. Poco después, conocimos lo que se considera el
primer ataque terrorista en México cuando, el 15 de septiembre de 2008, un
grupo criminal arrojó una granada en plena celebración del Grito de
Independencia, en el municipio de Morelia, Michoacán.
En
el mismo tenor, el 12 de septiembre de 2008, el centro del país se impactó con
el hallazgo de 24 cuerpos arrojados en las inmediaciones del parque conocido
como “La Marqueza”, Estado de México. Ni cómo describir el asesinato de 72
migrantes indocumentados ejecutados a sangre fría en el municipio de San
Fernando, Tamaulipas, el 25 de agosto de 2010.
A
pesar de la brutalidad de los hechos, la opinión pública no dio su voto de
confianza a la acción del gobierno. En consecuencia, los criminales lograron
mejores alianzas que el gobierno. En el mejor de los casos, quienes involuntariamente
criticaron la acción gubernamental fortalecieron una percepción, donde la
equivocada era la autoridad y no los grupos criminales.
De
pronto se provocó una desafortunada alianza de facto, tal vez orquestada, fortuita
o mediática entre los combatidos cárteles de la droga con los críticos y
adversarios políticos del presidente y su gobierno. Unos y otros vieron en la
lucha contra el narcotráfico la mayor debilidad del Ejecutivo y su mejor aliado
para el desgaste político de un gobierno valiente, pero errático. Parece
descabellado, pero la crítica como mecanismo de propaganda política fue más
exitosa, que la estrategia de lucha contra el crimen organizado, emprendida
desde el Poder Ejecutivo.
Como
lo reflexiona Lucía Dammert, “muchos consideran que parte del asunto de la
inseguridad mexicana es resultado de las acciones desarrolladas por el gobierno
del Presidente Calderón, que luego de muchos años de negación reconoció y
enfrentó la delincuencia en el país. Esta situación puede traer de la mano un
debate poco constructivo, que más que reconocer las raíces sociales e
institucionales del conflicto, lleven a banalizarlo como resultado de una mala
decisión política”[1].
De hecho el eslogan recurrente fue “la guerra de Calderón”; “Los cincuenta mil
muertos de la guerra de Calderón”; “violencia en los penales por la guerra de
Calderón”; “la militarización del país por la guerra de Calderón”; y así todos
los días, a todas horas y en cada momento.
Periodistas
con amplio reconocimiento profesional y ético, como Carmen Aristegui, Denise Maerker, Ciro Gómez Leyva, Joaquín
López Dóriga, Carlos Marín, Luis Cárdenas, José Cárdenas, o analistas políticos como Dennise Dresser,
Lorenzo Meyer, Héctor Aguilar Camín, Sergio Aguayo, Mauricio Merino, Jorge
Castañeda Gutman hasta “Brozo”, el conductor del noticiero popular “El
Mañanero” fueron críticos reiterativos, insistentes y, por momentos, severos en
contra de las acciones del gobierno.
En
su calidad de informadores ejercieron su derecho a la libertad de expresión y
actuaron con firmeza al expresar sus puntos de vista, pero, en mi opinión,
faltó ampliar ese derecho hacia una reflexión más incluyente, porque son
formadores de opinión pública y eso tiene un significado mayor en la
construcción democrática de México. Su fuerza moral, sus argumentos también
hubiesen servido para construir y forzar a todos los actores políticos a tomar
la decisión de establecer un pacto nacional por el bien del país y por la
seguridad de todos. Esto era encaminar, dar forma, a una crítica capaz de
construir lo que le faltó al presidente.
Para
José Woldenberg, en su labor diaria, los medios y los periodistas ejercen dos
elementos fundamentales de la democracia: la libertad de expresión y la
comunicación cotidiana con la sociedad. “La libertad de expresión no solamente
es una de las libertades fundamentales sino una de las piedras fundadoras del
edificio democrático. Sin ella, el resto de los derechos languidecen o tienen a
hacerse imposibles. Fortalecerla, apuntalarla, defenderla, es imperativo en un
régimen democrático. En cuanto a los medios nos dice que son parte de la
respiración de una sociedad. Son el sistema nervioso del país. En buena medida
la vida pública, con sus humores y agendas, prejuicios y preocupaciones, son
modelados por los grandes medios de comunicación”[2].
Esto es a lo que Miguel Ángel Granados Chapa se refería al decir que “producir
información no es un mero asunto industrial, sino que requiere del ejercicio
diario de la conciencia social ante los demás”[3].
De
ahí que valía la pena dar mayor contenido social a la labor de informar, a
orientarla –responsablemente- hacia la formación de una mayor conciencia
ciudadana. Una tendencia así hubiera permitido exigir al presidente Calderón un
resultado distinto, acciones diferentes, como consecuencia de una crítica más
informada; pero también hubiera exigido mayor compromiso al resto de los
actores políticos representados en las cámaras legislativas, sus dirigencias
partidistas, los gobernadores y presidentes municipales que son directamente
responsables de la inseguridad reflejada en sus entidades y regiones de
competencia. Esto no fue posible y para muchos actores de la clase política
resultó bastante atractivo ver como los medios desgastaban la figura
presidencial, mientras se ellos se refugiaban en el discurso de las excusas y
el cinismo del dejar pasar en la lucha contra la inseguridad.
Sin
duda, fue más honesta la posición de un gobierno que luchó contra los
criminales, pero el desgaste de hacerlo sin saber cómo comunicarlo derivó en
una percepción contraria a la pretensión de sumar aliados. Esa equivocación,
ese error en la decisión, motivó que los responsables del pasado fueran los
principales promotores del desgaste, los gestores de la denuncia y los actores
intelectuales de todas las acciones mediáticas para evidenciar el fracaso de la
estrategia de combate al crimen organizado.
A
pesar de los argumentos de personas calificadas, la discusión en el país no
tomo el nivel que exigían las circunstancias. Se negaron los hechos a partir de
no aceptar lo que estaba a la vista y, los medios, lo obviaron; centrando sus
críticas hacia uno de los actores políticos. Todos ellos saben que “la red de
complicidad que penetra ya todas las esferas financieras y de gobierno
inhabilita cualquier política de combate realmente efectivo contra la
delincuencia bloqueando cualquier tentativa que busque desmantelar el patrimonio
de las redes mafiosas que feudalizan la República y la convierten en botín de
los cárteles organizados que gobiernan el país: cárteles, empresarios y
políticos son socios cupulares amalgamados para neutralizar toda amenaza
dirigida a la modificación del statu quo
que pudiera alterar el modus vivendi
de su pacto delictivo”[4].
Es
honesto considerar, desde otra óptica de la libertad de expresión, que los medios también deben poner en la balanza su
participación y asumir parte del costo de la violencia que tiene al país en la
desesperanza. Desgastar la figura presidencial tal vez vendía, incrementaba su
rating, pero no ayudó mucho en impulsar una política de Estado, donde cada
actor político asumiera su responsabilidad de rescatar a México de la violencia
que proviene de la delincuencia organizada.
La
libertad de expresión también es responsabilidad y no exclusivamente el
ejercicio de un monólogo.
[1]Ver. Lucía Dammert. Directora Ejecutiva. Consorcio Global para la
Transformación de la Seguridad. “Seguridad pública y elecciones. Revista Poder
y Negocios. Año 8/ED. No 02/México. Febrero de 2012. Página 72
[2] Ver. José Woldenberg. “Comunicación Política: Medios electrónicos y
algo más”. En “Cambiar México con
participación social”. Esthela Gutiérrez (coordinadora). Grupo Editorial Siglo
XXI. Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Página 332-335
[3] Ver. Miguel Ángel Granados Chapa. “Medios de comunicación y
responsabilidad social”. En “Cambiar
México con participación social”. Esthela Gutiérrez (coordinadora). Grupo
Editorial Siglo XXI. Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Página 317-318
[4] Ver. Felipe Curcó. “La guerra perdida. Dos ensayos críticos sobre
la política de combate al crimen organizado 2006-2010. Ediciones Coyoacán.
México, 2010. Páginas 37-38
