Periodismo en tiempos de crisis política - Comunicación - Reeditor.com

Se puede afirmar sin temor a equívocos, que el periodismo como profesión, es hoy una de las actividades más “invadidas” por atacantes de diversa procedencia. En Europa y otras latitudes del mundo, se debate acerca de la pertinencia, vigencia y razón de ser de las Escuelas de Periodismo. Hay, incluso, quienes abogan por su eliminación. Quizás sea ese un estimulante para personas sin el más elemental conocimiento, acerca del tratamiento de la información en el plano técnico y profesional, quienes invaden sin limitaciones ni complejos, el ámbito de competencia profesional de los comunicadores sociales desde distintos ángulos. Pareciera un lugar común el desempeño como periodistas, de personas de otras profesiones sin ningún tipo de atributo relacionado con el periodismo, la usurpación sin contemplación alguna el ejercicio del periodismo. Si Venezuela fuera un país donde se cumplen las leyes, nadie incurriría en el ejercicio ilegal de una actividad saturada por la sin razón de muchos.

El periodismo tiene, entre otras, una responsabilidad histórica: la permanente confrontación con el poder. Por ello el periodismo es, de manera intrínseca, contrapoder. Es además esencialmente, contraloría del ejercicio y el manejo de los asuntos públicos. Es también la voz de quienes no la tienen, de los ciudadanos y habitantes de un país marginados de la dinámica contextual política, económica y social de la sociedad en la cual existen. En ese sentido, el periodismo y los periodistas, suelen ser la primera baja en las “guerras” por el poder en diferentes ámbitos. El periodismo se debate y combate en medio de la complejidad relacional del mundo de la política, los partidos y sus líderes en la dinámica donde resaltan las más crudas pasiones en la lucha por el poder. Le afecta también todo cuanto atañe a la realidad del mundo empresarial, el ámbito financiero y de los grandes negociados en su relación con el poder y el manejo de los asuntos públicos y de Estado. El periodismo convive diariamente con la realidad de tener que reflejar las necesidades y vicisitudes de la inmensa mayoría de la sociedad.

En ambientes de conflicto político y social, donde reina de manera plácida la intolerancia, el periodista de hoy debe enfrentar también otro tipo de reto, la preservación de su propia integridad física. Sea por causa de persecuciones políticas, bien en regímenes dictatoriales o de orientación autoritaria, como sin duda lo es el que detenta el poder en Venezuela y en otros países del mundo. Sea por conflictos de otra índole, como la amenaza permanente de la guerrilla colombiana, el poder del narcotráfico internacional o las maras centroamericanas, el periodista de hoy corre graves riesgos en el desempeño de sus funciones y su profesión. Las noticias acerca de periodistas asesinados en México, Centroamérica, en Brasil, Colombia y otras latitudes del mundo, se han convertido en moneda de uso corriente. Las denuncias formuladas por las diversas organizaciones que agrupan a los periodistas profesionales, llueven por montones sobre las mesas y escritorios de la burocracia internacional, así como de los diferentes órganos de justicia, esperando la resolución de centenas de casos violatorios de la integridad profesional de los comunicadores sociales en ejercicio.

En Venezuela cada vez se hace más difícil el ejercicio del periodismo. El régimen de turno, de manera frenética y compulsiva, intenta imponer un esquema de corte comunista, pasando por encima del marco legal vigente en el país. Uno de los sectores más afectados por tal situación es, precisamente, el periodismo. La elaboración de leyes irregulares, la creación de instancias decisoras y administradoras del espectro radioeléctrico, la aplicación de decisiones confiscatorias de bienes y equipos a canales de televisión y emisoras de radio, el control partidista en el otorgamiento de concesiones asociadas al proyecto político del régimen, el uso de instancias judiciales y administrativas para perseguir, sancionar y encarcelar a personas vinculadas con los medios de comunicación, la colonización del espacio público para imponer su ideología, la generación de más desempleo en el ámbito del periodismo, la reducción evidente de espacios y calidad de información destinada al público, el uso de la infraestructura televisiva, radial y presupuestaria del Estado, en favor del proyecto político oficial, constituyen la más grosera y aberrante actuación de régimen alguno, en el uso corrupto e ilegal de los recursos públicos, sin que ello conlleve sanción alguna de parte de quienes están obligados a controlar el ejercicio de la función pública.

(*) @johanperozo