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Estos otros juristas del horror


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02/03/2012

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En los años setenta el pensador John Rawls logró revolucionar la filosofía política y hacer que la misma fuera nuevamente objeto de estudio, con su teoría de la justicia como imparcialidad, donde exponía, palabras más palabras menos, que en una sociedad de hombres libres e iguales, la única idea de justicia sobre la que debería haber consenso entre todas las doctrinas comprensivas y razonables que daban cuenta del mundo, era la idea de la justicia como imparcialidad. Como sucede en otros pensadores (como Habermas, por ejemplo), estos postulados funcionan en comunidades de hombres que cooperan entre sí en situaciones estables y normales, pero no así en los momentos extraordinarios o revolucionarios de la sociedad, donde se procura subvertir muchos de los valores dominantes y existe el enfrentamiento entre los ciudadanos,  porque precisamente la sociedad (y sus valores) son los que pretenden cambiar los revolucionarios y los portadores de utopías. Ese es su fin, aunque por ello tengan que dejar a un lado la célebre imparcialidad; todo lo cual constituiría la también llamada ética de los fines últimos.


Existe un texto escrito por el académico alemán Ingo Müller y traducido al español por el abogado venezolano Carlos Armando Figueredo, llamado Los juristas del horror, donde se expone cómo durante la Alemania nazi una serie de abogados y jueces se dieron a la tarea de torcer las leyes con el fin de otorgarle “legalidad” a muchos de los “métodos” que fueron utilizados para alcanzar esa utópica sociedad que pretendían los nacional socialistas y en la que no tenían cabida los gitanos, los homosexuales , los comunistas o los judíos. Salvando las distancias, algo por el estilo parece estar sucediendo en los países que comulgan con el inefable socialismo del siglo XXI y que pertenecen a La Alternativa Bolivariana Para las Américas (ALBA), cuando hacen una serie de reformas a sus respectivas constituciones y promulgan  leyes que no esconden sus propósitos de permanecer en el poder y eliminar la oposición y la crítica. A esto se viene a sumar ahora una serie de fallos judiciales que no dejan de causar asombro. Por la muerte de tres miembros de una familia de opositores, ocurrida en noviembre del año pasado en  Madriz , provincia norteña de Nicaragua, la justicia nicaragüense acaba de condenar a apenas tres años de cárcel  a un dirigente  del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y a tres policías. En Ecuador, se acaba de ratificar la sentencia que condena a tres años de cárcel y a pagar la suma de 40 millones de dólares a  tres altos directivos y un periodista del diario El Universo.  Y aquí, en nuestro país, se ha producido una sentencia judicial por la que se le dice a los familiares de Franklin Brito que no se investigará su privación ilegítima de libertad, la que tuvo lugar cuando se le trasladó a la fuerza desde la sede de la  OEA al hospital militar, donde finalmente se produjo su muerte el 30 de agosto de 2009.

Si bien no tenemos forma de saber si unos fines son mejores que otros, si podemos discutir y deliberar sobre los medios y métodos para alcanzarlos. Y por supuesto que existirán medios más o menos razonables y métodos más o menos dañinos.  No basta decir que los medios y métodos no pueden ser evaluados con los valores imperantes porque son ellos precisamente los  que se quieren desplazar. Nadie tiene derecho, por ejemplo, a sacrificar la vida y hasta el bienestar de toda una generación, como pretenden algunos utopistas, por muy loable que sea el fin último que éstos buscan. Allí tenemos el caso de la iglesia católica y los años de la “sagrada” Inquisición, por los cuales el mismo Juan pablo II tuvo que pedir perdón. ¿Pedirá alguien perdón algún día  por estos hechos?





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