40 millones de usuarios de Internet, pero su trascendencia no se limita a esta cifra.
Cada miembro de las redes sociales comparte su información con los miembros de su familia, comunidades escolares, clubes, empresas, etc., de tal forma que la cifra mencionada casi alcanza a comprender a la totalidad de los ciudadanos, con exclusión solo de aquellos que viven en comunidades marginadas y carentes de los servicios esenciales.
Como un ejemplo de lo anterior, las redes sociales han evidenciado el despliegue de una “campaña del optimismo” en víspera de elecciones, mediante la cual el gobierno, sus dependencias e instituciones asociadas, nacionales y extranjeras, repiten a coro cada día en los medios tradicionales todo lo bien que estamos en seguridad, empleo, poder adquisitivo, educación, inversión, paridad cambiaria, etc., aunque la realidad demuestra con hechos exactamente lo contrario. Esta tarea desinformadora, contraviene la “Responsabilidad de Gobernar”, porque falsea los resultados con el fin de favorecer el voto a favor de las preferencias político electorales del Gobierno en turno, algo que no está dentro de sus atribuciones y puede llegar a constituir un ilícito electoral.
Por ello, las redes sociales han venido a suplir con creces las deficiencias en la actuación de los organismos e instituciones formalmente encargados de supervisar la “Responsabilidad de Gobernar”, pero que de una forma o de otra han sido “cooptados”.
@adiazpi
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