. Desde
el gobernador Sócrates Rizo García, pasando por su sucesor Natividad González
Parás y el gobernador Rodrigo Medina pesa sobre la entidad la descomposición
social a consecuencia de la presencia de los cárteles de la droga que se
disputan el control del territorio, las rutas del trasiego y el control del
narcomenudeo. Lo más dramático son los reiterados señalamientos de complicidad
de la autoridad con la delincuencia organizada.
Los
hechos son contundentes; las organizaciones criminales practican conductas
delictivas extremas para infundir terror a sus oponentes, demostrando su
capacidad de fuego, poder económico y control político en amplias regiones del
estado. Los grupos armados de cada organización criminal empezaron con las
decapitaciones, el desmembramiento de cuerpos de sus víctimas, hacer públicas
las ejecuciones de sus adversarios, a practicar los narcobloqueos, a fusilar en
plena calle a sus rivales, a tener nacofosas, secuestrar extorsionar, a
ejecutar atentados a las instalaciones de los medios de comunicación, incluso a
asesinar a periodistas o amenazarlos para que guarden silencio ante la barbarie.
Adicionalmente, incrementaron los alcances de su lucha por el control del
territorio asesinando a presidentes municipales, tal como sucedió en los ayuntamientos de Doctor González y Santiago.
Pronto
pasaron del enfrentamiento directo, al uso de golpes esporádicos, pero
impredecibles como los coches bomba y el uso de granadas de fragmentación.
También dieron un giro al pasar de las ejecuciones públicas a los asesinatos
masivos a domicilio. En julio del 2011, por citar un caso, 21 personas fueron
masacradas al interior del bar “Sabino Gordo” en Monterrey.
Es
evidente que los grupos criminales no se detienen por la presencia de civiles
que mueren o resultan heridos por la presencia del llamado fuego cruzado. Lo
más desafortunado es que la muerte de personal civil se asume como daño
colateral. Un caso que cimbro a todos los padres de familia fue el asesinato de
dos jóvenes estudiantes del Tecnológico de Monterrey, el 19 de marzo de 2010.
Los dos muchachos de excelencia académica tuvieron la mala fortuna de estar en
el lugar de un enfrentamiento entre sicarios y militares.
Si
el asesinato de los estudiantes conmovió al país y lo puso en alerta, el
incendio del “Casino Royale” en Monterrey, el 25 de agosto de 2011, provocó la
total indignación y un fuerte reclamo a las autoridades. En el atentado
perdieron la vida 52 mexicanos a manos de asesinos al servicio del crimen
organizado, pero también por la corrupción e ineptitud de la autoridad.
En
cuanto a los penales de la entidad, ahí están los hechos; las señales de la
complicidad de la autoridad también están registradas; la desgracia se veía
venir y llegó. En diciembre de 2010, “un comando interceptó la ambulancia donde
era trasladada una interna del penal del Topo, conocida como “La Pelirroja”
acusada de secuestro, quien luego apareció colgada de un puente de la ciudad de
Monterrey.
El
20 de mayo de 2011, murieron 14 internos y 35 resultaron heridos en el penal de
Apodaca. La versión del vocero de seguridad Jorge Domene fue que perdieron la
vida a consecuencia de un incendio originado en el área de psiquiatría, y que
estaban en ese lugar por el hacinamiento de la prisión. Sin embargo, se sabe
que fueron torturados y luego los quemaron. “Nadie hizo nada para evitarlo. Es
la ley de la cárcel: mirar y callar. La primera versión de lo sucedido fue que
un corto circuito provocó el incendio. Pero los testigos eran muchos y no les
quedó más remedio que aceptar la intencionalidad del brutal ataque. A un mes de
lo ocurrido, hubo un celador y cuatro
detenidos. El mando de la cárcel, sin embargo, quedó en las mismas manos
criminales, sólo cambiaron al director”[1]. Durante
el 2011, por lo menos 65 reos murieron dentro de los tres penales del estado;
esto a consecuencia de la disputa entre miembros de Los Zetas y el cártel del
Golfo”[2].
Todavía
el 19 de febrero de 2012, la opinión pública conoció un hecho más de violencia
suscitado al interior del Cereso ubicado en el municipio de Apodaca, donde
perdieron la vida 44 internos presuntamente ligados al cártel del Golfo y se
registró la fuga de 37 reos identificados con Los Zetas, según información
proporcionada por el vocero de seguridad de Nuevo León, Jorge Domene Zambrano.
Los muertos y los fugados son otro hecho que nace de la profunda corrupción que
impera en el sistema penitenciario estatal y es el claro dominio que ejercen
los cárteles frente a la debilidad institucional.
Por
si no fuera suficiente, el 21 de febrero, es decir dos días después, fueron
asesinados tres presos –dos varones y una mujer- que un día anterior habían ingresado
al penal del Topo chico, por el delito de secuestro y relacionados al cártel
del Golfo. Los dos reclusos perdieron la vida en el área común del penal y la
mujer en la enfermería. De igual manera, se registró la muerte de cinco
taxistas que fueron asesinados por un grupo armado cuando estaban reunidos en
su base de operación.
El
saldo es frustrante, 52 personas asesinadas en menos de 72 horas; 47 de ellas
ejecutadas en un espacio custodiado por las autoridades; simplemente no hay
explicación, por asombroso que nos parezca mataron a internos bajo resguardo de
la autoridad. Cómo entender eso. Los criminales, en particular los ligados a
los grupos de narcotraficantes, han impuesto el llamado sistema de autogobierno
en los penales; lo que permite la venta de droga al interior de los reclusorios
y el control de todo tipo de actividades lucrativas.
Son
ellos los que mandan; han pasado del control tolerado al dominio total de las
cárceles. Es ilustrativo lo sucedido a un grupo de visitadores de la Comisión de
Derechos Humanos de Nuevo León al acudir al penal de Apodaca, “un funcionario
del gobierno estatal asegura que los celadores advirtieron a los visitantes que
no podían ingresar a todas la áreas debido al alto grado de peligrosidad
prevaleciente, sobre todo en las que el autogobierno impuesto por Los Zetas y
por los internos del Cártel del Golfo (CDG) anula toda autoridad, aun la del
gobierno estatal”[3].
La
complicidad de la policía es prácticamente una constante en la entidad. Tan
solo en el municipio de Guadalupe, municipio conurbado a Monterrey, fueron
“dados de baja cerca de seiscientos cincuenta de los ochocientos policías con
que contaba la corporación municipal; fincando responsabilidades penales a
setenta de ellos”[4].
En el municipio de General Terán, la
presión criminal provocó que el lugar se quedara sin policías. “Los 30
elementos que componían la corporación renunciaron. Los dos policías que
regresaron fueron secuestrados y dos días después sus cuerpos aparecieron
destazados[5].
El
grado de la inseguridad es tal que ya ni con la renuncia del gobernador se
puede llegar a un nivel tolerable. La descomposición en las instituciones
gubernamentales es evidente y no se observa un camino alterno que mejore la
seguridad y el regreso de la tranquilidad a las calles de la orgullosa sultana
del norte.
[1] Ver. Sanjuana Martínez. “La frontera del narco”. Un mapa conmovedor
y trágico del imperio del delito en México. Septiembre de 2011. Editorial temas
de hoy. Página 128
[2] Ver. Raymundo Pérez Arellano/Rafael López. Reportaje. “Violencia
carcelaria. Aumento de pleitos en este sexenio”. Periódico Milenio Diario.
Lunes 20 de febrero de 2012. Página 33
[3] Ver. Luciano Campos Garza. “Los Zetas siguen dueños del penal”.
Revista Proceso 1843/26 de febrero de 2012. Página 17
[4] Ibid, Página 74
[5] Op.Cit. Martínez. Página 75
