. Alfonso Campuzano, médico cirujano traumatólogo del Hospital Clínico Universitario de Valladolid.- Es absolutamente
sorprendente, y da vergüenza ajena, incluso respeto humano, que 36 años después
de haber publicado el Ministerio de Trabajo, concretamente el 30 mayo de 1974,
un decreto redactado por un gobierno preconstitucional y moribundo, cuyas líneas
destilan objetivos de ámbito progresista y socialista que, como un derecho
inviolable e inalienable, garantizaba que todos los españoles pertenecieran a
la Seguridad Social, protegiendo la progresiva elevación del nivel de vida en
los órdenes sanitario, económico y cultural, para que, transcurrido este
tiempo, un gobierno central, ayudado por la creación de un monstruo de 17
gobiernos autonómicos, todos postconstitucionales, por supuesto, algunos hasta
socialistas, sólo de nombre, los españoles notaran en sus carnes la
implantación de un retroceso, un despojo, es la palabra apropiada, con la
inauguración de la apertura de la veda contra todos los derechos adquiridos, cómo
no, siempre hay una excusa, echando la culpa a una crisis económica largamente anunciada
con clarines para los menos sordos, que llamaba a la puerta con delicadeza, eso
sí, que se instauraba poquito a poco en todas y cada una de las familias, que
azuzaba con machaconería diaria por los medios de comunicación, como salida insospechada
y sin pensar en las consecuencias, editando un decreto, muchísimos meses
después de haber sido aprobados los presupuestos generales del Estado, a fin de
suprimir la progresiva elevación del nivel de vida en los órdenes sanitario
(con sus recortes) y económico (con la burrada de bajada de sueldos de todos
los funcionarios, en lugar de eliminar todo lo superfluo), algo impensable en
un estado democrático, algo que jamás se atrevió en cuarenta años a hacer el
antiguo régimen antidemocrático que emitió el tal decreto socialista. Pura
ironía del Destino.
No existe ni puede existir
excusa ante esta incompetencia política. Malos gestores, incluso inútiles,
legitimados en la incompetencia. Y el apunte y fuego, cómo no, hacia los que
están en todo momento dispuestos, en el primer tiempo del saludo militar, a
sacar las castañas del fuego, los funcionarios de a pie que no son, ni mucho
menos, culpables (gran cantidad, mileuristas, que no se olvide), faltaría más,
y sí paganos de la desidia, torpeza y minusvalía intelectual gestora que
programaron este insensato proceder con la vista puesta en sí mismos. Porque si
se tratara de hacer caja, por lógica, y para obtener dinero rápido y fácil, los
recortes nunca debieron haber comenzado por abajo, como se hizo y se hace, que
es donde se esconde el chocolate del loro, y de seguir por este camino esta
crisis perdurará per
saecula saeculorum, sino
por arriba, donde se encuentran los que, sin que les afecte, realmente dictan
el recorte.
La asistencia médica
prestada por el Régimen General a sus beneficiarios comprenderá, con el alcance
determinado en esta Ley, los servicios de
Medicina general, especialidades, internamiento quirúrgico y Medicina de
Urgencia, así como los de tratamiento y estancia en Centros y Establecimientos
sanitarios.
Los recortes que en
algunas comunidades autónomas han sido hechos a saco, sin que el Estado español,
en todo momento mudo, haya defendido los derechos que afectan a sus
contribuyentes, rebajando la asistencia sanitaria, como si los ciudadanos
fueran culpables de los desmanes económicos que conlleva ilegalmente el cheque
en blanco que dieron con su voto, un voto que estos aprendices de oficio, y de
brujo, no se merecían, a la vista está, por irresponsables y manirrotos. Han
disminuido, hasta desaparecer, las prestaciones económicas para proteger a la
familia, como premios de natalidad, infelizmente desaparecidos a cambio de
subvencionar el aborto a la carta, incluso a menores de edad sin consentimiento
paterno. Se han detectado también recortes en las prestaciones económicas por incapacidad
laboral transitoria, por invalidez, por jubilación, por desempleo.
Más sorprendente aún es
que nadie, ni el actual gobierno cuando estaba en la oposición ni los
sindicatos llamados de clase, los que dicen que defienden al trabajador
(trabajador es aquél que trabaja y cotiza a la Seguridad Social) ha denunciado
de oficio este atropello hasta dos años después, se dice bien, sin que se haya
oído un sólo grito sindical en su contra, algo que debería afectar porque, aunque
están para defender al trabajador, por apesebramiento se han colocado en la
acera de enfrente, fundamentalmente debido a que el gobierno de turno les ha
callado la boca, les ha dado de comer en su mano con las incalculables
subvenciones que siguen recibiendo desde hace muchos, qué digo, muchísimos años.
Han esquilmado el Patrimonio de la Seguridad Social (cuotas, bienes, derechos,
acciones y recursos) que nada tiene que ver con el patrimonio del Estado y al
que se ha apoyado. Y es que cuando se ha perdido el poder se quiere ganar la
calle.
Corolario: Se agudiza cada día un poco más un
programa malévolo como es el que cierto servicio de citaciones, casi mejor
sería llamarlo de descitaciones, con una habilidad pasmosa, el paciente o asegurado
o cliente o usuario recibe en mano, y hasta por correo, una, dos, tres o más
cambios de cita (lugar y hora) en un centro de especialidades lo más alejado posible
de su domicilio para ser visitado por un médico especialista (con varios
cambios, ignorando quién le va a visitar), cuando la realidad es que
actualmente dispone de otro centro de especialidades más cercano a su
domicilio, quizá con el objetivo puesto en restar la lista de espera, excusa
que cada vez vale menos, gracias al maquillaje que las estadísticas sufren cada
día de la vida, posiblemente despreciando la libre elección de médico a la que
tiene derecho. Una actuación que en nada beneficia a la administración, ni al
médico especialista y menos aún al paciente o asegurado o cliente o usuario que
lo sufre en carne propia.