Desde
ayer entro en vigor el acuerdo del instituto federal electoral, que hasta el
veintinueve de marzo prohíbe a los partidos políticos y sus precandidatos o
candidatos, exponer públicamente sus plataformas electorales y mucho menos
promover el voto en su favor.
El acuerdo establece que en este lapso de intercampaña
como se le ha denominado, los partidos, coaliciones, precandidatos y
candidatos, no podrán tener acceso a tiempos del estado en radio y la
televisión, ni celebrar o difundir debates.
Se tomarán como actos anticipados de campaña la
realización de reuniones públicas, asambleas, mítines y marchas en las cuales
se promueva el voto o se expresen mensajes alusivos al proceso electoral
federal.
De tal suerte que el incumplimiento de estas disposiciones,
puede provocar la pérdida del registro para los candidatos y en el caso de las
empresas televisoras y de radiodifusión hasta su concesión de operación.
Este silencio obligado, según la autoridad
electoralpermite a los partidos difundir propaganda política de carácter
genérica, conforme a los límites fijados en las leyes, siempre y cuando no
promuevan candidaturas.
Sin embargo las reglas son muy ambiguas y por ende
establecen que cualquier intervención de este tipo se convierta en un riesgo
mayúsculo, sobre todo porque precisamente al no existir una normatividad clara
al respecto, las sanciones aplicables dependen del criterio de los consejeros
del instituto federal electoral, lo que presupone una intervención de su parte
en el desarrollo del proceso, en la eventualidad del posible manejo político
que pudiera provocar.
A pesar de que las empresas concesionarias de la radio
y la televisión han presionado al instituto federal electoral, para que
explique detalladamente que es lo que se puede y que no hacer, en la denominada
veda electoral, la respuesta del árbitro electoral, ha sido como hemos
comentado imprecisa, insuficiente y absolutamente ambigua, irresponsable.
De entrada eso ya provoco que la cámara de la
industria de la radio y la televisión, organismo empresarial que las agrupa,
haya tenido que recurrir a tribunales internacionales para demandar un acuerdo
mas convincente y practico al respecto, aun y cuando por su naturaleza y el
tiempo de por medio, no parece que eso sea una solución, en todo caso la queja
tendría que haberse presentado en el TRIFE, que es la autoridad que en su
momento podría intervenir para modificar dicho acuerdo.
Ahora bien, independientemente de lo que se establece
por ley, esta situación implica no solo la prohibición para candidatos y
partidos para hacer lo que les correspondería en vísperas de un proceso
electoral, se convierte en una ley mordaza, mediante la cual el instituto
electoral pretende instaurarse simultáneamente como árbitro en materia de
libertad de expresión.
Más allá de que esa no es su función y atenta contra
un postulado universal, el instituto electoral parece estar adoptando una
posición que atenta contra un derecho que la sociedad mexicana se gano por sí
misma y cuyo resultado fue el antecedente de la creación del propio IFE.
Si bien es cierto que el instituto no puede ni debe
violar los preceptos legales producto de las reformas constitucionales en la
materia, el acuerdo es por naturaleza incongruente y desafortunadamente invade
terrenos que no son de su jurisdicción, porque la veda electoral, no solo
limita a los partidos políticos, lo hace a la sociedad en su conjunto al tratar
de establecer parámetros en la comunicación.
Una sociedad cuya democracia está en proceso de
maduración no puede permitirse, que sus propias instituciones coarten ni la
libertad de expresión y mucho menos la de comunicación y critica respectiva,
eso es retrogrado y dictatorial.
Absurdo porque define que los candidatos sí pueden dar
entrevistas a los medios de comunicación en tanto éstos, podrán difundir
piezas noticiosas sobre los partidos políticos y coaliciones, pero los
aspirantes no pueden presentarse como tales, promover el voto o hablar de sus
proyectos de gobierno, es decir que dichas entrevistas tendrían que enfocarse a
temas que no están relacionados con la competencia y que evidentemente no
serian de interés.
Para los medios la prohibición supone la difusión de
aspectos que por definición no tienen ninguna característica noticiosa y eso
hace que el planteamiento sea irracional, carente de sentido.
Ahora bien, habrá que anteponer que esta situación la
provocaron los mismos partidos políticos con las reformas constitucionales,
producto de la llamada ley del rencor, en la que de común acuerdo, se auto
impusieron estos candados, influenciados por el calor de los resultados y
consecuencias de la elección presidencial pasada, sin caer en la cuenta y
previsión de que ellos mismos estaban construyendo una muralla que les
impediría a todos poder hacer trabajo proselitista.
A pesar de la opinión de algunos analistas que señalan
que esto le puede beneficiar o perjudicar a algún candidato en particular según
sea el caso, la realidad es que afecta a todos, porque rompe la dinámica de un
proceso que ya se había comenzado, una pausa que no aporta nada y por el
contrario lo que si puede fomentar es el desinterés de la sociedad.
Sin embargo y me permito insistir en ello, mas allá de
los efectos que esto va a causar en los objetivos de los partidos y sus
candidatos, está el fantasma de la intervención del estado, a través del
instituto electoral, que ha perdido su carácter ciudadano para servir a los
intereses de la clase política, para refrenar la voluntad comunitaria a través
de su capacidad de recepción de información y expresión.
La amenaza latente de que las instituciones sientan la
tentación, más que eso ambición, de querer retornar al esquema de el control de
la información, a través de una rectoría institucional, que no es otra cosa más
que una señal de autoritarismo, cuando se supone que ya habíamos brincado esa
barrera.
Es por eso que esta coyuntura no puede quedarse
únicamente en el aspecto electoral, se trata de un antecedente muy grave que
atenta contra esa libertad, que de no frenarse será la simiente de otras formas
subsecuentes para reinstaurar el escenario que durante tantas décadas sumió al
país bajo el control del estado.
Es pues un asunto que como sociedad, sin distingo de
militancia o preferencia partidista debería preocuparnos y ocuparnos, porque si
no somos capaces de detener este intento, seguramente después vendrán otros y
seguramente serán peores, la condena de los partidos políticos ante semejante
prohibición, sin omitir que ellos mismos, como explicábamos, la provocaron, no
puede quedar como una anécdota relativa al proceso electoral, deberá
convertirse en una arenga colectiva para exigir su modificación, en un sentido
en el que para empezar no exista prohibición alguna para la libre expresión y
por supuesto en adición que contenga reglas cuya claridad sea indiscutible.
Aparentemente los afectados son los candidatos, sin
embargo ellos se mueven en otras dimensiones del poder, finalmente seguirán en
ello a través de acuerdos y la repartición eventual del mismo, para mantener
sus privilegios y prebendas, sin importar si eso beneficia o no a la sociedad,
en este caso es el poder ciudadano el que está en peligro, porque sin ninguna
duda una de sus mayores conquistas se representa en la libertad de expresión de
la que hoy gozamos, sin olvidar que hace solo unos cuantos años esta era
inimaginable, esa libertad nos pertenece y bajo ninguna circunstancia podemos
perderla.
guillermovazquez991@msn.com
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