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El Derecho Humano a la Seguridad Pública


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16/03/2012

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La seguridad Pública es un deber inexcusable de los gobernantes

y no un don que estos puedan dispensar graciosamente

Diaz Piña

 

 





La Seguridad Pública es un reclamo legitimo de los habitantes  en todos los Estados Democráticos contemporáneos, pero la respuesta de los gobernantes no en todos los casos esta a la altura de sus responsabilidades.

 

Algunos gobernantes, frente a su obligación de proporcionar Seguridad Pública suelen pretender que se trata de una facultad discrecional o un don gracioso que pueden atender según su particular gusto y conveniencia.

 

Pero esa pretensión está equivocada, por el contrario, la Seguridad Pública es un Derecho Humano irrenunciable de los gobernados para exigir del Gobierno, como parte del Estado, la mayor protección a su integridad física y a su patrimonio, sin menoscabo de la paz social y el pleno respeto para sus libertades y derechos. (1)

 

Y es así, porque la Seguridad Pública es un elemento esencial en la génesis del Estado Democrático. Rousseau, lo explica en  los siguientes términos: “Encontrar una forma de asociación que defienda y proteja con la fuerza común la persona y los bienes de cada asociado, y por la cual cada uno, uniéndose a todos, no obedezca sino a sí mismo y permanezca tan libre como antes.” (2)

 

 

·        La Seguridad Pública es una obligación ineludible del Gobierno

 

Con frecuencia escuchamos decir a los gobernantes que la Seguridad Pública es una obligación del Estado, pero esa forma de decirlo aunque es relativamente cierta, tiene el inconveniente de resultar oscura y propiciar la fuga de responsabilidades, porque ésta entidad política: El Estado, se integra con varias partes que la mayoría de los tratadistas identifican como La Población, El Territorio y El Gobierno.

 

Por razones obvias la Seguridad Pública no puede ser responsabilidad de el Territorio y tampoco puede serlo de la Población, si se considera que de acuerdo con la explicación contractualista del origen del Estado Democrático, por su propia voluntad (3) las personas consintieron en renunciar a formas primitivas de justicia como la “ley del más fuerte”, “la ley del talión”, etc., a fin de preservar la tranquilidad y el orden dentro del grupo, sujetándose al imperio de las leyes, al depositar la responsabilidad del uso de la violencia legítima, el jus puniendi (4), en manos de la autoridad.

 

El uso de la violencia legítima, el jus puniendi, quedo en manos de la autoridad: el Gobierno, como un  deber ineludible y, en consecuencia, como un  derecho irrenunciable de los gobernados frente los gobernantes por la cualidad bilateral de las normas jurídicas, que consiste en que frente a todo obligado existe un derechohabiente y viceversa.

 

 

·        ¿En qué se traduce el Derecho Humano a la Seguridad Pública?

 

El Derecho Humano a la Seguridad Pública se traduce en la facultad que tienen los gobernados de exigir al gobernante que les garantice vivir dentro de un clima de paz y seguridad que les permita desarrollar una vida tranquila y productiva.

 

¿Qué le pueden exigir concretamente los gobernados a los gobernantes en uso de su Derecho Humano a la Seguridad Publica?

 

En uso de este Derecho Humano los gobernados tienen mucho que exigirle a los gobernantes en materia de Seguridad Publica, sin ser exhaustivos y solo como ejemplos se pueden mencionar ocho:

 

1.- Que el gobernante con sus acciones y programas proporcione precisamente eso: Seguridad Publica. Bajo ninguna excusa puede resultar aceptable que sus actos de gobierno deriven en los opuestos, como son mayor violencia e  inseguridad, y menos de forma permanente.

 

2.- Que el gobernante con sus acciones y programas, o las de sus subordinados, respete plenamente los demás Derechos Humanos de todos los gobernados, sin excepción. No se justifica que en nombre de la Justicia la autoridad incurra en actos de barbarie.

 

3.- Que nadie pueda ser tachado de culpable, ni sufra ser denostado como criminal, si no hay la sentencia de un Juez que así lo declare en un juicio seguido de acuerdo a las leyes vigentes. El calificar a priori a quien sea, vivo o muerto, como delincuente sin haber sido juzgado, es un acto de vileza en contra de los agraviados y de sus familias.

 

4.- Que ningún crimen quede impune. En el marco de un Estado de Derecho Democrático, todo acto delictivo debe ser debidamente investigado y castigado.

 

5.- Que el gobernante seleccione a los responsables directos de la Seguridad Publica sobre criterios de honestidad y capacidad profesional, nunca de amiguismo o de incondicionalidad, y que responda por los resultados de aquellos removiendo sin demora a quienes resulten ser deshonestos o ineficaces.

 

6.- Que el gobernante enfoque sus acciones en materia de Seguridad Publica, a combatir las verdaderas causas primarias de la inseguridad: la impunidad y corrupción, el desempleo, la falta de oportunidades educativas, el lavado de dinero, la falta de coordinación gubernamental. El problema de la inseguridad no es un asunto exclusivamente policiaco, como algunos pretenden hacerlo creer.

 

7.- Que los más altos responsables dentro de todas las esferas y niveles de gobierno conozcan plenamente cuáles son sus obligaciones en materia de Seguridad Publica y se coordinen con las demás, de forma eficiente y en apego a las leyes vigentes.

 

8.- Que los gobernantes usen los recursos presupuestarios con economía y racionalidad para cumplir su obligación de proporcionar Seguridad Publica de forma eficaz y eficiente. Deben evitar ante todo que la burocracia tienda a administrar el problema de la inseguridad de forma tal que se convierte en una costosa y creciente carga pública. (5)  

 

 

·        Este Derecho Humano es distinto del Derecho de Petición …

 

El Derecho Humano a la Seguridad Publica no debe confundirse con el Derecho de Petición (6), que puede recibir una atención discrecional de los gobernantes en uso de las facultades que las leyes les concedan.

 

Muchos gobernantes del mayor nivel se resisten tenazmente a dar al Derecho Humano a la Seguridad Publica el trato que le corresponde como una facultad plena de los gobernados para exigir su cabal cumplimiento por las vías institucionales: Tribunales u Organismos Protectores de los Derechos Humanos. Esto constituye un  grave error, primero porque se priva a los ciudadanos del ejercicio de su facultad de control del ejercicio de los deberes gubernamentales; segundo, porque de esta forma se les despoja del medio jurídico idóneo para hacer valer su Derecho de forma eficaz y, tercero, porque se instala un mal ejemplo ante las autoridades de menor nivel para proceder de igual forma.

 

Paradójicamente, esos gobernantes que cierran las puertas a los ciudadanos para el ejercicio institucional de sus derechos suelen reclamar vehementemente de los mismos una participación valiente y decidida para combatir la inseguridad…

 

 

·        Las Consecuencias de Derecho de su incumplimiento …

 

Una cualidad fundamental del Derecho Humano a la Seguridad Publica es la viabilidad de ser exigido a través de la Autoridad Judicial, con la posibilidad de obtener una sentencia que obligue a la autoridad a respetarlo.

 

Esto se puede obtener, por ejemplo en el caso de México, mediante una sentencia en el Juicio de Amparo (7) que le obligue a rectificar políticas lesivas que lesionen este Derecho Humano; por ejemplo, el caso del nombramiento de jefes policíacos o penitenciarios con pésimos antecedentes; en donde la sanción por incumplimiento de tal resolución judicial puede consistir en la separación del cargo. (8)

 

En relación con el Juicio de Amparo en México, como medio para exigir de las autoridades el cumplimiento de las obligaciones eminentemente positivas que establece el artículo 21 Constitucional, así como de su potencial para efectos prácticos, es preciso mencionar que con fecha 6 de junio de 2011, se expidió el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (9)  …el juicio de amparo, institución protectora de los derechos fundamentales por excelencia, … se ve robustecido al ampliarse la procedencia del amparo respecto de cualquier norma general, al preverse su procedencia por violaciones a los derechos humanos plasmados en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; con la introducción de figuras como el amparo adhesivo y los intereses legítimos individual y colectivo; la adopción de nuevos conceptos en torno a la violación de derechos por omisión de las autoridades; la declaratoria general de inconstitucionalidad cuyos alcances y condiciones se determinarán en la ley reglamentaria; la creación de los Plenos de Circuito; y una nueva forma de integrar jurisprudencia “por sustitución”. (10)

 

 

·        El Derecho Humano a la Seguridad Publica en México

 

El concepto de Seguridad Pública literalmente se encuentra presente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde 1917, dentro del Título I,  Capítulo Segundo, de su texto original, De los Mexicanos, artículo 32.

 

El artículo 21 Constitucional, en relación con el tema de la seguridad pública, a partir de 2008 (11) se encuentra en los siguientes términos:

 

Artículo 21. (Noveno y décimo párrafos)

 

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

 

Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:

 



 

En plena Sociedad del Conocimiento (12), lo importante de una ley no es sólo lo que pretende, sino lo que consigue. La ley no sólo debe tener un valor simbólico”. (13)

 

El Artículo 1o de nuestra Ley Fundamental establece que En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. (14)

 

Como se hizo notar anteriormente, el concepto de Seguridad Pública, se encuentra mencionado expresamente en nuestra Constitución Política, en el artículo 21, dentro del Título Primero, Capítulo I, De los Derechos Humanos y sus Garantías (antes De las Garantías Individuales), y ya por este solo factor debe considerarse como un Derecho Humano (15), individual o colectivo. (16)

 

Debe considerarse además que el artículo 1o Constitucional en su párrafo segundo dispone que Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.  

 

Lo anterior despeja cualquier duda que pudiera existir: se trata de un Derecho Humano establecido expresamente y tutelado por nuestra Constitución.

 

En todo caso, la atención que los gobernantes den al Derecho Humano a la Seguridad Publica debería ser tomada en cuenta dentro de los parámetros que la Población considere útiles para el ejercicio de su Cultura de la Evaluación Política. (17)

 

Twitter: @adiazpi











© Todos los derechos reservados. Se puede reproducir total o parcialmente este articulo siempre que se den los créditos correspondientes al Autor y a Reeditor.com.

* El presente artículo es una selección somera de algunos temas relevantes que se abordan en el libro: El Derecho Humano a la Seguridad Pública en el Estado de Derecho, autoría de Antonio Diaz Piña, de próxima publicación.

1. Diaz Piña, Antonio; El Derecho Humano a la Seguridad Pública en el Estado de Derecho.

2. Rousseau, Juan Jacobo; El Contrato Social; UNAM; Dirección General de Publicaciones; colección Nuestros Clásicos; México, 1969; página 20.

3. Vgr.: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su Artículo 40 que Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

4. jus puniendi  http://es.wikipedia.org/wiki/Ius_puniendi

5. Los usos de la inseguridad pública; Diaz Piña, Antonio;http://adiazpi.blogspot.com/2011/11/los-usos-de-la-inseguridad-publica.html

6. CPEUM: Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.  A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.

7. CPEUM: Art. 103.- Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite  …I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los  derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.. Por otra parte, debe tenerse presente que aun no han sido expedidas las reformas a la  Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordenadas en el articulo  Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 de junio de 2011: El Congreso de la Unión expedirá las reformas legales correspondientes dentro de los 120 días posteriores a la publicación del presente Decreto  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_193_06jun11.pdf

8. CPEUM: Art. 107.-  XVI.- Si la autoridad incumple la sentencia que concedió el amparo… Cuando sea injustificado o hubiera transcurrido el plazo sin que se hubiese cumplido, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante el Juez de Distrito. Las mismas providencias se tomarán respecto del superior jerárquico de la autoridad responsable si hubiese incurrido en responsabilidad, así como de los titulares que, habiendo ocupado con anterioridad el cargo de la autoridad responsable, hubieran incumplido la ejecutoria.

9. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_193_06jun11.pdf

10. http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/

11. Reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 18 de junio de 2008. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf

12. La noción de sociedad del conocimiento fue utilizada por primera vez en 1969 por un autor austríaco de literatura relacionada con el "management" o gestión, llamado Peter Drucker, y en el decenio de 1990 fue profundizada en una serie de estudios detallados por autores como Robin Mansel o Nico Stehr; se refiere a la apropiación crítica y selectiva de la información protagonizada por ciudadanos que saben qué quieren y como aprovechar la información, y por ende saben de qué pueden y deben prescindir. Se puede consultar en Sociedad de la información y del conocimiento; http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_la_informaci%C3%B3n_y_del_conocimiento

13. Calsamiglia, Albert; Racionalidad y Eficiencia del Derecho. México. Ed. Fontamara. 1993. 1a. Edición; p. 66.

14. La redacción anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 6 de junio de 2011 decía: En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.

15. Tradicionalmente se piensa que la historia de los derechos humanos la conforman cuatro generaciones: La primera, cuando se establecieron derechos y libertades individuales; la segunda caracterizada por la puesta en práctica de derechos sociales; la tercera, que abre la posibilidad de reconocer derechos a grupos específicos, llamados vulnerables; y la cuarta, que habla ya de derechos colectivos o de los pueblos. Está claro que la aparición del concepto  seguridad pública es muy reciente y tiene que ver con todo un campo de prácticas sociales vigentes no sólo en México sino en  gran parte del  mundo. Arriaga Ornelas José Luis et al; Manual del Policía; Cómo se gestó el derecho a la seguridad pública; V. La seguridad pública, ¿Un derecho humano?; Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México;  México; tercera edición; 2003; pág. 138; http://www.bibliojuridica.org/libros/5/2297/18.pdf

16. Las garantías sociales protegen al hombre como integrante de un grupo social y le aseguran un mínimo educativo y económico. Las garantías sociales implican un hacer por parte del estado, en cambio las garantías individuales representan primordialmente una abstención por parte del propio Estado. A través de las garantías sociales se protege a los grupos sociales más débiles. Para ello nacieron estas garantías y en parte así subsisten, solo que actualmente se han extendido para otorgar protección en general; tal es el caso de la educación y de la seguridad social. La idea de los derechos sociales lleva implícita la noción de: a cada quien según sus posibilidades y sus necesidades, partiendo del concepto de igualdad de oportunidades. Garantías Individuales; Carpizo Mac Gregor, Jorge; Diccionario Jurídico Mexicano; Instituto de Investigaciones Jurídicas; UNAM, Ed. Porrúa; página 1518; volumen D-H.; octava edición; México 1995.

17. Diaz Piña, Antonio La Cultura de la Evaluación Política http://www.reeditor.com/columna/3836/15/internacional/la/cultura/la/evaluacion/politica





Etiquetas:   Política   ·   Seguridad Pública   ·   Derechos Humanos   ·   Constitución

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