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El caso del magistrado Eugenio Castellanos


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29/03/2012

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Intereses ajenos desvían el propósito fundamental del ejercicio del poder que es la procuración del bien común:

El caso del magistrado Eugenio Castellanos

 

El asunto ha sido atraído por la relevancia del caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Haciendo un análisis exclusivamente jurídico sobre  la relevancia social de la violación de derechos fundamentales, que sufriera el maestro Eugenio Castellanos Malo, no debe pasarse por alto pues que el presente asunto tiene características verdaderamente graves, al tenerse que definir las relaciones entre el derecho y, la política, por lo que a continuación amable lector, me permito compartir con usted exponer algunas consideraciones de relevancia:

El precedente que se ha sentado desde hace unos meses en relación al respetable abogado queretano Eugenio Castellanos, en su momento Magistrado Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en nuestra entidad, representa un ataque evidente al sistema estatal de impartición de justicia administrativa y, de la sociedad en general, pues evidencia ser un ejemplo claro de las impunidades del poder político, con respecto de la investidura judicial.

En efecto, aun y cuando el primero de febrero de esta anualidad, dentro del expediente radicado con el número 1834/2011, mismo que fuera seguido ante el juez primero de distrito en el Estado de Querétaro, le fue concedido el amparo y protección de la justicia de la unión, con lo cual, dejó sin efecto legal, el acto reclamado, consistente en la decisión política de la LVI legislatura de no ratificar al Magistrado Castellanos en su cargo y, le ordenó a ése poder, reincorporarlo como Magistrado saliente, así como reponer el procedimiento de ratificación para que, con pruebas suficientes, decidiera en uno u otro sentido.

El hecho es que, tan solo dos días después, la prensa local y, las llamadas redes sociales, ya nos adelantaban el resultado del juicio y, al ser entrevistados algunos diputados, entre ellos, el entonces diputado Presidente de la Junta de Concertación Política de la Legislatura, declararon que, de ninguna manera, procedería la ratificación, aduciendo, sin pruebas suficientes y sin haber instruido aun el procedimiento ordenado,  que había tenido un supuesto  mal desempeño.

El referido pre-juzgamiento externado por los legisladores, carece de sustento pues, al día de la fecha, no existe, ni ha existido, resolución sancionadora ni observaciones en ese sentido, que hubieren sido emitidas por órgano competente, ni tampoco ninguna denuncia ni procedimiento disciplinario alguno en su contra, pero denotan la actitud elusiva de las autoridad política en sostener su decisión de designar “libre y soberanamente” a los titulares, encargados de la administración de justicia.

La intención y propósito de la autoridad legislativa se hizo evidente con el hecho de la  interposición del recurso de revisión 63/2012 ante el primer Tribunal Colegiado del XXII Circuito, pues su efecto fue suspender el cabal cumplimiento de la sentencia de amparo, hasta en tanto se dicte nueva sentencia, lo que visto a la luz de la estadística judicial de cargas de trabajo, demoraría más de seis meses¡¡

Por ello, es importante mencionar que en los anales del Poder Judicial, es el primer caso que se tramita en nuestra entidad y, que su resonancia ha sido notoria, pues claramente advirtió el foro queretano que, tal y como lo sostuvo la legislatura local en los informes justificados, su decisión fue puramente política, por una votación predeterminada un año atrás, mismo que puede advertirse inclusive en la publicación efectuada el 21 de octubre de 2011 en los principales periódicos de nuestra Ciudad. 

Además, el presente asunto, reviste especiales características, que resultan de interés y relevancia, pues el caso es excepcional en Querétaro, siendo éste el primero en ser canalizado a las vías judiciales.

El marco normativo queretano, genéricamente establece el derecho Constitucional a la ratificación, más no explicita el procedimiento especial, siendo así que, es el Poder Judicial de la Federación, por la fuerza de los precedentes, la que ha  definido los requisitos esenciales del procedimiento de ratificación de jueces y magistrados.  

En el caso de estudio, es aplicable el CAPITULO II relativo a LOS MAGISTRADOS, en el Artículo 12 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, establece textualmente que, “… El Magistrado Propietario de la Sala Unitaria,  durará en el ejercicio de su cargo cuatro años. Al término de este tiempo, podrá ser ratificado por la legislatura del Estado hasta por dos ocasiones, por un periodo de cuatro años cada uno.

Si se ratificase el nombramiento, el Magistrado sólo podrá ser removido del cargo por resolución  que declare su responsabilidad política en los términos del Título Séptimo de la Constitución Política  del Estado.

Ninguna persona podrá ocupar el cargo de  Magistrado Propietario en forma consecutiva, ni discontinua, por más de 12 años. Al vencimiento de dicho plazo, o antes si el Magistrado llega a la edad de sesenta y cinco años, cesará en sus funciones y,  tendrá derecho a un haber por concepto de retiro...”  

Siendo que, el acto emitido por la legislatura, se encuentra ayuno de motivación jurídica alguna, pues no se advierte por ningún lado, razonamiento justificatorio ni argumentación de ninguna índole, ni tampoco existe, ningún procedimiento previo para arribar a la conclusión de denegar al Magistrado Eugenio Castellanos Malo, la ratificación en el cargo, ni tampoco en la que se le hubiere brindado garantía de audiencia.

Resulta de interés para la sociedad queretana que sus juzgadores, sean verdaderos impartidores de Justicia, con el perfil de honorabilidad y técnico suficiente, y que garanticen que sus fallos realmente sean dictados con profesionalismo, imparcialidad, objetividad, independencia y, excelencia, ya que de no ser así se lastima seriamente a toda sociedad que se precie de ser democrática, el que sus jueces  sean retirados espontáneamente, por odiosos criterios partidistas o políticos, sin que exista justificación alguna relacionada con la idoneidad, honorabilidad y eficiencia necesaria.

Los titulares del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, que es un  órgano constitucional autónomo, se encuentran investidos de la función jurisdiccional, cuyas principales cualidades son la imparcialidad, la independencia, la objetividad y el profesionalismo, mismos que en el presente caso,  la autoridad política desdeñó, y continúa sosteniendo los mismos alegatos que ya fueron analizados por el juez de amparo,  para tratar de evadirla a ultranza.

Así que, considero que el presente asunto debe ser ejemplar y marcar el precedente de respeto, dignidad y autonomía técnica, para los futuros jueces y Magistrados, para que no estén sujetos a los vaivenes de la política y criterios meramente partidistas.

Segura estoy que este caso que se sigue ante los tribunales, de ninguna manera obedece a montos económicos por parte del agraviado, por el contrario, debe obedecer a la especial afectación del orden público o del interés general, para establecer en lo futuro, las reglas claras de cómo se ejercerá y, garantizará la Autonomía Técnica del Tribunal de marras, pues conforme al Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, los juzgadores deben actuar con independencia de influencias externas, siendo palmario que, todo el foro y,  la sociedad queretana, se encuentran interesadas en que la resolución definitiva del presente asunto, ya que se convertirá en el precedente a seguir, en la trayectoria  de decencia e independencia de  los órganos impartidores de Justicia en el Estado.

Es lo menos que esperamos.

 

 



Etiquetas:   Política

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