Revisemos el Estado de las autonomías.

Ábrase la Constitución y modifíquense aspectos como las autonomías, la sucesión, la devolución al Estado de competencias como la educación y la sanidad.

 

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No es ninguna sorpresa que donde Esperanza Aguirre pone el ojo, pone la bala. Cuando muchos políticos van, ella ya está de vuelta. Aquí no se cumple aquello de que quienes están de vuelta son los que no han ido a ninguna parte.

Una vez más acierta al incidir en que “hay que dejar de sostener a todos los que pueden y deben sostenerse solos". Entre esos ha citado a los partidos políticos, patronales, sindicatos y personas con rentas altas. Es evidente que la crisis ya no permite cerrar los ojos y distribuir euros a diestro y siniestro. Eso de subvencionarlo todo, como opina la izquierda, ha pasado a mejor vida y debe dejar de hacerse.

Tal vez lo más acertado de su pensamiento es  la necesidad de "revisar todo el Estado de las autonomías de raíz. Es imprescindible". Por fin alguien se ha dado cuenta, además de Europa. Las autonomías son la vergüenza del Estado y la causa de la sinrazón que acompaña al Estado. Ábrase la Constitución y modifíquense aspectos como las autonomías, la sucesión, la devolución al Estado de competencias como la educación y la sanidad. Es excesivo el gasto de 17 comunidades autónomas en España.

"España no puede permitirse el lujo de mantener 17 entramados autonómicos, tenemos que encarar una reforma en profundidad de las administraciones públicas", ha dicho Esperanza Aguirre. Y lo ha dicho desde la sensatez, la elegancia y la reflexión de quien ve a diario el despropósito de los gastos autonómicos, la dualidad y –a veces—triplicidad de funciones y cometidos.

Se impone, desde nuestro punto de vista, el pacto de Estado para corregir las barbaridades cometidas hasta ahora. Pongamos un ejemplo: es incomprensible la existencia de la AEMET en el Estado y el Servicio de meteorología que mantiene la Junta de Castilla y León, pagando a empresas por datos que el Estado le proporcionaría de forma gratuita. Mi pregunta: ¿A dónde va a parar el dinero que la Junta de Castilla y León emplea en pagar a empresas privadas para solicitar los datos que puede obtener con un simple correo electrónico a la AEMET? ¿Quién se aprovecha de ese gasto? ¿Por qué se duplica el gasto a lo tonto?  ¿Quién se embolsa ese dinero? Pues eso es lo que hay que suprimir cuanto antes y eso es lo que viene a decir Esperanza Aguirre en su asesoramiento a Mariano Rajoy.

La presidenta de la Comunidad de Madrid puso como ejemplo la Educación, pues la Constitución establece que "tiene que ser pública y gratuita desde los 6 a los 16 años, no dice que tiene que serlo después". También habló sobre la Sanidad en el sentido de no entender que tengan que ser gratuitas determinadas actuaciones; algo en lo que viene incidiendo desde hace tiempo.  

Muchos entendemos que el Estado nunca debió ‘soltar’ la Educación y la Sanidad, de la misma forma que no debería soltar la Justicia a ninguna comunidad autónoma ni la Hacienda Pública ni la Caja única. Según Aguirre el ahorro sería de unos 48.000 millones de euros pero, según los más entendidos, podría llegar a los 170.000 millones de euros. Nos ahorraríamos eso, y posiblemente más. Ese ahorro sería en “… edificios, alquileres, altos cargos, políticos, asesores, secretarias, conductores, coches oficiales, tarjetas de crédito, bonos de desplazamiento, billetes de tren y avión,…". Todo ello llevaría a un mayor ahorro en otros aspectos colaterales.

UNETE



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