Medios de
comunicación y redes sociales, amen de un extraño comportamiento del gobierno y
el poder publico en cuanto al rol de la información y a la decisión de matar al
mensajero, nos revela un curioso fenómeno económico y político con serias
repercusiones en la salud pública: la potabilidad del agua en muchas ciudades
venezolanas ha sido puesta en discusión por los propios habitantes, el problema
adquirió dimensiones nacionales.
De hecho, la decisión del gobierno de asignar unos
1600 millones de Bs. F para ajustar los niveles de potabilidad del agua a nivel
nacional, nos muestra que en su interior, por ahora declarativamente, el
gobierno también estima que los problemas de potabilidad del agua son serios,
al menos eso lo muestra la decisión del gobierno de incrementar sustancialmente
el gasto en ese sector.
Sin embargo, al enfrentarnos a los resultados y la evidencia
empírica en cuanto a los mecanismos de asignación de recursos fiscales que no
guardan relación con la descapitalización de servicios públicos y empresas
estatales, no proyectamos muchas esperanzas que a los realazosel agua sale de las
hidrológicas estatales alcance los estándares de pureza y potabilidad
requeridos.
1. Censura, desbalance institucional
e irresponsabilidad
El poder publico, quizás en conocimiento de la gravedad del
problema, decidió restringir a los medios y a la opinión publica a expresarse
sobre el problema de la potabilidad del agua servida para consumo humano por
las empresas publicas destinadas a esos efectos: las hidrológicas.
Toda esa situación que fluyo profusamente por las redes sociales y
medios de comunicación nos hizo investigar las causas y razones por las cuales,
en tiempo relativamente corto, la gente comenzó a reclamar que el agua servida
como potable, no lo parecía, y allí la preocupación de todos en torno al impacto
sobre la salud publica de unas aguas servidas por el gobierno que no alcanzaren
los estándares mínimos de potabilidad requerida para consumo humano.
Era una obligación entonces investigar el entorno
económico-institucional y la racionalidad económica subyacente en la producción
del agua potable, un servicio publico monopolizado por el Estado/gobierno y
sujeto a infinidad de perversiones emergidas todas de su condición monopólica.
Parece que la preocupación de la gente no la calma en lo inmediato el gobierno,
ni el poder publico, al tratar de restringir la difusión del tema, sobre todo
cuando el Consejo de Ministros toma la decisión de gastar unos 1600 MM de Bs. F
para corregir los niveles de potabilidad de las aguas blancas a nivel nacional.
El gobierno aparece de algún modo atendiendo el reclamo de la
gente en torno a la calidad delas aguas blancas servidas por las hidrológicas
del Estado. Resta evaluar las economías mencionadas para proyectar la solución
de ese angustioso problema. Nos abriga una duda metódica que trataremos de
explicar adelante.
2. La economía del agua potable I
Entremos en materia económica y del análisis económico que
denomino como la “economía del agua y su supuesta potabilidad”, para que nos
permita comprender que es lo que realmente ocurre en torno a la potabilidad o
no del agua servida por las hidrológicas del Estado; y evaluar si en realidad
el gasto asignado, arriba mencionado, solucionaría los serios problemas
generados por el régimen de estatización “formal” e informal –violenta- de la
“economía del agua “ que el gobierno ha instrumentado desde hace años.
En el grafico que adjuntamos a esta nota, en lo que se refiere al
agua, ilustramos la secuencia en un “circuito económico” perverso impuesto por
la estatización e intervención del estado/gobierno en la “economía del agua
potable”.
En general, acotamos, que poco se conocen en la opinión publica
los efectos perversos causados en el aparato productivo, al que se encuentra bajo dominio
del Estado/gobierno y al sector privado, los esquemas de “cooperativismo
estatal” ah-hoc instrumentados en servicios públicos, petróleo, CVG, cemento,
agricultura, agroindustria, manufactura, servicios públicos. Un caso que
discutimos acá, se puede ver en el grafico adjunto, es precisamente la relación
de esas “cooperativas
paraestatales” con el servicio de agua potable.
La potabilidad del agua, universalmente, depende –entre
otros- de un recurso, aparentemente abundante en Venezuela, pero
cuya producción ha caído al ritmo de la contracción de la producción de
petróleo; el gas, tanto al asociado al petróleo, como el libre natural. Un
extendido proceso de descapitalización y desinversión ha contraído igualmente
la producción de gas –natural hasta tener que depender del gas de Colombia para
el funcionamiento de la industria petrolquímica en el Zulia y Carabobo. El gas
es el insumo central para la producción del gas cloro, materia prima esencial
para producir los hipocloritos requeridos en la potabilización del agua
servida; un proceso que se afianza en un stripping de los compuestos volátiles seguido de
precipitación de impurezas –bactericida- con floculantes, filtración y
desinfección, reducción del crecimiento de algas y microrganismos en el agua, y
para ello el cloro es fundamental.
3. La economía del agua potable II:
el rol de las “cooperativas paraestatales”.
En Venezuela la economía del agua comienza en Pequiven con la
producción y distribución de gas, el cual es ofrecido a empresas privadas para
producir los hipocloritos, de eso que la gente comúnmente denomina cloro, cuyo
poder bactericida es vital para potabilizar el agua. El hipoclorito producido
por empresas privadas, es destinado entre otros a dos actividades económicas
básicas, a las hidrológicas para potabilizar el agua y la industria que
producen detergentes, limpiadores, desinfectantes, etc.
Es acá donde entra el socialismo de las “cooperativas
paraestatales”, lo cual, dado el dominio de un régimen económico informal
ideológicamente conducido, asume por decisiones políticas y no económicas el
monopolio de vender el hipoclorito a las empresas hidrológicas públicas. Se
puede intuir sin dificultad y por evidencia empírica y abundante historia, como
emergen las perversiones típicas de esos maridajes incestuosos entre el Estado,
grupos políticos y cronies cuando esos intereses divisan un negocio,
independiente de los riesgos en ello envueltos.
Las empresas privadas que ejercían esta actividad en el pasado han
sido puestas de lado, para dar paso al régimen de “cooperativas paraestatales”,
un régimen económico pre-capitalista, mercantilista pro-socialista e informal,
donde los derechos de propiedad son definidos como estatales, sin propiedad
privada ni cooperativa, son intereses colectivos políticos en su “actividad
económica” afectaría, en el caso del agua, el régimen racional de mercado que
existía para dotación de insumos a las hidrológicas, por desaparición del marco
jurídico que ampara las relaciones económicas entre el Estado y terceros que en
el pasado, eran privados. Ahora, en la figura de “cooperativas
paraestatales” donde los derechos de propiedad son acotados por un régimen
difuso de derechos de propiedad, pero estatales por defecto, pervierte una
actividad económica vital, con impacto potencialmente directo en la salud
publica.
4. El “cooperativismo estatal” sin
Estado de derecho
El esquema de “cooperativas estatales” impuesto por el gobierno se
encuentra en las antípodas del tradicional cooperativismo existente en el
mundo, y en Venezuela, dado que su filosofía de la propiedad cooperativa no
solo no es privada, sino por el contrario, el régimen de "cooperativas
paraestatales, se funda en empresas cooperativas donde no existe propiedad
privada nocional o titularizada, es estatal por defecto del marco jurídico
difuso.
La empresa cooperativa, como se le concibe universalmente, -la de los dos pinos verdes- no esta en contradicción con el
disfrute, goce y disponibilidad de la propiedad privada y sus derechos, por
parte del cooperativista, independiente del régimen de enajenación que exista
en la “cooperativa”, fundado en la propiedad privada y su presencia es
extendida en diversos sectores de la economía, es una realidad económica y es
desde luego una realidad económica cuya rentabilidad le garantiza su existencia
en el mercado de los bienes y servicios en que opera. El ejemplo mas visible en
Venezuela lo encontramos en el transporte publico –cooperativas de transporte- , buses y taxis,
constituyen instrumentos de trabajo y en propiedad privada del conductor, este
permitirá al lector seguir mi discusión sobre ese tema en relación a las cooperativas
fundadas y fondeadas por el gobierno que llamamos “cooperativas paraestatales” y que
ha introducido serias distorsiones y perversiones en el funcionamiento de la
economía.
El régimen de “cooperativas paraestatales “que ha establecido el
“socialismo bolivariano“ no es cooperativista sino estatal políticamente
contaminado. Ese mecanismo de operatividad, en el caso que discutimos acá, en
el servicio de aguas, es un modus operandi que encontramos en relación al
maridaje entre esas “cooperativas
paraestatales” con
empresas básicas en Guayana, CVG, acero y aluminio, en PDVSA y Pequiven,
en minas, cemento, aguas y bosques, en el espacio electromagnético,
sectores de industria y comercio; donde se han creado relaciones
económicas incestuosas por ser extensiones del Estado/gobierno y su vasta
clientela política e ideológica que han afectado el funcionamiento
natural de la economía privada en esos sectores de la economía nacional y en
los servicios públicos.
5. Mercantilismo y socialismo:
incesto entre el Estado y grupos de interés.
Acotemos que la creación masiva de “cooperativas” ha constituido
un aspecto central del esquema ideológico en materia de políticas públicas para
la expansión del Socialismo del Siglo XXI, para lo cual escogieron los
servicios públicos y los monopolios estatales en petróleo, minas, espacio
electromagnético, cemento, producción y distribución de alimentos.
Cientos de miles de cooperativas fueron creadas para realizar actividades
económicas con PDVSA, PEQUIVEN, CVG (SIDOR, empresas del aluminio) y otras
empresas del Estado, operaciones que tradicionalmente efectuaban empresas
formales privadas, lo cual permitía el funcionamiento de un régimen jurídico
adecuado donde las contrataciones se basaban en un estado de derecho preciso, y
al amparo de la Ley.
Una actividad económica en ese sentido, descrita arriba por
nosotros como “incestuosa” –entre
el Estado/gobierno, clientela política e ideológica del proceso político
llamado revolución- opera con la comercialización de productos
siderúrgicos para la construcción, cemento, de comercialización de insumos
agropecuarios y agroindustriales. Ciertamente esas perversiones introducidas en
la economía de las empresas de CVG en Guayana, ayudan a explicar el colapso
económico y descapitalización del conglomerado industrial de CVG.
Ese modus operandi es visible en la comercialización de
cemento, entre esos grupos clientelares políticamente afines, con las empresas
cementeras estatizadas, lo cual ha afectado el mercado del cemento e insumos
requeridos para la industria de la construcción y viviendas. También se observa
en la producción y comercialización de leche así como en la distribución de
productos alimenticios donde opera con las perversiones y distorsiones del
caso. Todos deben recordar los casos de deterioro de alimentos importados y
distribuidos por PVDSA (PDVAL), las cooperativas paraestatales son allí el
estandarte de esas des economías.
En relación al petróleo y a PDVSA el rol de esas “cooperativas
paraestatales” merece un capitulo aparte, dado el costoso proceso de
desinversión y descapitalización que caracteriza la industria petrolera en
poder de PDVSA lo cual, entre otros ha inducido a un crecimiento de los costos
para producir un barril de petróleo, y que es notable al comparar esos costos
entre periodos de diez anos, los cuales se han triplicado. Nada distinto a como
funcionaba el régimen económico que caracterizo a los regímenes de socialismo
real. El socialismo bolivariano opera con la misma estructura de incentivos de
los fracasos históricos conocidos.